El Congreso avala a los cuatro candidatos al Constitucional pactados por el Gobierno y el PP

La comisión de nombramientos del Congreso de los Diputados ha dado su aval este martes a los cuatro candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional pactados previamente por el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) y el PP. Los nombres de Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez han salido adelante en una propuesta conjunta que se refrendó con voto ponderado —es decir, por grupos políticos y sin participación individual de los diputados— por 242 síes, 12 abstenciones y ningún no. En la votación, sin embargo, no han participado todos los grupos parlamentarios y varios de ellos se han ausentado del debate para no verse envueltos en lo que calificaron de “teatrillo”.

Los votos favorables han unido a los dos partidos del Gobierno y al PP, mientras que las abstenciones corresponden al Grupo Parlamentario Plural, que ha estado representado en el debate por Junts. Los socialistas han respetado el pacto previo, a pesar de que uno de sus portavoces en la comisión, Odón Elorza, ha puesto en duda la idoneidad e imparcialidad de uno de los candidatos de los populares, Enrique Arnaldo, por sus contratos con administraciones del PP y sus numerosas colaboraciones con la fundación FAES.

El debate en el Congreso para examinar a los cuatro candidatos al Tribunal Constitucional parecía a priori ese “teatrillo” que denostaron varios portavoces, hasta que ha aparecido Elorza y reflejado con 17 preguntas el polémico perfil ideológico de Arnaldo. El diputado socialista ha cuestionado la “percepción de imparcialidad” de Arnaldo, veterano exletrado de las Cortes y experto en derecho electoral, lo que no ha impedido que el PSOE respaldase su nombramiento. El resto de oradores presentes han criticado la proximidad del candidato a los populares, que él ha negado en su intervención. ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT y Más País no han acudido en señal de protesta por el pacto. Y Vox y Ciudadanos se han ausentado tras una intervención inicial en la que deploraron lo que entienden como un reparto de puestos entre los dos grandes partidos.

Arnaldo ha sido el primero en pasar el examen. Durante su intervención se ha remontado hasta el bachillerato, ha mencionado a sus mentores, ha recordado la oposición que superó de letrado en las Cortes en 1986, su largo paso por la Junta Electoral Central, sus libros sobre derecho electoral y su elección como vocal del Consejo General del Poder Judicial. También ha expuesto su experiencia internacional y sus múltiples participaciones en conferencias, ponencias y charlas. Pero no ha citado en ningún momento sus más de 150 colaboraciones con FAES. Eso se lo han recordado después los diputados.

Al inicio de la ronda, los portavoces de Ciudadanos, Edmundo Bal, y Vox, Iván Espinosa de los Monteros, han anunciado que no participarían del “paripé”. Bal ha subrayado que, más allá de lo que dijeran los diputados durante el examen parlamentario, ya estaba “todo el pescado vendido” y ha acusado a los dos grandes partidos de “repartirse el Estado”. Espinosa de los Monteros ha lamentado el “ataque y falta de respeto” del bipartidismo a las instituciones.

El portavoz de Unidas Podemos, Txema Guijarro, ha acudido al debate para mostrar que su partido también ha tenido algo que ver en el pacto, pero apenas ha intervenido. Guijarro solo ha interpelado a Arnaldo cuando el candidato ha mencionado que participó en una comisión de juristas durante el proceso por los asesinatos de seis jesuitas en El Salvador en 1989. El diputado de UP le ha conminado a inspirarse en la “ética” de aquellos “hombres buenos” cuando asuma su puesto en el Constitucional. .

La diputada del PP Isabel Borrego ha cumplido su previsible papel, ha aceptado la idoneidad de todos los aspirantes y ha pedido a los demás oradores que no “deslegitimen” ni el pacto sellado ni el sistema que lo permite. El socialista Elorza, en cambio, ha entrado al combate con Arnaldo. Sus 17 preguntas tenían la misma finalidad: poner en duda su imparcialidad, remarcar su proximidad al PP y su beligerancia contra el Gobierno actual en lo que ha contabilizado como 331 artículos de prensa. Elorza ha sido contundente al señalar que el aspirante levanta “expectativas razonables de existencia de perturbaciones externas para hacer con honestidad su trabajo”. Le ha reclamado que aclarase su relación profesional durante años como letrado de las Cortes y al tiempo abogado en un despacho privado. Y ha concluido: “Tengo la percepción de que le puede resultar difícil ser independiente e imparcial”.

