ERC quiere reabrir el decreto de la reforma laboral en el Congreso

El tiempo se va agotando, y los votos para garantizar la aprobación de la reforma laboral el jueves no llegan. El plan a, el de sacar adelante esta reforma clave con la mayoría de la investidura, como sucedió con los Presupuestos y todas las leyes importantes, no termina de cuajar a dos días de la votación. Tanto ERC como el PNV, desde posiciones diferentes pero con una estrategia de resistencia similar, están complicando mucho esa posibilidad, que es la que defiende con más claridad Unidas Podemos. Los socialistas, por el contrario, parecen convencidos de que es mejor optar por el plan b, esto es, sacar la reforma con Ciudadanos y un conjunto de grupos pequeños que van desde Más País y Compromís, a la izquierda, al PDeCAT y UPN, a la derecha del PSOE.

Ninguno de estos últimos grupos garantiza en este momento la aprobación. El PDeCAT tomará la decisión el miércoles, aunque en La Moncloa confían en que optará por el sí con sus decisivos cuatro votos. UPN, que tiene presiones tanto de la patronal como de los sindicatos navarros para que apueste por el sí, también tiene abiertas todas las opciones hasta el miércoles. En el PSOE están convencidos de que por esta vía los números salen, pero nadie tiene garantías y el acuerdo interno en la coalición pasa por intentar el plan a con ERC y PNV hasta el final.

Las negociaciones e intercambios de papeles con estos dos grupos del Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, se han multiplicado durante todo el fin de semana, pero de momento ambos insisten en que están en el “no” porque el Gobierno no les ofrece lo que ellos quieren. ERC ha pedido abiertamente reabrir la reforma en el Congreso, mediante una tramitación como proyecto de ley, para poder incorporar ahí medidas más ambiciosas. El PNV también planteaba la posibilidad de hacer una tramitación controlada simplemente para añadir algunas enmiendas pactadas de antemano, en especial la que más les interesa, el blindaje de los convenios autonómicos. Pero el Gobierno no tiene ninguna intención de reabrir la norma y tramitarla como proyecto de ley en el Congreso. De hecho, en la Cámara baja hay dos votaciones: primero la convalidación del decreto y después su tramitación como proyecto de ley. Y el Ejecutivo necesita una mayoría para las dos, o tendría el riesgo de que la patronal se baje del acuerdo.

El equipo de la vicepresidenta Díaz mantiene abierta la negociación y sigue intentándolo. Llegados a este punto, no basta con el PNV, porque su entrada podría expulsar a Ciudadanos, que ha insistido en que la apoyará si se mantiene la primacía del convenio estatal. El PNV, además, no quiere abstenerse. Así que todo pasa por convencer también a ERC o activar el complejo e inseguro plan b.