El Supremo cierra la causa contra la exalcaldesa de La Muela con una condena de 11 años de cárcel

El periplo judicial por el llamado caso Molinos de María Victoria Pinilla, exalcaldesa de La Muela (Zaragoza), ha llegado a su fin tras más de 12 años en los tribunales. La Sala II del Tribunal Supremo hizo pública este jueves la sentencia por la que condena a la exregidora a 11 años y 4 meses de prisión, y a una multa de más de 6,5 millones de euros por irregularidades en varias operaciones urbanísticas y adjudicaciones en su municipio entre finales de los años 90 y el día de su arresto, en marzo de 2009. La sentencia rebaja así la pena de 16 años que, en junio de 2019, le había impuesto la Audiencia Provincial de Zaragoza y cierra la causa después de que un año antes, en mayo de 2018, el Supremo hubiera ordenado repetir el primer juicio, celebrado en 2016.

En su fallo, el alto tribunal alerta del daño que la corrupción urbanística causa a la democracia: “Es indiscutible que el sistema democrático se resiente cuando quienes alcanzan cargos públicos, por elección o por nombramiento, emplean para el lucro personal, de la clase que sea, las potestades y poderes que se les confieren para la satisfacción del interés general”. Por ello, la sentencia incide en que los delitos relacionados con la corrupción “han de ser considerados delitos graves” y, por tanto, en su investigación está justificado que se adopten medidas que restringen derechos como el del secreto de las comunicaciones. Este pronunciamiento de los magistrados es la respuesta al recurso de la exalcaldesa de La Muela, que consideraba que cuando se le intervino el teléfono, un año antes de su arresto, la policía y el juez carecían “de indicios suficientes de delito”.

Pinilla había llegado en 1987 a la alcaldía de La Muela —un municipio de 5.500 habitantes de los más ricos de España gracias a la energía eólica— en las listas del CDS, el partido fundado por Adolfo Suárez tras la disolución de la UCD, y se mantuvo, ya como candidata del Partido Aragonés (PAR), hasta 2011. Durante su mandato, levantó tres museos, un auditorio, un complejo deportivo y una plaza de toros, además de ofrecer viajes baratos al Caribe a más de 400 vecinos del pueblo. Sin embargo, ese castillo de naipes se derrumbó cuando fue detenida junto a otra veintena de personas, entre ellas su marido. La investigación reveló que las irregularidades urbanísticas cometidas habían dejado en el Ayuntamiento un agujero de 25 millones de euros y una deuda tributaria de 8,5 millones.

En un primer juicio, celebrado en 2016, Pinilla fue condenada a 17 años de prisión y al pago de multas por 9,9 millones de euros por delitos fiscales, de malversación, cohecho, blanqueo, tráfico de influencias, fraude de subvenciones, exacciones ilegales, y prevaricación. Sin embargo, el Supremo anuló el falló y ordenó repetir el juicio al considerar que el tribunal había conculcado el derecho de la exregidora a una defensa efectiva al no aceptar, de forma injustificada, la renuncia de su abogado al inicio de la vista y obligarle a seguir con él. El segundo juicio se celebró en 2019. En él, la exalcaldesa fue condenada a 16 años y 1 mes.

El Supremo se ha pronunciado ahora sobre este último fallo y, si bien, mantiene básicamente las conclusiones del mismo, reduce en cuatro años y nueve meses la pena al absolver a la política de los delitos de tráfico de influencias y fraude de subvenciones, y del de fraude a la Administración en una de las operaciones de la causa. El alto tribunal mantiene la condena por responsabilidad civil, que incluyen el pago al Ayuntamiento de La Muela de más de 1,5 millones de euros, y a la Hacienda Pública, de casi medio millón de euros.

En el mismo fallo, el Supremo confirma la condena de ocho años de inhabilitación al exconcejal Fernando Miguel Barba y reduce la pena a Antonio Fando, representante de la empresa a la que el consistorio adjudicó el servicio de abastecimiento de aguas en 2007. Además, absuelve de un delito continuado de fraude a los constructores Julián de Miguel Ortega y Juan Ignacio Unsain Azpiroz, y de otro contra la Hacienda Pública a David de Miguel Santander, copropietario de una inmobiliaria.