Archivada la denuncia de los Franco contra los manifestantes que entraron en el Pazo de Meirás en 2017

El 30 de agosto de 2017 una veintena de personas desplegaron desde l torreón y la balaustrada de Meirás, por entonces aún en manos de los Franco, sendas pancartas con los lemas “Que nos devuelvan lo robado”, “Franquismo Nunca Máis” y “El pazo es del pueblo gallego”. Habían accedido a la finca trepando por los muros perimetrales y su acción reivindicativa se convirtió en un icono de la lucha que acababa de empezar. Desde entonces tuvieron que pasar dos años para que el Gobierno central presentase la demanda que de momento ha devuelto la propiedad al patrimonio público. La causa judicial que se abrió tras la denuncia de la familia del dictador contra estos activistas vinculados al Bloque Nacionalista Galego (BNG) y al sindicato nacionalista CIG acaba de ser sobreseída.

El auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Betanzos (A Coruña) calca los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo para archivar el pasado marzo las acusaciones contra uno de los protagonistas de la protesta que ahora es aforado, el diputado del BNG en el Congreso Néstor Rego. La jueza Carmen López Moure considera que no concurre ningún delito de odio porque los Franco “no son un grupo minoritario que requiera especial protección”. Tampoco aprecia un allanamiento de morada, porque cuando los activistas accedieron al pazo “se estaba desarrollando una visita guiada en el citado bien inmueble”.

Sobre el presunto delito de daños del que los herederos del dictador acusaban al grupo que entró en el pazo, el juzgado también asume el argumento del Supremo de que “la actuación de cada interviniente” en la protesta “no puede ser individualizada”. No considera tampoco acreditada “la intención dolosa y conjunta” de los activistas para causar dichos “daños en la cubierta y muros” de Meirás. Contra la resolución cabe recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña, señala el auto.

Los afectados han expresado su satisfacción ante esta “victoria”, aunque precisan que el archivo aún no es firme. En boca de su portavoz, Anxo Louzao, se muestran “enormemente orgullosas y orgullosos” de aquella “ocupación simbólica” con la que pretendían “denunciar el expolio perpetrado por el franquismo y reclamar la devolución de todo lo robado al pueblo gallego”.

La otra causa emprendida por los Franco en Galicia contra activistas de la memoria histórica sí ha acabado, de momento, en condena. El pasado febrero, el Juzgado de Instrucción número 4 de A Coruña condenó a ocho militantes del BNG a pagar una multa de 180 euros cada uno por subir a través de una escalera portátil al balcón de la Casa Cornide. Este caserón del siglo XVIII ubicado en el casco viejo de A Coruña también es reclamado ahora por el Ayuntamiento de la ciudad. Aquella protesta, al igual que la de Meirás, sucedió en 2017, en los albores del movimiento gallego contra el expolio de los Franco. El cartel que desplegaron los activistas fue el mismo que en el pazo: “Que nos devuelvan lo robado. Franquismo Nunca Máis”.