Y Cartagena ardió mientras España estaba de fiesta: 30 años del incendio de la Asamblea de Murcia

La imagen que España proyectaba al mundo en 1992 era de celebración: se conmemoraba el quinto centenario del descubrimiento de América, Barcelona era sede de los Juegos Olímpicos y Sevilla, de la Exposición Universal. La Región de Murcia, en cambio, arrancó ese año de fiestas envuelta en una profunda crisis económica y social, especialmente en la comarca de Cartagena, donde las manifestaciones y la tensión acabaron desembocando en la quema de su Parlamento regional, el 3 de febrero de aquel año. El 30º aniversario de aquel suceso ha coincidido con otro episodio de protestas que acabó con el asalto al Ayuntamiento de Lorca, cuando un grupo de ganaderos entraron por la fuerza y obligaron a suspender un pleno para limitar la construcción de nuevas granjas porcinas.

Ambos casos, no obstante, “tienen más diferencias que similitudes”, explica a EL PAÍS José Ibarra, autor del libro Cartagena en llamas, en el que analiza el contexto de la quema de la Asamblea Regional. En 1992, apunta, miles de personas en Cartagena veían peligrar sus empleos por la reconversión industrial. “En Lorca, hablamos de un problema de un solo sector y actuación espoleada políticamente, algo que no sucedió hace 30 años”, explica.

Ibarra vivió esa crisis como trabajador del astillero Bazán, actual Navantia, que tenía unos 3.500 trabajadores expuestos al despido por falta de carga de trabajo. La sombra del cierre se extendía sobre otras dos grandes empresas de la zona: la fundición de plomo Peñarroya, con unos 350 empleados, que ya había cerrado sus negocios de minería en el municipio cercano de La Unión, y las tres fábricas de fertilizantes de Ercros, que empleaban a unas 800 personas. En aquel año, apunta Ibarra, se perdieron unos 5.000 empleos directos y otros 15.000 indirectos en una ciudad con una población de 175.000 habitantes. “Mientras España estaba de fiesta, Cartagena explotó y ardió”, resume.

Una huelga general en diciembre de 1991 dio paso a una cadena de manifestaciones y protestas casi diarias: 127 en 180 días según los cálculos de Ibarra. La del 3 de febrero iba a ser una más, ni siquiera especialmente multitudinaria: un puñado de trabajadores de Peñarroya, explica Antonio Miñarro, uno de los delegados sindicales de la fundición en esos años, querían reunirse con el presidente de la comunidad autónoma, el socialista Carlos Collado, que comparecía en el pleno de la Cámara. No era la primera vez que se manifestaban en el paseo de Alfonso XIII, donde se levanta el edificio modernista de la Asamblea, pero aquel día encontraron “un cordón policial como nunca antes lo habíamos visto, y la cosa se puso muy tensa, la policía se negó a dejarnos pasar, y en seguida empezaron a cargar”, cuenta a EL PAÍS.

Paco Segura, representante sindical de Ercros sitúa el detonante de la “batalla campal” en el golpe que, según cuenta, un agente propinó al entonces delegado comarcal de Comisiones Obreras en Cartagena, José Luis Romero. “Le rompió el labio con la porra, y ordenó una descarga de pelotas de goma. Ahí empezó todo”, rememora. Antonio Sáez, presidente del comité de empresa de Bazán, pidió refuerzos: “Pasamos de unos 200 manifestantes a más de 3.000″, apunta. Lo que recuerda “con más orgullo” de esa época es la unión de los trabajadores en las protestas y “la comunión de la sociedad con los trabajadores, todo el mundo se volcó”.

Clip de 'El año del descubrimiento' (2020)

Romero se ríe al evocar aquel golpe que hizo girar los acontecimientos. “La sociedad se volcó, porque los cierres de aquellas empresas abocaban al paro a miles de familias y todo se vivía con mucha desesperanza, porque no había alternativas”, asegura. Hoy, la industria sigue siendo un pilar en la economía de Cartagena, pero se han unido otros sectores, como el turismo o la agricultura, en 1992 “nada de eso existía” y “los políticos no ofrecían alternativas” apunta. Los gobernantes, coinciden los antiguos dirigentes sindicales, “no supieron estar a la altura”.

Y así lo reconoce también la socialista María Antonia Martínez, que en abril de 1993 asumió la presidencia de la Región. Aquel 3 de febrero era la vicepresidenta de la Cámara y estaba dentro cuando el cóctel molotov arrasó la sala de conferencias. “El clima en Cartagena era malísimo, la crisis estaba afectando de una manera tremenda. No supimos hacerlo, esa es la verdad. No vimos la dimensión de lo que se nos venía encima. Aquella crisis no era baladí, muchas empresas se fueron a pique. Fue un fracaso colectivo”, explica.

La quema de la Asamblea, considera Martínez, fue la “manifestación extrema de una situación muy grave”. Pero rechaza el halo de romanticismo que ha adquirido con los años: “No se puede celebrar ni justificar atacar el sitio donde reside la voluntad popular”. La expresidenta guarda todavía un grueso tornillo que atravesó la ventana de su despacho en una de las protestas.

El jefe de prensa y protocolo de la Cámara, Enrique Arnaldos, estaba en el Parlamento cuando se produjo el incendio. Asegura que la policía actuó “con profesionalidad” en un clima de altísima tensión. “Los manifestantes les gritaban auténticos disparates, pero los agentes no respondían a pesar de que llevaban horas soportando una tensión bestial. Actuaron solo cuando ya estaba ardiendo la sala de conferencias”, asegura.

En aquel momento de tensión, recuerda Santiago Andreo, uno de los ujieres, alguien dijo que había gente dentro de la sala. Él tenía 27 años y era un recién llegado. Accedió a la sala sorteando el humo, “que era muy negro, y por la dirección del viento, entraba hacia el resto del edificio”. Comprobó que estaba vacía y abrió el ventanal de la cúpula acristalada que cubre el Patio de los Ayuntamientos para que hiciera “efecto de chimenea”. “Me preocupé por la Asamblea como si fuera mi casa. En aquel momento no sentí ni miedo. Cuando salí a la calle y por la noche, sentí pena, porque todo parecía una zona de guerra, con escaparates rotos, coches ardiendo, todo devastado”. Es el mismo recuerdo de Pepe Campillo, que gestiona el servicio de cafetería del Parlamento autonómico. En 1992 ya trabajaba allí junto a su padre y fueron los últimos en salir del edificio. “Había humo por toda la calle, olía a pólvora. Todo estaba destrozado”.

El incendio lo apagaron los bomberos y los tres trabajadores de la casa se ríen al contar que nadie vio aquel día la enorme manguera anti-incendios colgada justo en la puerta de la sala que ardió. Allí estaba aquel 3 febrero de 1992 y allí sigue, 30 años después. “No la usamos entonces, espero que no sea necesario volver a usarla nunca”, concluye Arnaldos.