El PP y Ciudadanos en Castilla y León: una coalición de conveniencia condenada al divorcio
El pacto entre Mañueco e Igea, impuesto por Albert Rivera en 2019, mostró sus grietas desde el principio
La bomba ha estallado antes de Navidad pero la mecha llevaba meses encendida. Las hostilidades entre PP y Ciudadanos, socios de Gobierno en Castilla y León desde 2019, vivieron ya el pasado septiembre un punto culminante con la sorpresiva negativa popular a respaldar el plan sanitario de sus compañeros de Ejecutivo. La relación entre el presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el vicepresidente, Francisco Igea (Cs), se agrietó tanto que hasta colaboradores de este ironizaban entonces con que confiaban al menos en tener “tiempo para recoger el despacho”. La zozobra amainó pero el mar de fondo siguió bravo hasta que, tres meses después, se confirmó este lunes el divorcio del autoproclamado “matrimonio de conveniencia” (en expresión de Igea). El fracaso de la primera coalición en los últimos 30 años de historia de la comunidad.
Todo comenzó tras las elecciones de 2019, cuando en campaña Igea coqueteó con el PSOE, a la postre ganador de los comicios, pero acabó siendo empujado por el líder de su partido, Albert Rivera, a los brazos abiertos de Mañueco. Este había cosechado los peores resultados de la historia del PP, pero pudo gobernar a cambio de ceder a Cs alcaldías como la de Palencia o presidencias de Diputaciones. La andadura comenzó vacilante pero se afianzó, con Igea como rostro visible y portavoz mientras Mañueco mantenía un perfil más discreto.
La pandemia trajo los primeros desafíos. Al principio, con Castilla y León como una de las comunidades más castigadas por la covid, los socios mostraron unidad. El protocolo aplicado en las residencias de mayores, que implicaba no llevar a los ancianos a los hospitales, fue defendido por la coalición, que rechazó las investigaciones propuestas por la oposición. Pero esta sintonía no logró superar el enorme número de casos y fallecimientos que se vivieron el invierno pasado.
Entonces llegaron las restricciones más severas, impulsadas por la médica Verónica Casado, consejera de Sanidad y afín a Igea, pero sin tanto apoyo en otros sectores de la Junta. Castilla y León impuso medidas rotundas, como un toque de queda a las ocho de la tarde y cierres de la hostelería, que generaron protestas sociales y división en la coalición. El revés del Tribunal Supremo al toque de queda reforzó a quienes criticaban en el PP las intervenciones de Ciudadanos. La estrategia comunicativa dejaba, además, en mal lugar al portavoz: él anunció las restricciones duras, y Mañueco compareció luego para relajarlas cuando la situación se alivió.
El terremoto de marzo fue un punto de inflexión. La moción de censura del PSOE contra Mañueco acabó fracasando, pero la coalición se tambaleó cuando el 19 de marzo, tres días antes de votarse el posible cambio de Gobierno, la procuradora de Ciudadanos María Montero abandonó el partido y pasó a ser no adscrita. Su voto y otros tres bastaban para tumbar a PP y Cs. Dos procuradoras estuvieron cerca de imitarla, explican fuentes conocedoras de aquel proceso, pero finalmente recularon “de un día para otro”, con Igea presionando para que no se aliaran con el PSOE. El temido diluvio de fugas se convirtió en solo un chaparrón, pero con resultado: el Ejecutivo se quedaba en minoría y debía abrirse a los partidos minoritarios.
Tras el verano, el PP se unió inesperadamente al PSOE contra el plan sanitario de la consejera Casado en el medio rural, criticado por muchos alcaldes del PP porque implicaba quitar el médico de localidades pequeñas. El divorcio sobrevoló las Cortes pero Igea acabó claudicando, diciendo que, como en el suyo personal, en cualquier matrimonio hay “dificultades”. La ley no prosperó, se rondó la ruptura de la coalición y se volvió a una falsa normalidad con una relación deteriorada, según fuentes de ambos partidos. Hasta el pasado lunes, cuando todo saltó por los aires.
El argumento esgrimido por Mañueco para romper con Cs —un presunto pacto “por la espalda” de Ciudadanos con el PSOE y el partido local Por Ávila— ha sido duramente censurado por Igea, que este martes publicó en Twitter una conversación privada mantenida el pasado jueves con el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo (PP). En ella, Igea le explicaba que había hablado con Jesús Manuel Sánchez, alcalde abulense por el partido localista, y que este estaba “razonablemente dispuesto a ceder”. Carriedo respondía: “Es un paso adelante”, aunque jamás llegó el avance. Esa conversación probaría supuestamente que el PP sabía que Cs estaba intentando convencer a Por Ávila para que apoyara los Presupuestos. Sánchez ha imitado más tarde a Igea y ha mostrado una imagen de una llamada telefónica con el consejero el pasado sábado, en la que le informaba de “la voluntad de Por Ávila de seguir negociando a partir de nuestras enmiendas y en la búsqueda de un acuerdo”. Solo 38 horas después de ese diálogo el presidente rompió el Gobierno, algo que para Igea, en conversación con EL PAÍS, es “obsceno” y una “difamación”, y añade: “Toda la comunidad lo ha visto”.
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