La relación de Rabat con la UE, pendiente de la sentencia sobre el acuerdo de pesca

Las relaciones con Marruecos pueden sufrir un nuevo sobresalto este otoño, aunque esta vez no será directamente con España sino a través de la Unión Europea. Después del verano se espera que se haga pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el acuerdo de pesca con Rabat. Un tema que implica de lleno a España pues, de los 128 barcos que faenan al amparo del tratado, 93 son españoles.

El tribunal de Luxemburgo se ha pronunciado ya en varias ocasiones advirtiendo de que, desde el punto de vista del derecho internacional, el Sáhara Occidental “no forma parte del Reino de Marruecos”, por lo que la UE no puede negociar con Rabat un acuerdo que comprometa los recursos de la antigua colonia española, “sin el consentimiento del pueblo saharaui”. En 2015 y 2016, los jueces europeos ya lo advirtieron respecto al acuerdo agrícola con Rabat y en 2018 sobre el pesquero; el más relevante, pues el 90% de las capturas de la flota comunitaria se producen en el banco sahariano.

Para sortear este obstáculo y demostrar que el acuerdo contaba con el consentimiento de la población saharaui, la Comisión Europea realizó consultas con asociaciones de la sociedad civil en el Sáhara Occidental bajo control de Marruecos, pero en esta ronda no participó el Frente Polisario, que reivindica su condición de “único y legítimo representante del pueblo saharaui”, según Naciones Unidas.

El Polisario recurrió el acuerdo ante la Corte Europea de Justicia y está convencido de que obtendrá una sentencia favorable a sus tesis, en coherencia con la propia jurisprudencia del tribunal. La práctica anulación del acuerdo de pesca con Marruecos, vaciado de contenido si no puede incluir las aguas saharianas, sería la primera consecuencia, pero no la única.

Con las sentencias del tribunal de Luxemburgo en la mano, el Polisario quiere trasladar la presión de las instituciones y gobiernos de la UE a las empresas europeas que hacen negocios en el Sáhara Occidental de la mano de Rabat. Y trasladarles el mensaje de que con sus actividades se sitúan al margen de la legalidad internacional.

El día 7 de agosto, el delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, remitió una carta al presidente de Binter Canarias para expresarle su “indignación” por la decisión de reanudar los vuelos entre el archipiélago y el Sahara Occidental. “Todos los miembros de la comunidad internacional”, incluidas las empresas, “tienen la obligación de no reconocer la persistente ocupación ilegal del Sáhara Occidental y, sobre todo, de no contribuir a su consolidación”, subrayaba la misiva. Los vuelos de Binter, agregaba, “constituyen una violación grave del derecho internacional, por lo que esta empresa incurre en responsabilidad internacional (...) y contribuye al objeto que persigue Marruecos de legitimar la ocupación ilegal”.

La carta concluía conminando a la compañía aérea a que “interrumpa inmediatamente sus actividades, reservándose las acciones legales que, de conformidad con la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, le corresponden como representante del pueblo saharaui”. Sugería así que, Binter podría ser denunciada ante los tribunales europeos.

En la misma situación se encuentran otras 24 empresas españolas, la mayoría (18) del sector pesquero, pero también tres constructoras, una de cultivo de ostras y dos de energías renovables, según un informe del Centro de Estudios Franco-Saharaui Ahmed Baba Miske.