Muere un menor en un centro de internamiento de Valladolid tras ser reducido y esposado

Un adolescente de 14 años murió este jueves por la noche en un centro de menores de Valladolid tras ser reducido y esposado por los guardias de seguridad. Tres monitores que lo acompañaban en el área de socialización del centro de menores Zambrana, gestionado por la Junta de Castilla y León, avisaron a dos miembros del equipo de seguridad para que controlaran al chico, que en ese momento mostraba una conducta violenta. El menor, de nacionalidad tunecina, sufría una afección cardíaca y falleció después de la intervención de los operarios, que, al no lograr contenerlo, lo habían esposado. Según la consejera de Familia, Isabel Blanco, la actuación de los técnicos se produjo conforme a los protocolos. La Policía Nacional y un juzgado de Valladolid investigan las causas de lo ocurrido. El Defensor del Pueblo ha anunciado en la tarde de este viernes que abre también una investigación sobre el suceso y ha reclamado información tanto a la Consejería de Familia como a la Fiscalía General del Estado.

Se trata, tal y como señala el Defensor en su comunicado, del tercer caso de muerte de un menor por sometimiento a contenciones mecánicas en este tipo de centros en los últimos diez años. En 2020, el Defensor del Pueblo formuló una recomendación al Ministerio de Justicia pidiendo que se prohibieran las contenciones mecánicas en los centros de internamiento para menores infractores. La Institución considera que “los conflictos en este tipo de centros deben resolverse mediante técnicas no violentas de desescalada”. Y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia asumió el criterio de la Institución promoviendo la prohibición del uso de contenciones mecánicas en estos centros, ha recordado la institución que actualmente dirige el exdiputado y exministro socialista Ángel Gabilondo.

La consejera Blanco ha recalcado que se aplicaron “medidas de contención física” en presencia del personal educativo, como recoge la normativa, pero que resultaron ineficientes y se optó por medios “mecánicos”, unas esposas. El menor, una vez sometido, perdió la conciencia y no respondió a los estímulos. Tampoco a los intentos de reanimación que se le aplicaron en torno a las diez y cuarto de la noche. La consejería no dio detalles de lo ocurrido en el transcurso de la trifulca ni de los motivos que llevaron al chico a ponerse agresivo.

El muchacho había recalado en España el 29 de noviembre y quedó custodiado por Castilla y León a partir del 1 de diciembre. Primero, se lo destinó a la residencia juvenil vallisoletana José Montero. Pero en el centro mostró conductas agresivas y por eso fue trasladado a otro centro de menores, en Zamora. Allí protagonizó “múltiples conductas disruptivas, con insultos amenazas y agresiones”, siempre según el relato de la consejería, y fue derivado finalmente al centro de menores Zambrana para un periodo de al menos tres meses. En el nuevo lugar de residencia, los episodios violentos siguieron siendo frecuentes. La Fiscalía ha recibido informes sobre varias ocasiones en las que el adolescente tuvo que ser esposado o reducido.

El menor aseguraba que había sido operado recientemente de una dolencia abdominal y que había entrado en territorio nacional en tren desde Suiza. También dijo que su madre reside en su Túnez natal y que su padre, con quien vivió una temporada, se encuentra en Sicilia (Italia). La consejería ha asegurado que ha contactado con su madre y se ha ofrecido para cubrir los gastos de repatriar el cuerpo al país norteafricano o de enterrarlo en Valladolid.

El protocolo

El protocolo del centro Zambrana, al que ha accedido EL PAÍS, recoge que las “medidas de vigilancia y seguridad” las debe ejecutar el personal de “seguridad por indicación del personal educativo”. Además, cita la Ley Orgánica 5/2000 sobre la responsabilidad penal de los menores y el reglamento por el que se permite la “contención física personal, la sujeción mecánica, realización de registros personales y materiales y aislamiento del menor” bajo los siguientes motivos: “En defensa propia, intento de fuga, resistencia física a una orden, riesgo de autolesión, riesgo de lesiones a otros o riesgo de daños graves a la propiedad”. La aplicación de los protocolos “deberá guiarse por la proporcionalidad y excepcionalidad”. El Defensor del Pueblo manifestó en 2019, tras otra muerte en un centro de menores de Almería, el uso de “contenciones mecánicas” y promovió su prohibición.

El incidente del Zambrana se produjo en el área de socialización de este centro de menores. Fuentes del centro explican que las instalaciones se dividen en dos áreas: la de socialización, donde habitaba este menor, y la de reforma, más restrictivos. El primero de estos sectores consiste en “chalés” en los que conviven grupos de jóvenes. Los hechos ocurrieron en una “sala común” de uno de ellos, según portavoces de Familia, que insisten que el operativo se ejecutó de forma acorde a los protocolos.

Investigación policial y judicial

La gerencia autonómica evita ofrecer más detalles esgrimiendo que el caso se encuentra ahora bajo investigación judicial y policial. Asimismo, tampoco aclaran si se dispone de grabaciones de la actuación de los responsables de seguridad. En el Zambrana, como en otros centros de internamiento de menores, hay instaladas varias cámaras: algunas son simplemente de “vigilancia”, que permiten al personal observar qué está pasando y si hay fugas o problemas, pero que no almacenan estos contenidos para su posterior visionado.

La consejera de Familia ha asegurado este viernes que no se produjo “una pelea”, sino que se intervino para aplacar la insubordinación agresiva. Para ello se recurrió a los guardias del centro, subcontratados con la empresa Vasbe, según ha sabido EL PAÍS. Fuentes del Zambrana afirman que es habitual que, cuando un menor actúa con violencia o de forma disruptiva y requiere una intervención física, los guardias inmovilicen a los chicos boca abajo, en lo que se conoce como “posición de decúbito prono”. Esta técnica no es recomendable por los graves riesgos de asfixia que genera en la persona a quien se intenta dominar. El procedimiento recomendable se conoce como “decúbito supino”, que implica retener a los jóvenes mientras permanecen boca arriba y facilita que puedan respirar, más aún en episodios como este, en el que el menor sufría problemas cardíacos y se somete a una situación de fuerte agitación. “Lo normal es que la plantilla sepa si los chavales tienen problemas de salud”, explican estas fuentes, que creen que las intervenciones deben adaptarse o suavizarse cuando se conoce el historial médico de los menores.

Antecedentes

Un precedente de un fallecimiento en un espacio de estas características ocurrió en Almería, en julio de 2019, cuando Iliass Tahiri, un joven conflictivo con 18 años recién cumplidos, falleció asfixiado al ser sometido por cinco personas en una habitación de la zona de especial seguridad de las instalaciones. Los guardias lo ataron de pies y manos y lo pusieron boca abajo en una cama, según revelaron las cámaras. La jueza archivó el caso al tildarlo de “muerte violenta accidental” pese a no haberse usado el protocolo correctamente.

En el caso del centro de menores Zambrana, el pasado mayo tres chicas menores e internas en el centro no regresaron a las instalaciones, al no encontrarse en un régimen de reclusión, y reaparecieron días después en las ruinas de un edificio abandonado de Valladolid. Una de sus amigas, que no pertenecía al Zambrana pero pasó con ellas ese tiempo, denunció en Salamanca una agresión sexual. En el mismo centro, en 2010, un menor 17 años y con antecedentes de autolesiones fue hallado en su habitación ahorcado.