Estado de alarma

La ministra de Justicia defiende la declaración del estado de alarma tras la decisión del Constitucional: “El confinamiento salvó 450.000 vidas”

Malestar en el Ejecutivo por la resolución adoptada por un tribunal muy dividido

La ministra de Justicia, Pilar Llop, interviene en la presentación de la Carta de Derechos Digitales, en La Moncloa, este miércoles. En vídeo, Llop defiende la declaración del estado de alarma.(FOTO: ANDREA COMAS | VÍDEO: MONCLOA)

El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra muy molesto por la sentencia del Tribunal Constitucional conocida este miércoles, que tumba la medida más dura del estado de alarma decretado durante la pandemia y que considera que, para aplicar el confinamiento, habría que haber declarado el estado de excepción. Según fuentes de La Moncloa, el Ejecutivo respeta el fallo, pero muestra su sorpresa por “su carácter inédito” y se reafirma en que el decreto que aprobaron —que queda anulado— “era absolutamente imprescindible para salvar vidas”. La ministra de Justicia, Pilar Llop, en una comparecencia la tarde de este miércoles, ha defendido que “el confinamiento salvó 450.000 vidas”.

Llop ha mantenido que el Gobierno declaró el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, “tan solo tres días después” de que la Organización Mundial de la Salud declarase la pandemia “ante la extrema emergencia para la salud pública y la rapidez de propagación” de la enfermedad. “El deber del Gobierno era tomar medidas inmediatas, urgentes y proporcionadas”, ha añadido.

La ministra ha asegurado que el Gobierno ”respeta el criterio” del Constitucional, pero considera que su actuación “fue conforme a los parámetros constitucionales, tal y como han respaldado cinco magistrados” del tribunal. “El Gobierno quiere señalar que va a analizar profundamente dicha resolución”, ha afirmado Llop.

El Ejecutivo, como ha confirmado la ministra, tiene previsto estudiar a fondo la sentencia del Constitucional, aprobada por seis votos contra cinco, cuando se publique. Ese estrecho margen, insisten fuentes gubernamentales, evidencia el enorme “debate interno que ha suscitado este fallo”. “El Gobierno defiende que sin esta herramienta [el decreto del estado de alarma] no se hubiera llegado a tiempo de parar el virus y no hubiera sido posible mantener las medidas necesarias para detener su avance más allá de 60 días”, insisten las mismas fuentes, que defienden que sus medidas fueron “conforme a la Constitución y a la ley orgánica del estado de alarma”.

“Estamos ante una decisión sin precedentes”, critican en La Moncloa en referencia a la sentencia, “puesto que todos los países de nuestro entorno han recurrido a fórmulas similares, dentro de sus respectivas legislaciones, para luchar contra la pandemia”. Fuentes del Gobierno recuerdan, además, que el Constitucional ha dictado su fallo tras el recurso presentado por Vox: “Una formación que, por cierto, votó a favor del estado de alarma cuando este fue presentado por primera vez ante el Congreso”.

Dirigentes socialistas consultados por EL PAÍS aseguran que no se trata de una sentencia jurídica sino “política” y que el voto del Tribunal (seis a cinco) a favor de la ponencia de uno de sus magistrados, Antonio Trevijano, solo servirá para que la derecha política acuse al Gobierno de haber gestionado la pandemia con una medida inconstitucional, pese a que están convencidos de que el instrumento jurídico utilizado para tomar medidas fue el adecuado.

Estas mismas fuentes señalan que los efectos prácticos de la sentencia sobre los ciudadanos serán mínimos, dado que lo único que habrá que estudiar es cuántas multas ya cobradas habrá que devolver como consecuencia de una sentencia que anula un solo artículo del decreto del estado de alarma.

La sentencia excluye la responsabilidad patrimonial del Estado por el cierre obligatorio de numerosos negocios, medida que considera constitucional amparada en el decreto de alarma, y también avala el artículo que imponía el cierre de centros de educación para establecer las clases virtuales.

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