Tensión electoral sin elecciones

La tensión política aumenta a ritmo notable y supera en bastantes grados a las protestas de diversos y dispersos conflictos sociales. Los ministros concernidos con las reivindicaciones van a trabajar al máximo para apagar las explosiones, con expectativas de un buen final. El Ejecutivo, llevado por un optimismo quizá algo alejado de los datos objetivos, está convencido de que el diálogo y la negociación pueden conducir a cesiones y pactos. A no ser, apostillan los interlocutores consultados, que sectores cuyos problemas llevan muchos años enquistados —como la ganadería, la agricultura y el transporte— decidan que estos les toca resolverlos al Gobierno de coalición que encabeza Pedro Sánchez. La oposición estará estrechamente unida a los sectores de las protestas.

El fin de la huelga del metal en la castigada Bahía de Cádiz, no ha provocado comentarios de la oposición, salvo para criticar “la represión” del ejecutivo contra los trabajadores a través de las Fuerzas de Seguridad. El acuerdo para poner fin a la protesta, con intervención de la ministra de Industria, Reyes Maroto, no ha existido para los grupos conservadores del Congreso y del Senado. Por su parte, Vox va por su carril y, ajeno a las estrategias de sus adversarios de la derecha, corteja a nichos obreros que quiere disputar a la izquierda.

A pesar del convencimiento —ahora ya sí lo reconocen en el PP y en Ciudadanos— de que las elecciones generales se celebrarán a finales de 2023 y que los presidentes autonómicos del PP no tienen la menor intención de adelantar las suyas, con la excepción andaluza, el clima es de tensión electoral aunque no haya elecciones en el horizonte.

En comunidades gobernadas por el PP y por el PSOE sostienen que los cantos de sirena de posibles adelantos electorales han salido “de Madrid”, y nunca de sus ejecutivos. En el gobierno central y en la dirección nacional del PP, ya repiten que sus barones decidirán. No tienen otra opción.

El poder de los líderes territoriales gobernantes es una realidad consolidada. Ambas partes están, en la mayoría de los casos, por la buena convivencia, pero los barones territoriales, dan muestras diarias de que sus intereses están en su territorio aunque su defensa pueda venir mal a Pedro Sánchez o a Pablo Casado. En el caso del líder del PP, la situación se acentúa. Su capacidad de influencia, a través del trabajo cotidiano e intensivo del secretario general, Teodoro García Egea, pendiente de cada rincón del partido en España, es limitada. Las decisiones más trascendentes las toma el presidente de la comunidad. Sobre cuestiones orgánicas, de partido, decide Génova, la sede del PP nacional, como la fecha del congreso regional de Madrid. En Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla será quien decida si adelanta sus elecciones unos meses, ya que tiene argumentos para justificar ante los andaluces por qué les convoca anticipadamente: Vox no le deja gobernar. La mención a que el PSOE “no colabora” carece de fundamento en la práctica política de España: La alternativa no sostiene al Gobierno. Convenga o no al PP nacional, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no adelantará las elecciones. Ximo Puig, el presidente socialista de la comunidad de Valencia, tampoco adelantará sus elecciones, interese o no al Gobierno central, según sus previsiones actuales. Las estrategias, sin embargo, vuelven a quedar supeditadas al comportamiento de la covid 19. Si la pandemia rebrota, el cómo hacerle frente ocupará la agenda de la oposición contra el Gobierno.