La justicia revisa la absolución de un mando de la ‘policía patriótica’ por el ‘caso pendrive’ de los Pujol

El comisario Eugenio Pino, presunto muñidor de la llamada policía patriótica —el grupo de agentes que actuó contra los rivales políticos del PP en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior— se ha sentado este viernes de nuevo en el banquillo. Lo ha hecho en el del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se ha celebrado la vista del recurso de apelación que Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, presentó contra la sentencia que, en julio de 2020, absolvió a este mando policial y a uno de sus subordinados en el llamado caso pendrive, en el que se investigó el intento de introducir documentación de origen ilícito en el sumario de la Audiencia Nacional en el que se investigaba el presunto enriquecimiento ilegal del clan Pujol. Los miembros de la familia del expresident, a la espera de que se celebre el juicio contra ellos, tratan de utilizar a su favor las trampas de la policía patriótica al considerar que la investigación por la que van a ser juzgados arrancó “al margen de toda legalidad procesal”.

El fallo ahora recurrido consideró que el alto mando, que en aquel momento era el máximo jefe policial por su condición de director adjunto operativo (DAO), no cometió ningún delito por facilitar el pendrive —dispositivo de almacenamiento informático— con documentación de origen desconocido sobre Jordi Pujol Ferrusola a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía, que entonces tenía abierta una investigación sobre la familia del expresidente de la Generalitat. El tribunal concluyó que la actuación de Pino estuvo amparada por el deber de perseguir delito. No obstante, sí reprochó al comisario su conducta, al creer que “puso en serio riesgo” la investigación de la Audiencia Nacional, ya que el entonces juez instructor, José de la Mata, tuvo que excluir la información contenida en aquella memoria informática para evitar que contaminase la causa y, con ello, provocase la nulidad de toda la investigación.

Durante la vista de este viernes, Pino —jubilado desde 2016 e imputado por la Operación Kitchen de espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas— se ha vuelto a desmarcar, como en el juicio, del origen del pendrive y ha reducido su actuación a su entrega a los agentes que investigaban a los Pujol tras recibirlo de otro mando policial. El comisario ha negado que, con ello, tuviera “ninguna intención de perjudicar” a la familia del expresidente de la Generalitat. Jordi Pujol Ferrusola, que ejerce la acusación particular, ha reclamado que se condene a Pino por un delito de revelación de secreto, castigado con hasta dos años de cárcel. Su abogado ha insistido en que en esta causa “no se juzga a la policía patriótica” sino “una suerte de barra libre” que, en su opinión, tuvo la policía al investigar a su cliente para obtener todo tipo de información contra él.

Tanto la Fiscalía —que ya en el juicio de 2020 pidió la absolución del mando policial y del otro agente— como la defensa han pedido al tribunal que rechace el recurso. El Ministerio Público ha defendido que el hecho de que la información del pendrive bajo sospecha tuviera como destinatario un procedimiento judicial “garantizaba que no era accesible” a personas ajenas al mismo y que, por tanto, no se vio afectada la intimidad del primogénito de los Pujol. El abogado defensor de Pino ha ensalzado la actuación de este al considerar que, cuando entregó aquel dispositivo a la UDEF, cumplió con su obligación. “Qué otra conducta se le puede exigir a un mando policial que cuando le llega elementos de prueba lo traslada a la autoridad judicial”, se ha manifestado.