Podemos presiona al Gobierno para salvar el bloqueo judicial del PP

Unidas Podemos se rebela contra la resignación que campa en el sector socialista y presiona al Gobierno contra el bloqueo del PP en la renovación de los principales órganos del Estado, especialmente tras el varapalo de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional —que también tiene a un tercio de sus magistrados con el mandato caducado por la negativa de los populares a negociar— contra el decreto que declaró el estado de alarma.

El líder popular, Pablo Casado, ha reafirmado en los últimos días que no permitirá los cambios mientras no se cumplan sus condiciones. Con esa estrategia, el PP se asegura mantener hasta el final de la legislatura el poder de la mayoría conservadora que eligió hace años en los principales órganos institucionales (Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y Tribunal Constitucional). Podemos se niega a aceptar ese veto y su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, propone de nuevo cambiar la Ley del Poder Judicial para permitir la renovación de esos órganos no por tres quintos del Congreso y el Senado sino por mayoría absoluta, de diputados y de grupos parlamentarios.

El líder del PP, Pablo Casado, advirtió reiteradamente la semana pasada a Pedro Sánchez de que no estaba dispuesto a facilitar la renovación de puestos ni en el Poder Judicial, ni en el Constitucional, ni en el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo.

El dirigente popular argumenta para justificar su bloqueo que el presidente “hace política con el Estado” en su beneficio partidista. Casado repite que se prestaría a sentarse inmediatamente para resolver el atasco en esos órganos clave si el PSOE acepta sin más sus condiciones, que resume en otorgar más independencia y fortaleza a los cargos judiciales al dar ese poder de elección a los jueces y no al Parlamento como ahora.

El PP, en realidad, se niega siquiera a acudir a una reunión para resolver este incumplimiento del mandato constitucional porque dispone ahora en esos órganos del control político que se aseguró Mariano Rajoy cuando gobernaba España con mayoría absoluta, a partir de 2011. Y argumenta para justificar esa posición que la negociación no debería ser entre el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos con el principal partido de la oposición, sino entre los dos grandes grupos parlamentarios, el socialista y el popular.

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El Consejo del Poder Judicial lo componen 20 vocales, de los cuales 12 son magistrados y jueces que los partidos designan de una serie de candidatos que elige previamente la carrera judicial. Otros ocho son juristas de reconocido prestigio que nombran las dos Cámaras sin selección previa de nadie. El Consejo actual se fraguó cuando gobernaba Rajoy, con un pacto con el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba en la oposición y tiene el mandato caducado desde hace dos años y medio.

En el Constitucional también está pendiente desde noviembre de 2019 el recambio de los cuatro magistrados que decide el Congreso, para lo que se requieren tres quintos de los votos. El PP bloquea esta renovación. En junio de 2022 tocaría renovar a los cuatro que designan el Gobierno (dos) y el propio Poder Judicial (otros dos). El sector del PSOE en el Ejecutivo, y en especial el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, intentó desbloquear esta situación a través de su buena interlocución con el responsable de Justicia del PP, Enrique López. El asunto quedó casi resuelto el pasado verano. Pero el pacto para repartirse equitativamente los 20 puestos en disputa se frustró a última hora porque el PP argumentó que unas críticas de Podemos a la salida del rey emérito de España ponían en cuestión el funcionamiento de las principales instituciones del Estado. López y Campo retomaron su diálogo varias veces este año, pero sin avances.

En otoño pasado, el PSOE y Podemos pergeñaron una nueva estrategia de presión hacia el PP y promovieron en el Congreso una reforma de la Ley del Poder Judicial para permitir la renovación en segunda votación y solo con mayoría absoluta, para evitar así posibles vetos. Los socios nacionalistas respaldaron aquella iniciativa. El PP denunció esta reforma en organismos europeos y el proyecto fracasó ante el aluvión de críticas. El presidente prometió entonces olvidar aquella propuesta, lo que sorprendió en varias instancias del propio PSOE; y ahora Podemos la retoma con más fuerza ante la actitud del PP.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se expresó con claridad el viernes tras conocer el fallo del Tribunal Constitucional contra el decreto del estado de alarma y avanzó que ahora “el Gobierno debe actuar para evitar ese secuestro” de las instancias judiciales por parte del PP. A continuación, recordó unas declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que “la oposición a este Gobierno eran el Rey, el Poder Judicial y ella misma”.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso defiende en declaraciones a EL PAÍS que, si el PP pretende “bloquear para siempre y de forma inconstitucional la renovación del Poder Judicial, habrá que reformar la ley para que se pueda renovar con mayoría absoluta de las Cámaras”.

