La delegada del Gobierno en Madrid, sobre la manifestación nazi: “No teníamos argumentos legales para prohibirla”
Los dos convocantes de la protesta recibirán una multa de 600 euros cada uno y se ha abierto expediente a seis de los manifestantes por llevar palos, bengalas y puños americanos
La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha asegurado que no pudieron prohibir la manifestación neonazi del pasado sábado en el barrio madrileño de Chueca, punto de encuentro del colectivo LGTBI, en la que unas 200 personas corearon gritos de “fuera maricas de nuestros barrios” y “fuera sidosos de Madrid”. “No teníamos ningún argumento legal. Tenga la trayectoria que tengan los manifestantes (...) No se puede detener a nadie por sus cánticos”, ha aseverado González durante una conferencia de prensa este martes. La Fiscalía ha abierto una investigación de oficio sobre la marcha neonazi por delito de odio. El ministerio público ha pedido informes a la Brigada Provincial de Información y a la Delegación del Gobierno sobre la manifestación. Dos ministerios, Igualdad y Derecho Sociales, han denunciado ante la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio y Discriminación estos hechos.
En una conferencia de prensa en la que ha descartado asumir responsabilidades ―“no voy a dimitir”, ha asegurado― la representante del Ejecutivo ha anunciado que los dos convocantes de la protesta recibirán una sanción administrativa de 600 euros, lo máximo que permite la ley, y que se ha abierto expediente sancionador a seis de los participantes en la marcha por un delito contra la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que portaban en total, seis bengalas, cinco palos de distintos tamaños y un puño americano. Estos expedientes pueden acarrear multas de 800 euros a cada uno.
González ha asegurado que la Policía Nacional no se planteó disolver la “vomitiva” manifestación porque, de haberlo hecho, hubiera provocado “una batalla campal” con cargas contra niños y mayores. “En ese país se puede manifestar gente que consideramos desde otros sectores que sus opiniones son muy reprobables. Hay comunidades autónomas donde terroristas piden manifestaciones y se le acepta”, ha dicho, en referencia a recientes concentraciones en el País Vasco a favor del etarra Henri Parot.
De la parte judicial, la delegada del Gobierno ha explicado que la Policía ha hecho un informe del transcurso de los hechos y ha aportado vídeos e imágenes de las banderas. “A partir de ahora será la Fiscalía quien decida si ha habido delito de odio”, ha manifestado.
La marcha fue autorizada por la Delegación de Gobierno. En la solicitud, especificaban que la manifestación se englobaba bajo lema “Di no a las Agendas 2030-2050”. Durante el desarrollo, se exhibió una pancarta en la que se podía leer “En Madrid, ni bandas latinas ni menas”. Las principales asociaciones que participaron fueron España 2.000, la Asociación de vecinos Pinar de Chamartín, Asociación de vecinos de San Blas Canillejas y Asociación de vecinos de San Fernando de Henares.
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