El Gobierno llama a la Generalitat y ofrece colaboración para que no se produzca ningún acoso en la escuela en Cataluña

El acoso sufrido por una familia catalana que exigió al colegio donde estudia su hijo —el centro Turó del Drac, en la localidad barcelonesa de Canet de Mar— un 25% de clases en castellano se ha convertido en uno de los epicentros de la tensión política. La oposición acusa al Gobierno de inacción y llevarán el asunto al pleno del Congreso la próxima semana. PP y Ciudadanos exigirán al presidente del Gobierno explicaciones ante “el clamoroso silencio”, según el vicesecretario de Comunicación de los populares, Pablo Montesinos, que Pedro Sánchez mantiene respecto a la situación del menor de cinco años, que está recibiendo amenazas en las redes sociales. El Ejecutivo ha movido pieza, y la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha llamado al consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, para interesarse por este caso de acoso a un menor. Alegría, según la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, “se ha puesto en contacto [con la Generalitat] para ofrecer toda la colaboración para que no se produzca ningún tipo de acoso en la escuela, un lugar que debe ser un ejemplo de convivencia”.

La llamada en sí es un gesto político que indica el nivel que ha alcanzado la polémica y de alguna manera un toque de atención al propio consejero, que se presentó en la escuela para defender a los padres que no quieren más clases en castellano, aunque también rechazó el acoso. “Las escuelas son espacios neutros donde educamos a niños y jóvenes. Condenamos cualquier tipo de amenaza y violencia”, sentenció. Rodríguez ha dejado claro también que el Ejecutivo “rechaza cualquier tipo de situación de acoso en los centros escolares”, pero, a diferencia del consejero, que critica con dureza la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano en esa escuela, el Gobierno señala que hay que cumplirla. La propia llamada de Alegría es una prueba de que el Ejecutivo ha decidido tomar cartas en el asunto y lanzar el mensaje de que no puede haber ningún tipo de acoso y la sentencia tendrá que ejecutarse en cuanto se comunique y sea efectiva. La única duda es si se hará ya para este curso o para el próximo.

En cualquier caso, Rodríguez ha criticado al PP por valerse políticamente de esta situación de tensión. “El Partido Popular utiliza cualquier asunto para hacer oposición al Gobierno. Les pediría que no utilicen la riqueza lingüística de nuestro país para enfrentarnos”, ha dicho Rodríguez.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado también este viernes una providencia que ordena al consejero de Educación y a la directora de la escuela a que “adopten las medidas necesarias para preservar la protección y la identidad del menor”.

Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP, ha invitado a Pedro Sánchez a aplicar el artículo 155 de la Constitución en “materia de educación en Cataluña”. “Hoy en Cataluña no hay libertad porque quienes reclaman libertad para que sus hijos estudien en castellano son señalados”, ha dicho Montesinos en declaraciones a los medios, y ha reprochado al presidente del Gobierno ser “rehén de sus socios radicales e independentistas”. En los mismos términos se ha pronunciado la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, en una comparecencia en el Senado este viernes: “Los tribunales están teniendo que ampararle [al menor] ante el desamparo del Gobierno de España”.

El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha anunciado también este viernes que su partido se querellará contra Gonzàlez-Cambray si en la comunidad no se cumple la sentencia del TSJC que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano en las escuelas. “La familia ha hecho lo que tenía que hacer, que era suscitar la cuestión del castellano ante los tribunales”, ha dicho Carrizosa en rueda de prensa, donde además se ha referido a la manifestación en apoyo de la familia prevista para las 16.30 de este viernes. “[La familia] ha pedido, a través de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (quienes le han asesorado), que los partidos constitucionalistas no respondiéramos a la manifestación de hoy [por este viernes]”, informa Camilo S. Baquero.

Ciudadanos registró también este jueves una queja ante el Defensor del Pueblo en Madrid para pedir “que se obligue a las administraciones públicas a permitir el ejercicio de dichos derechos [los relativos a la enseñanza en castellano] y se censuren las prácticas antidemocráticas y de odio y señalamiento”. La justicia asestó el 23 de noviembre un duro golpe al sistema de inmersión lingüística en Cataluña al quedar firme la sentencia que obliga a los centros a impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano. Una sentencia en la que se ha basado la familia para pedir que su hijo pueda tener las clases con ese porcentaje de castellano.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también se ha referido a la polémica. El dirigente socialista ha lamentado que en Cataluña haya “dos o tres xenófobos” que utilicen el idioma como “arma arrojadiza”. “Me gustaría que en España todo el mundo pudiera hablar todos los idiomas que se pueda, pero no utilizándolos como una piedra que arrojar”, ha remachado García-Page durante un acto en Albacete.

Por su parte, el ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha calificado de “absolutamente condenables” los ataques sufridos por el menor, aunque ha matizado que en el debate sobre la decisión del TSJC se insertan “determinadas polémicas que son instrumentalizadas por esa parte de la derecha que realmente lo que tiene es alergia a la diversidad”.