Abascal, entre la moqueta y la pancarta

“Si los españoles son conscientes de la gravedad de la situación y están dispuestos a comprometerse, el Gobierno puede caer por las movilizaciones sociales”. Esta frase la pronunció Santiago Abascal en el verano del 2020 y respondía, más que a un pronóstico, a un propósito. Tras la parálisis total de la economía causada por el confinamiento para hacer frente a la covid-19 se esperaba un aluvión de cierres y despidos en otoño. Abascal activó su moción de censura para que el debate parlamentario coincidiera con la ola de protestas. Pero los ERTE y el anuncio de multimillonarias ayudas europeas amortiguaron el golpe y la explosión social nunca se produjo.

La guerra de Ucrania ha brindado una nueva oportunidad a Vox. La escalada en el precio de la energía que venía produciéndose en los últimos meses se ha desbocado con las dudas sobre el suministro de gas ruso y la espiral inflacionista se ha extendido a casi todos los productos. La solución que propone Vox para arreglar esta situación no es intervenir el precio de la electricidad o subvencionar a quienes no puedan pagarlo, sino la misma que proponía hace año y medio, en plena pandemia: derribar al Gobierno. “¡Hay que echarlos!” es el lema de las concentraciones que, ante todos los Ayuntamientos de España, ha convocado Vox para el día 19. En los carteles, una imagen no particularmente agraciada de los rostros de Pedro Sánchez y algunos de sus ministros. No necesariamente los más relacionados con el asunto, como la vicepresidenta Teresa Ribera, sino los que más animadversión despiertan en Vox, como Irene Montero o Fernando Grande-Marlaska.

“Con la luz, la gasolina y los suministros básicos disparados, la paciencia de los españoles ha llegado a su fin”, argumenta Abascal para convocar las manifestaciones del brazo de Solidaridad, el sindicato dirigido por un empresario y diputado autonómico de su partido. La alternativa de Vox para abaratar la electricidad es la “soberanía energética”; es decir, apostar por la energía nuclear —prolongando la vida de las nucleares más allá de los 40 años— y reabrir las centrales de carbón, a pesar de agravar así el efecto invernadero.

En un momento en que Vox acaba de imponer al PP su entrada en la Junta de Castilla y León, Abascal quiere exhibir músculo y demostrar que, en la calle, el jefe de la oposición es él.

La manifestación del 19 de marzo tendrá, además, un claro sesgo antifeminista. Se celebrará el “día del progenitor prescindible”, como ha rebautizado Disenso —la fundación que preside Abascal— al Día del Padre; y se contrapone expresamente a la “inmoralidad vergonzosa y dramática” que supone, a su juicio, destinar 20.319 millones en los próximos tres años “para políticas feministas”. En realidad, esa cifra, publicitada por el Ministerio de Igualdad el pasado 8 de marzo, no corresponde a ningún nuevo desembolso, sino a la suma de las partidas de los presupuestos que tienen incidencia en la promoción de la mujer.

La movilización del 19-M no será la única en la que esté Abascal. Al día siguiente tiene previsto asistir a la que pretende ser la gran manifestación del mundo rural contra el Gobierno. La marcha fue convocada por asociaciones de cazadores contra la ley de bienestar animal y la reforma del Código Penal que aumenta las penas para quienes maltraten hasta la muerte a un vertebrado, pero a la misma se han sumado numerosas organizaciones agrarias. Los convocantes también quieren sacar al lobo de la lista de especies protegidas o abrir los parques nacionales a la caza. Abascal siempre ha mimado a los cazadores y uno de sus diputados, Ángel López Maraver, fue presidente de la Federación Española de Caza.

La diferencia está en que ahora Vox va a sentarse en un Gobierno autonómico y tendrá presupuesto para atender algunas de esas reivindicaciones. El programa pactado entre PP y Vox para Castilla y León se queda lejos de hacerlo. No prevé ninguna ayuda a familias, empresas o autónomos para compensar el alto precio de la energía. Promete una Ley de Desarrollo y Competitividad Rural, pero no avanza su contenido, y se limita a “instar al Gobierno a recuperar el equilibrio entre la ganadería y la protección del lobo”. Aunque aboga por “reducir significativamente el gasto superfluo”, no eliminarlo, incumple la primera promesa de Vox: reducir a nueve el número de consejerías.