Ayuso se arriesga a la expulsión si su expediente llega a sanción muy grave

Expulsión de Isabel Díaz Ayuso y lo que esa decisión pueda conllevar; congreso extraordinario y convocado con urgencia para resolver la pugna por el liderazgo del partido o inesperada marcha atrás de todas las graves acusaciones mutuas vertidas en las últimas horas. Estas son las tres opciones que contemplan la mayoría de los dirigentes del PP para dirimir su crisis, una de las más dramáticas que se ha registrado jamás en la derecha española en esta etapa democrática.

La actual dirección nacional del PP comunicó el jueves, tras una inédita jornada en la que los dos bandos en disputa expusieron sus acusaciones y gravísimas diferencias en público, que se había abierto un expediente informativo sobre el caso de la posible comisión ilegal cobrada por el hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso. El expediente no es aún disciplinario ni en concreto sobre ella. Ese proceso, por ahora solo para recabar información, no tiene plazos y podría demorarse semanas y meses, algo que nadie en el PP recomienda porque supondría un desangrado en canal que solo alargaría esta agonía.

Los expedientes informativos no tienen que acabar en una expulsión, pero esa es una de las tres opciones que se contemplan en el reglamento del PP para las sanciones muy graves.

La cúpula del PP ni siquiera ha nominado al instructor que debe iniciar, desarrollar y resolver ese expediente informativo del caso Ayuso y que no es automáticamente la presidenta del Comité de Derechos y Garantías, Andrea Levy, del equipo de Casado. Cuando el instructor esté designado será el encargado de pedir información. El líder del PP, Pablo Casado, y su secretario general, Teodoro García Egea, han denunciado públicamente en estos días que es lo que se le requirió en privado en septiembre y octubre pasado en sendas citas en la sede del PP a la propia Ayuso, sin ningún éxito.

Dos consejeros de la Comunidad dependientes de Ayuso, el de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y el de Hacienda Javier Fernández Lasquetty, comparecieron en la mañana de este viernes en la sede de ese Ejecutivo regional para asegurar que todos los pasos y procesos para adjudicar el contrato directo de 1,5 millones a la empresa para la que Tomás Díaz Ayuso hizo de comercial en una operación de compra de mascarillas cumplieron los controles, filtros y auditorías internos y externos. Y facilitaron algunos datos al respecto. No quisieron aclarar, pese a que se les preguntó reiteradamente al respecto, si habían entregado esa información a Casado y su equipo.

Pero a esa misma hora, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ya estaba enviando esa documentación precisamente a Levy para intentar que Génova 13 reconsiderase su actitud, cerrase el expediente y volviera al punto previo a este conflicto: que convoque el congreso del PP de Madrid y permita que Ayuso se presente. Génova no ofreció ninguna versión o parecer sobre si esa actuación varía y modifica algo el enfrentamiento.

En los estatutos vigentes del PP, en el artículo 16, se detallan 24 acciones o comportamientos que podrían ser considerados susceptibles de sanciones muy graves. Una de ellas alude a cometer actos de “deslealtad al partido, a sus órganos de Gobierno y representación” y contra su interés general. Habría otras que considerar, como “incurrir en formas de corrupción desde cargo público” o desobedecer “las instrucciones o directrices” que emanen de su dirección.

Las infracciones muy graves pueden corresponder a tres tipos de sanciones: suspender la afiliación por entre cuatro y seis meses; inhabilitación de cargos en el partido o institucionales por ese periodo o, finalmente, expulsión. Nadie en el PP se atreve aún, oficialmente, a aventurar cómo puede acabar esta disputa. La cúpula popular aún estuvo este viernes durante toda la jornada estudiando las declaraciones de Ayuso y sus posibles implicaciones antes de arrancar el proceso interno. Casado, en una entrevista en la Cope, hasta instó a la presidenta madrileña a acudir a su despacho para hablar sobre la situación, que es una recomendación que la mañana de este viernes lanzó desde Galicia el barón Alberto Núñez Feijóo y que suscriben una inmensa mayoría de los cargos y dirigentes del PP consultados.

Feijóo y otros veteranos dirigentes del PP también aludieron a la opción de resolver esta crisis “de forma rápida, en días mejor que semanas”. Esa alternativa apunta a la posibilidad de convocar un congreso extraordinario que anticipe el previsto de manera ordinaria para julio después de cuatro años de celebrado el anterior, el que encumbró a Casado tras unas primarias. Los estatutos requieren en ese caso, para supuestos de excepcional urgencia, que se convoquen con 30 días y tras un debate de una Junta Directiva Nacional, que debería adoptar ese acuerdo por una mayoría de dos tercios de sus componentes. Ese máximo órgano entre congresos lo componen unas 300 personas, en su gran mayoría próximas a la actual dirección.