La votación más difícil para los herederos del 15-M

La diputada de la CUP Mireia Vehí puso el dedo en la llaga el jueves cuando, durante su intervención en el pleno del Congreso que debatía los nombramientos para el Tribunal Constitucional, declaró que el sí de Unidas Podemos al candidato del PP Enrique Arnaldo suponía el “fin del ciclo del 15-M”. La frase, grandilocuente, evidenciaba las contradicciones del partido que en sus inicios, con Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero micrófono en mano, arremetía en las plazas contra el sistema y proclamaba la necesidad de regenerar las instituciones.

Cuestionado por sus relaciones mercantiles con administraciones gobernadas fundamentalmente por PP y sus posicionamientos ideológicos contrarios a la izquierda, la designación de Arnaldo para el Constitucional ha desasosegado a un grupo parlamentario, el de Unidas Podemos, que siempre ha hecho bandera de la independencia política, desmarcándose en muchos casos del PSOE en el Gobierno y acusando incluso a los ministros del socio mayoritario de estar al servicio de los grandes poderes económicos.

Ese discurso a la contra que les sirvió a partir de 2014 para traducir el desencanto en votos y forjar años más tarde una mayoría alternativa al Gobierno de Mariano Rajoy se derrumbó en parte con el nombramiento de Arnaldo como nuevo magistrado del tribunal de garantías. Una fuente parlamentaria describe el proceso como “traumático”, la votación más difícil desde el inicio de la legislatura, aunque pone el acento también en las contradicciones de quienes señalan a Unidas Podemos: al mismo tiempo que se les exige que lleguen a acuerdos con el PP, se les critica cuando asumen el pacto alcanzado con todas sus consecuencias.

“Llama la atención que se sorprendan”, señalaba en este sentido el jueves desde la tribuna del Congreso el diputado gallego de UP Antón Gómez-Reino al defender la posición del grupo en el debate. “¿Qué se esperaban?”, añadía, en alusión al nombre elegido por el partido de Pablo Casado como candidato al Constitucional. “Nuestro voto nunca va a ser un voto a favor del señor Arnaldo ni de la señora [Concepción] Espejel [la otra candidata del PP]. Nuestro voto es para acabar con el secuestro al que el PP ha sometido a los órganos constitucionales y defender la democracia de aquellos que solo la quieren desestabilizar”, sostenía el diputado.

Al finalizar la votación, parlamentarios de Vox corearon con sorna el “sí, se puede”, lema de Podemos en sus orígenes, para festejar su contradicción. Y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, recriminó a los diputados de UP por haber aceptado tragarse un sapo que, afirmó, adquiría en este caso dimensiones de “cocodrilo”.

En la víspera de ese debate infausto para Unidas Podemos, el miércoles, el presidente del grupo en el Congreso, Jaume Asens, había recurrido al filósofo Max Weber para justificar su posición. “Es un conflicto entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad”, defendía en una entrevista radiofónica, citando al filósofo alemán.

Podemos es ahora un partido en el Gobierno y con vocación de Gobierno, y el sí a Arnaldo, un “mal menor” para avanzar en la renovación de los órganos constitucionales, según explica la formación, que trata de poner el foco en la “trampa” de los populares —al proponer a un candidato de perfil tan difícil de asumir para la izquierda— y pasar página cuanto antes. Los votos de Unidas Podemos no eran ni siquiera imprescindibles en su totalidad para sacar adelante la votación, pero sí era necesario el apoyo del grupo —a PSOE y PP les faltaban dos votos para llegar a la mayoría requerida de tres quintos— y, además, un desmarque de Unidas Podemos en la renovación del Constitucional habría fracturado al Gobierno en un asunto vital.

Una fuente del grupo comandado en el Congreso por Jaume Asens explica que en los últimos días, y a tenor de las revelaciones sobre la figura de Enrique Arnaldo publicadas en los medios, se intentó “en varias ocasiones” convencer a los socialistas para que presionasen al PP y le instasen a presentar otro nombre menos controvertido. Buena parte de los diputados de UP no querían asumir el coste político de apoyar a Arnaldo y hubo un par de voces disidentes. El miércoles, dos parlamentarias alejadas desde hace tiempo de la dirección del partido, Gloria Elizo y Meri Pita, publicaron en El Periódico de España un artículo muy crítico contra la aceptación de los candidatos del PP al Constitucional. Más allá de ellas, nadie más ha expresado su rechazo en público.

Elizo (que finalmente no votó a Arnaldo, protagonizando una de las escasísimas deserciones dentro de UP) niega que se haya dado un debate en el seno del grupo sobre cómo afrontar la votación, y resume su reflexión: “El PP es el responsable de esta designación y nosotros no debimos entrar nunca en ese acuerdo”. La diputada, vicepresidenta tercera de la Cámara baja, advierte de que este paso puede acabar no sólo en una fractura con el electorado natural de Unidas Podemos, sino en un enfrentamiento con aquellos grupos políticos más próximos ideológicamente y que el jueves dejaron solo al Gobierno con el PP en la votación, como son ERC, EH Bildu, Más País o Compromís.

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, se preguntaba este jueves en un artículo publicado en el diario Ara: “¿Acierta [la vicepresidenta] Yolanda Díaz pactando con PP y PSOE la renovación del Tribunal Constitucional aun a pesar de que ello implique votar a los candidatos del PP? ¿Acertaría pactando la renovación del CGPJ con la derecha toda vez que el PSOE ha renunciado a cambiar el sistema de elección para evitar el veto del PP?”. Y se respondía: “A la vista de la normalidad democrática española pienso que sí. Sobre cualquier candidato propuesto por el PP para ocupar una posición en las altas magistraturas recaerá siempre la sospecha de connivencia con los corruptos o de corrupción directa”.

“Comprendo y comparto las reticencias y la náusea moral que produce”, proseguía Iglesias. “Pero, a la vista del proceso de involución que impulsan todos los poderes reaccionarios, cualquier barrera democrática que pueda erigirse frente a la eventual voluntad política reaccionaria de las altas magistraturas del Estado parece una medida de autodefensa razonable”.