Pablo Echenique recuerda que los tres quintos de la Cámara previstos en la ley para cambiar a los consejeros del Poder Judicial “estaban pensados para un mundo que ya no existe, en el que había un bipartidismo casi perfecto y como una garantía de que un único partido no pudiera elegir a todos los vocales”.

Pero el dirigente de Podemos constata que el nuevo tablero político es multipartidista y que ahora “una mayoría absoluta representa exactamente la misma garantía que entonces representaban los tres quintos”. Echenique ofrece la posibilidad, además, de añadir otro requisito para equilibrar más ese reparto: “Podría sumarse a la votación la mitad de los grupos parlamentarios, como ocurre para elegir el consejo de Radiotelevisión Española, de forma que sea imposible que un único partido, aunque tenga mayoría absoluta, pueda elegir a todos los vocales y así la pluralidad política del órgano esté completamente garantizada”.

Tensión con el PSOE

En Unidas Podemos razonan que esa es su posición desde hace meses, y también lo que firmaron en los acuerdos con el PSOE, y reprochan a los socialistas que se olvidasen de ese punto cuando pensaron que podrían cuadrar los votos para la renovación solo con el PP. Eso no ha sucedido. Echenique denuncia que “es evidente que el Poder Judicial se está comportando como una oposición política al Gobierno y ese es precisamente el motivo por el cual el PP no accede a renovarlo”, y utiliza como ejemplos de ese mal uso de la justicia los casos investigados y denunciados relacionados con Podemos: “Un puñado de jueces ultraconservadores a las órdenes del PP y Vox están destruyendo el prestigio de la justicia y es obligación de cualquier demócrata protegerla de este tipo de jueces”.

Los negociadores del PP son más que escépticos sobre la posibilidad de cerrar algún consenso en ese sentido con Pedro Sánchez y el PSOE actual, y no han tenido aún contactos con la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop. No tienen ni su teléfono.

En el grupo parlamentario socialista tampoco son nada optimistas sobre una solución a corto o medio plazo de este problema. Apuntan que “el mandato del constituyente a la hora de requerir esas mayorías de tres quintos fue muy claro y reclamó a los principales partidos que se pusieran de acuerdo y ahí no hay alternativa”. Y acusan del “secuestro, boicoteo y saboteo de la Constitución de 1978” al PP. Fuentes gubernamentales admiten que, sin el concurso del partido de Casado, la ecuación no se podrá resolver y el nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se ha puesto el reto de llamar a sus interlocutores para volverles a ofrecer un nuevo y último intento de negociación.

Amenaza de bloqueo en el Constitucional

El Tribunal Constitucional lo integran 12 magistrados elegidos para nueve años. Se renuevan por tercios (cuatro magistrados) cada tres años. Como consecuencia de la negativa a negociar del PP, cuyos votos son imprescindibles para la mayoría de tres quintos necesaria en el Congreso, hay cuatro magistrados que llevan año y medio con el mandato caducado. Otros cuatro tienen que ser renovados en junio de 2022 por el Consejo del Poder Judicial (dos) y el Gobierno (otros dos). Esa renovación será clave porque el Constitucional dejaría de estar dominado por magistrados elegidos a propuesta del PP (ahora siete) para tener una mayoría nombrada por el PSOE. Pero el Poder Judicial no puede ya hacer nombramientos debido a la reforma legal que impulsó el Gobierno para forzar, sin éxito, su renovación. Ese hecho siembra dudas sobre si el Ejecutivo podrá poner los dos magistrados que le corresponden dado que, según la Constitución, el Tribunal se renueva por tercios. Y la mitad del tercio previsto en 2022 correspondería al Poder Judicial.