El Gobierno rechaza tocar la reforma laboral como exigen ERC y EH Bildu

La reforma laboral, uno de los grandes compromisos del Gobierno y motivo de fricción habitual entre el PSOE y Unidas Podemos en estos dos años de legislatura, le ha abierto un frente inesperado a Pedro Sánchez. Y de muy difícil solución si se perpetúan las posiciones enrocadas de los últimos días. La aprobación este martes de la reforma mediante decreto ley, después de que el Ejecutivo lograse una cuadratura del círculo que satisface tanto a la patronal como a los sindicatos tras nueve meses de arduas negociaciones, corre el riesgo de encallar en el Congreso de los Diputados. Pero no por la oposición ya anunciada del PP y Vox, sino por fuego amigo.

ERC, PNV y EH Bildu, tres de los socios principales del Gobierno —suman 24 diputados que suelen ser determinantes para la coalición del PSOE y Unidas Podemos, que se queda a 21 escaños de la mayoría absoluta—, consideran que la reforma se queda corta y se niegan a aceptar sin más la redacción acordada por el Ejecutivo y los agentes sociales. Eso es justo lo que les pide el Gobierno, que no parece dispuesto a atender sus demandas. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue muy tajante: la “vocación” es que la reforma laboral “permanezca como está”, porque “cada coma, cada verbo” del texto ya cerrado está “negociado y medido” tras un proceso de meses. Es decir, la intención del Ejecutivo es que la reforma no se tramite como proyecto de ley (lo que daría lugar a enmiendas de los grupos políticos) a finales de enero, cuando se tiene que votar su convalidación en el Parlamento. Un escenario que ahora mismo no contemplan los aliados gubernamentales.

“Han empezado la casa por el tejado, han dedicado muchas horas a interpelar y negociar con la patronal y cero horas a negociar con Esquerra”, reprochó Gabriel Rufián. El portavoz de ERC en el Congreso llegó a acusar al Gobierno de “vender humo”, unas palabras que sentaron muy mal en el Ministerio de Trabajo y a la propia ministra Díaz, que mostró su sorpresa durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Igual que las acusaciones de que no había tenido en cuenta a sus aliados. “Ha habido diálogo social durante nueve meses y ha habido diálogo político”, aseguró Díaz. “Desde el 17 de marzo todas las fuerzas que apoyan al Gobierno, hasta quienes tienen un diputado, han sido informadas, y con ellas hemos negociado. Y lo seguiremos haciendo. No fue una negociación en una mesa ajena a puerta cerrada. Este Gobierno dialoga con todo el mundo y con especial cariño con las fuerzas que le dan su apoyo”, insistió. Rufián replicó que no ha existido esa negociación.

“Esta norma ha costado muchísimo, está pensada y discutida horas y horas. Cada precepto está, con sus comas, verbos y subordinadas, pactado, medido, repensado… Deberíamos respetarlo”, abundó la ministra de Trabajo poco después de que Lorenzo Amor, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), advirtiese del rechazo de la patronal a que se toque “una sola coma” del texto que regulará los empleos de millones de españoles.

“Lo más fácil habría sido que el acuerdo hubiera sido bipartito”, resaltó la dirigente de Unidas Podemos, destacando de esta forma la trascendencia del respaldo de la CEOE. En particular de su presidente, Antonio Garamendi. “Este es un proyecto de país, esa es su grandeza”, añadió.

La Moncloa otorga muchísimo valor al apoyo de la patronal, que corrige la reforma de Rajoy en 2012 pese a las presiones del PP y el rechazo de parte del mundo empresarial. Díaz, además, ha dedicado todo su empeño personal a que las conversaciones tuvieran éxito. Incluso se enfrentó a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, por no perder el control en el tramo final, y decisivo, de las negociaciones. La reforma laboral sería una gran carta de presentación, por la capacidad de gestión y de acuerdos transversales, para la plataforma de izquierdas con la que Díaz confía en aglutinar al espacio de Unidas Podemos en las elecciones generales.

Pero todos esos argumentos no convencen a los socios del Gobierno. EH Bildu discrepó de Díaz de que la reforma laboral sea el primer acuerdo en más de 40 años “que cambia la tendencia de recorte de derechos y de devaluación salarial”. “Si queda tal y como está redactada en estos momentos, no contará con nuestro apoyo. No es una derogación de la reforma laboral, ni siquiera parcial, y tienen que cambiar muchas cosas para que realmente sirva en defensa de los trabajadores y trabajadoras”, zanjó Mertxe Aizpurua, portavoz de la izquierda abertzale en el Congreso. “Esta reforma no es histórica, pero puede serlo porque puede poner fin al recorte de tantos años. Esperamos que en la tramitación parlamentaria el Gobierno tenga una actitud constructiva, le parezca bien o mal a la patronal”, abundó posteriormente durante el pleno de Presupuestos.

El Gobierno está seguro de que reconducirá la crisis con sus socios mediante el apoyo y reconocimiento de los sindicatos, por ejemplo, a la recuperación de la ultraactividad indefinida —con la reforma del PP, un convenio caducado se mantenía vigente solo durante un año, mientras se negociaba su renovación— o la prevalencia de los acuerdos sectoriales sobre los de empresa.

La agravante que más inquieta al Ejecutivo es el fuego cruzado de sus aliados parlamentarios y la patronal. Las fuentes consultadas destacan su apoyo a la reforma laboral de un Ejecutivo de izquierdas, y con una ministra comunista de Trabajo, pese al malestar del PP, al que los empresarios tradicionalmente se han sentido más próximos.

Una razón más por la que Sánchez quiere salvaguardar la buena sintonía con Garamendi, que ya en verano se desmarcó del PP con su respaldo a los indultos a los dirigentes del procés en prisión. Por eso mismo el Gobierno se ha tomado muy en serio su negativa a que se cambie la reforma laboral. “Lo pactado no se toca. El Parlamento tiene legitimidad de aprobar o no, pero entonces no será nuestro acuerdo, será otra cosa”, subrayó Garamendi el lunes en RNE. El presidente de la CEOE también fue tajante en el rechazo a la prevalencia de los convenios autonómicos que reclaman partidos como el PNV. “Rompería la unidad de mercado. Si esto entrara, nosotros nos salimos del pacto”, sentenció. El Gobierno tiene un mes para solventar una situación endiablada. Otra más.