Arnaldo, en su turno de réplica, se ha limitado a defender su experiencia jurídica y obviar sus planteamientos ideológicos, que ha situado en el plano más personal. Y se ha autorretratado como una persona “templada, mesurada, abierta, equilibrada y trabajadora”. Sobre sus colaboraciones con la FAES, solo ha precisado que fueron en algunas ocasiones y en “debates abiertos y no políticos”. Y ha recalcado que ni milita ni ha acudido jamás a un acto de campaña de ningún partido. En ese afán, hasta ha llegado a subrayar que solo ha tenido en su vida tres amigos políticos: dos fallecidos (los padres de la Constitución Gabriel Cisneros y José Pedro Pérez-Llorca) y un exdiputado del PSOE por Ciudad Real, Javier Martín del Burgo, a cuyos cumpleaños, dijo, acude siempre. Arnaldo ha acabado con una defensa de su presunción de inocencia y una definición personal sobre la independencia: “Yo la entiendo como la falta de dependencia”.

Menos dificultades ha afrontado la otra candidata propuesta por el PP, Concepción Espejel, también rodeada de controversia porque en su día fue apartada del tribunal del caso Gürtel por sus relaciones con los populares. Frente a la dureza de Elorza con Arnaldo, a Espejel, actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la ha examinado otro portavoz socialista, Francisco Aranda, con una intervención de guante blanco. “Hoy no es día para reproches”, ha justificado Aranda, quien ha concedido a la magistrada su “presunción de imparcialidad”, pese a las “diferencias” que su grupo tiene con ella. Solo el diputado de Junts Josep Pagès ha preguntado directamente a la candidata si se siente imparcial para juzgar causas como el procés —le ha recordado que emitió un voto particular contra la absolución en la Audiencia Nacional del jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero— o los casos de corrupción del PP.

Pese a que los grupos apenas la pusieron en dificultades, Espejel no ha evitado la controversia. De tal modo que se ha extendido en uno de los episodios que más se le han reprochado y que ningún diputado había traído a colación: el tratamiento de “querida Concha” que en 2014 le dispensó en un acto público la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, la popular María Dolores de Cospedal. Espejel ha comentado que esa era la fórmula con que se estaban dirigiendo a ella los jueces y abogados que participaron en aquel acto, y que eso “no demuestra ningún tipo de amistad y menos amistad íntima” con la ex secretaria general del PP. La candidata ha subrayado que fue apartada del caso Gürtel simplemente porque había sido consejera del Poder Judicial a propuesta del PP. Tras lamentar la “campaña de desprestigio de un sector de los medios” contra ella, ha sentenciado: “Con la cabeza muy alta puedo decir que nunca he recibido ninguna indicación [política]”.

Los dos candidatos avalados por el Gobierno, Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez Valcárcel, han pasado el trámite sin mayores dificultades. Ni el PP los ha cuestionado e incluso en el caso de Sáez han recibido los elogios “por su idoneidad absoluta y total” del diputado Josep Pagès, de Junts, por su autopresentación como “juez constitucional”. Sáez era entre los designados por el Gobierno el que podría haber acarreado alguna suspicacia de los portavoces populares, porque en algunos sectores se le considera demasiado próximo a Unidas Podemos. El magistrado, con 36 años de experiencia como juez, número uno de su promoción como fiscal, y tras haber pasado por el Consejo del Poder Judicial o la Audiencia Nacional, no recibió siquiera el más mínimo reparo de la portavoz del PP, Isabel Borrego, que volvió a insistir en que el acuerdo alcanzado por los dos grandes partidos no era “ningún trágala” ni deslegitimaba el examen parlamentario porque en el mismo se trataba solo de “elegir a los mejores entre profesionales de reconocido prestigio”. Txema Guijarro, de Unidas Podemos, sí salió al paso en esta audición concreta para reivindicar que “todas las personas con algo en cerebro puedan tener carga ideológica” si luego saben además actuar con criterio, profesionalidad e independencia.

Los exámenes de los aspirantes para ocupar las vacantes del Tribunal de Cuentas pasaron la prueba sin contratiempos ni grandes debates partidistas, excepto por parte del diputado de Junts, que no concede validez a ese órgano por sus actuaciones relacionadas con el proceso independentista en Cataluña. Los seis candidatos han salido adelante con los mismos votos favorables de PSOE, UP y PP y esta vez el rechazo del Grupo Plural, al que pertence Junts.