Villarejo anotó contactos con la cúpula de Interior para elaborar el informe que avaló sus actividades privadas

Las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, halladas en octubre durante un nuevo registro de su casa, señalan cómo la cúpula del Ministerio del Interior y de la Policía contactaron presuntamente con él con el objetivo de “organizar” la confección de un informe de incompatibilidades que se elaboró después de que EL PAÍS publicara las primeras noticias sobre su enorme entramado empresarial y que se hizo a toda prisa para proteger al principal sospechoso en esta macrotrama de corrupción. Un documento que firmó el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, imputado por la Operación Kitchen y que se encontraba bajo las órdenes directas de Eugenio Pino, director adjunto operativo del cuerpo policial y presunto muñidor de la denominada policía patriótica.

El 10 de marzo de 2015, EL PAÍS reveló en portada los sospechosos negocios del comisario, que también se investigan en la Audiencia Nacional desde 2017, cuando estalló el caso y se arrestó al policía, que permaneció en prisión provisional hasta el pasado 3 de marzo. “El comisario Villarejo participa en 12 sociedades con 16 millones de capital”, tituló el periodista Javier Ayuso. Al día siguiente, según las anotaciones de las agendas a las que tuvo acceso EL PAÍS, Villarejo apuntó un supuesto contacto con Eugenio Pino, al que se refiere con el alias de Pin: “Cita mañana de 12 a 14 para organizar informe”.

Ese mismo 11 de marzo, el comisario también reflejó en sus cuadernos una presunta charla con Francisco Martínez, alias Chisco, entonces secretario de Estado de Seguridad y número dos de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. Según sus apuntes, conversaron “sobre no hacer ningún comunicado personal” y también sobre “organizar el informe sobre incompatibilidades”. A continuación, el 12 de marzo, Villarejo se comunica con el inspector Fuentes Gago, que rubricaría posteriormente el informe, y apunta: “Preparativos informe sobre mí. Quedamos en vernos para adelantar datos”. Todos ellos se encuentran imputados por Kitchen, la trama parapolicial de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas.

Las agendas de Villarejo contradicen la versión que Fuentes Gago ofreció a la Fiscalía Anticorrupción, que ya lo interrogó en 2019 sobre este asunto. Según afirmó el inspector jefe al ministerio público, él nunca supo nada sobre el informe de incompatibilidades hasta que a “finales de marzo” se lo encargó Ignacio Cosidó, director general de la Policía y máximo mando político. “[Tras la publicación de EL PAÍS], un día me llama el DAO, [máximo mando policial], y me dice: ‘Al despacho del director’. ‘¿Pasa algo, jefe?’, le pregunto. ‘Yo no quiero saber nada’, se quitó [Pino] de en medio”, aseguró Fuentes Gago que ocurrió. “[Cosidó] me dice: ‘Tienes que hacer esta información reservada. Tiene que haber sigilo. No puede salir nada. Te la encomiendo a ti porque sé de tu discreción”.

Fernández Díaz había comparecido en público el mismo 10 de marzo para defender a Villarejo. Además, aseveró que había pedido un informe “a la Dirección General de la Policía” sobre el patrimonio del comisario que reveló EL PAÍS. Sin embargo, Fuentes Gago repitió que no recibió el encargo hasta bastantes días después de parte de Cosidó. La Fiscalía puso en duda esa versión y preguntó al inspector jefe por las inconsistencias de su relato. En primer lugar, sonsacó a Fuentes Gago que, según él, la orden de confeccionar este informe que avaló finalmente a Villarejo no se dio hasta después de que el propio sospechoso presentase un escrito ante la DAO el 18 de marzo. Por ello, el ministerio público también cuestionó que recibiese de Cosidó el encargo de confeccionar el documento sobre incompatibilidades y que no supiese nada antes del tema, ya que el escrito se había presentado en las oficinas de Pino, donde trabajaba precisamente Fuentes Gago.

El 20 de abril de 2015, Fuentes Gago firmó el informe que concluía que las actividades privadas de Villarejo no incumplían la ley: “Su actividad no supone un menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes” y “no tienen relación con asuntos relacionados o que se refieran a las actividades que desarrolle en el Cuerpo Nacional de Policía o que sean de su competencia”, exponía. En ese sentido, el inspector jefe defendió ante Anticorrupción la legalidad de sus actuaciones, pero admitió que elaboró el aval a Villarejo solo con la información que le facilitó el propio sospechoso porque, desde Interior, le metían prisa para acabarlo. De hecho, la Fiscalía le preguntó cómo es posible que ni siquiera accediera al Registro Mercantil u otras bases de datos para contrastar los datos que le dio el comisario.

Los indicios descartados

El inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador de la trama Gürtel, relató a la Fiscalía que la DAO contaba con numerosos indicios de que Villarejo había puesto en marcha una estructura societaria de blanqueo cuando Fuentes Gago elaboró el informe que avaló sus actividades privadas. Según contó Morocho, al que entonces habían colocado bajo las órdenes directas de Pino para intentar apartarlo de las pesquisas que cercaban al PP, él mismo analizó un documento de inteligencia del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) y confeccionó unas conclusiones sobre la “estructura de blanqueo” urdida por Villarejo. Además, comunicó estas sospechas a Fuentes Gago y Pino, que no quisieron saber nada de ellas.

Morocho detalló que detectó estructuras societarias sospechosas, así como operaciones inmobiliarias y flujos de dinero. “Se usaban territorios no cooperantes en materia de información financiera, se generaban estructuras holding donde se ponía como titulares a terceros, pero que quien estaba detrás era Villarejo…”, explicó el inspector jefe, que añadió que fue el propio Fuentes Gago quien le facilitó el documento del Sepblac para que lo estudiara: “En aquel momento, había un expediente relacionado con investigar las incompatibilidades económicas y, según decían los medios, se lo habían encomendado a él”.

“Le di mi informe al inspector jefe Fuentes Gago: ‘He sacado unas conclusiones y tengo un documento que he elaborado’, [le dije]. Pero me dijo que era un tema de era unas sociedades que se crearon en una época política anterior, vinculada a una dinámica de lucha contra ETA... No obstante me dijo que se lo dijera al DAO y este me dijo que no quería saber nada sobre el particular”, explicó Morocho en la Audiencia Nacional.