El tiroteo en una pedida de mano que pudo acabar en una masacre

La ceremonia de pedida de mano de una novia de etnia gitana que reunió a más de un centenar de invitados en el polideportivo municipal de O Porriño (Pontevedra), el 19 de mayo de 2019, fue irrumpida de madrugada por la detonación de hasta 15 proyectiles que alcanzaron a dos comensales, uno de ellos era una chica menor de edad.

En pie, empuñando una pistola, estaba Juan Paulo Giménez, que disparó las ráfagas al techo hasta que se quedó sin munición, según testigos presenciales. Luego, huyó en un coche con su cómplice, Rafael Gómez. Como consecuencia de los disparos indiscriminados se produjo un apagón en una parte de las instalaciones y reventó una tubería de agua, provocando el caos entre los asistentes.

La gravedad del incidente y las lesiones que los proyectiles causaron a las dos víctimas fueron juzgados este viernes en una vista de máxima tensión y control policial. En el banquillo se sentaron ambos acusados, miembros del clan de los Morones, que fueron reconocidos por varios asistentes a la fiesta que por temor a represalias declararon como testigos protegidos de la Fiscalía de Pontevedra. Todos ellos integran otro grupo de etnia gitana conocidos como los Zamoranos.

Ambos grupos llevan enfrentados más de una década y envueltos en procesos judiciales por el control que los Morones pretenden ejercer entre los vendedores ambulantes de los mercadillos. La irrupción de Juan Paulo Giménez, pistola en mano, para reventar la fiesta de los Zamoranos, puso el límite el nivel de enfrentamiento de ambos grupos de cara a los juicios que la familia del principal acusado tiene pendiente por amenazas y extorsión.

Juan Paulo, con antecedentes policiales, declaró esposado y negó con rotundidad que fuese el autor de los disparos, y aseguró que estaba viviendo en Sevilla por aquellas fechas. El fiscal solicita para él y su cómplice una condena de 9 años de prisión y el pago de indemnizaciones que pueden alcanzar los 100.000 euros.

El acusado, hermano mayor del autoproclamado “rey de los gitanos Morones”, aportó como prueba varias facturas de hoteles y restaurantes, y dijo que nunca había disparado un arma: “Me encantan las armas y las diferencio, pero nunca disparé, que yo recuerde”, incidió.

También aseguró que desconocía que hubiera estado en búsqueda y captura internacional hasta que fue detenido, 17 meses después de los hechos y, entonces, arremetió contra el grupo de los Zamoranos para culparles de su imputación en este juicio. “Yo no estaba en Galicia, pero estos señores con tan malignos que manipularon mis problemas personales y familiares y me acusan de lo que pasó en esa fiesta”, dijo el primogénito de los Morones.

La magistrada que dictará sentencia llamó al orden tanto al acusado como a su abogado por cuestionar la credibilidad de los denunciantes, y advirtió a Juan Paulo que si no se callaba lo enviaría al calabozo. Al final este y su hermano Sinaí, que declaró como testigo, fueron expulsados de la sala. “Es un hecho notorio que los Zamoranos y los Morones no tienen buena relación”, apuntó la jueza para rechazar varias preguntas de la defensa al interrogar a los testigos protegidos. “Pero no pueden convertir esta vista en un circo”, añadió.

El otro acusado, Rafael Gómez también ha negado su participación en el tiroteo: “Me enteré de todo al día siguiente porque lo sabía todo el barrio”, declaró. Explicó que conoce al clan que celebraba la fiesta porque “esa gente casi nos mata en Cangas” y, aunque ha negado que Juan Paulo le ofreciera dinero para asumir él las culpas del tiroteo, ha reconocido que los Morones llegaron a agredir a su madre.

El abogado de Juan Paulo trató de desmontar las pruebas de la acusación y pidió la nulidad del juicio porque no constaban los informes de balística. Según el letrado, “hubo respuesta armada” en la pedida de mano y a los disparos iniciales le siguieron otros de distintas personas que solo puede acreditar los expertos”, apuntó.

“Los Zamoranos actúan como una facción violenta que mantiene un enfrentamiento casi de guerra con la familia de Juan Paulo”, denunció el abogado del principal acusado por lo que también pidió la protección para varios testigos de la defensa e intentó que el tribunal admitiera declaraciones realizadas ante notario.

La magistrada ha rechazado las pretensiones de la defensa al entender que “no está acreditado el supuesto peligro al que se enfrentan estos testigos y que las actas notariales no son válidas para condenar o absolver a nadie” si esas declaraciones no se realizan en sede judicial. El juicio ha quedado visto para sentencia.