Menores en primera línea del caos

A Karim le dan arcadas mientras atiende la videollamada. Acaba de entrar en el cuarto de baño de la nave industrial de Ceuta donde las autoridades han concentrado a los niños que Marruecos empujó a su frontera. Muestra dos inodoros embozados de agua negra y mascarillas, y un suelo inundado y plagado de excrementos. Los baños no funcionan y casi 800 menores han estado días haciendo sus necesidades donde han podido. Durante el recorrido que el joven marroquí de 17 años muestra con su cámara se ve a decenas de niños y adolescentes tirados en el suelo, dormitando bajo una manta fina o comiendo bocadillos. Karim (el nombre es ficticio para proteger su identidad) entró nadando el pasado lunes. Dice que quería llegar a Europa, pero acabó durmiendo en la calle y, días después, en esa nave. Tras unas pocas horas allí dentro mandó un WhatsApp que rezaba: “Quiero salir de aquí”.

Los niños son los protagonistas de la crisis que se ha desencadenado en Ceuta cuando, el lunes y el martes, la ciudad recibió un éxodo exprés de unas 9.000 personas. Los gendarmes marroquíes miraban para otro lado mientras 2.000 o 3.000 niños y adolescentes se lanzaban al mar para atravesar una de las fronteras más desiguales del mundo. Salían del agua asustados, temblando de frío. Los que no fueron devueltos según pisaban la orilla se encontraron solos en mitad del caos. Todas las cifras de esta crisis son aproximadas, porque hubo un momento entre el lunes y el martes que se dejó de contar. Llegaron a entrar hasta a 90 personas por minuto, según los datos que manejan las fuerzas de seguridad españolas.

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La gestión de esta crisis fronteriza ha dejado un reguero de denuncias públicas que apuntan a vulneraciones de derechos que se han cometido contra los niños. A pesar de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, garantizó que no se haría, los menores de edad también han sido devueltos en caliente a su país. Lo han captado las cámaras de las decenas de fotógrafos desplegados en la ciudad y lo han reconocido a EL PAÍS varios militares que actuaban en la playa. Las devoluciones en caliente o rechazos en frontera, como las llaman las autoridades, fueron respaldadas por el Constitucional el pasado noviembre, pero el tribunal de garantías marcó algunas líneas rojas. Entre ellas, la imposibilidad de expulsar de esta forma exprés a los menores. “Habrá que investigar qué se ha hecho estos días en la frontera con las devoluciones de posibles menores y también de adultos”, mantiene Marina Pérez, responsable de la delegación en Ceuta de la Federación Andalucía Acoge.

Las devoluciones de menores se han realizado incluso desde la nave del Tarajal donde esperaban a ser reseñados, según informó el jueves la Cadena SER. “Sacar a alguien de la nave, sea un niño o un adulto, no es siquiera una devolución en caliente, es directamente una ilegalidad”, sentencia el abogado especialista en Extranjería, José Luis Candela.

Reduan, un adolescente de 14 años, aseguró a la SER y a EL PAÍS que él fue uno de los devueltos. El chico, que tiene un hermano que vivió en Ceuta, cruzó a nado el espigón del Tarajal el lunes y, según cuenta, le trasladaron a la nave. “El martes me sacaron de allí y me devolvieron a la frontera”, afirma. No era siquiera un retorno voluntario, porque al día siguiente de volver a Marruecos el niño se volvió a lanzar al agua y apareció en la orilla descalzo y con su uniforme del Barça empapado. Esta vez, un militar advirtió lo pequeño que era y le dejó “libre”, contó. La última vez que EL PAÍS vio a Reduan, la tarde del viernes, estaba de nuevo en la nave. Surgía de un hueco entre las paredes de dos almacenes y huía del recinto con otros dos niños y una magdalena en la mano. “Me siento humillado aquí”, dijo.

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España ya fue reprendida en 2019 por el Comité de Derechos del Niño de la ONU por devolver en caliente a un menor que saltó la valla de Melilla en 2014. “Las directivas comunitarias contemplan a los menores como un colectivo vulnerable que está sometido al principio de no devolución”, explica el abogado Rodríguez Candela. “Nuestra ley de extranjería es clarísima al establecer que cuando se detecta una persona cuya minoría de edad puede ser dudosa, lo primero que hay que hacer es protegerlo”, mantiene el letrado.

A punto de cumplirse una semana del órdago lanzado por Marruecos, hay unos 800 niños identificados y bajo custodia de las autoridades. Unos 300 están todavía en la nave que muestra Karim con su cámara y que solo el sábado, tras seis días desde el inicio del caos, recibió las suficientes camas plegables para proteger del suelo a los chavales.

Otros casi 500 niños, que ya están reseñados por la policía y se han hecho las pruebas de covid, han empezado a instalarse en un campamento de emergencia de barracones y un polideportivo, donde se pondrá en marcha un programa de actividades para los alojados. Las condiciones siguen sin ser adecuadas, según denuncian las asociaciones sobre el terreno. La Delegación de Gobierno, que ha coordinado las acciones junto al Ayuntamiento de la ciudad autónoma, no ha respondido a las llamadas de EL PAÍS. Fuentes del gobierno local han señalado la dificultad de un enclave tan pequeño para responder a una emergencia de este calibre.

La llegada de miles de niños ha dejado una legión de padres y madres desesperados al otro lado de la valla. El gobierno de la ciudad ha recibido más de 4.400 llamadas de familias que quieren saber algo de sus hijos, y la Cruz Roja va a habilitar otra línea telefónica. Reagrupar el mayor número de niños con los suyos es una prioridad de las autoridades locales y nacionales, pero en toda esta semana ninguna ha sido capaz de explicar el protocolo que está siguiendo para hacerlo dentro de los cauces legales ya establecidos. A pesar de la falta de instrucciones, fuentes policiales afirman que unos 100 niños han sido devueltos a sus familias que esperaban en el lado marroquí de la frontera.

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Pero no todos van a volver. En la calle hay aún decenas de chavales malviviendo como fantasmas para evitar las batidas policiales. Tras tres días sin dar señales de vida, Maruan, de 16 años, marca el número de su madre. El chico, con la hebilla del cinturón de un gendarme marroquí estampada en la cara, le cuenta que está en Ceuta, que está bien. “Vuelve, hijo”, le pide ella tras interrogarlo. “¿Comes bien?, ¿Estás abrigado?, ¿Duermes bien?”. Maruan, que duerme en el puerto de Ceuta, miente y le dice a todo que sí. Se despide de su madre advirtiendo de que no volverá. Sus amigos del barrio, niños de chabolas que escuchan la conversación a su lado, están con él: “Nos vamos a Europa”. Es un desafío gigante para una ciudad diminuta, sin infraestructura, que ejerce de frontera europea en el continente africano.

La crisis de Ceuta es histórica, pero una vez más España no tenía un plan. El Ministerio de Derechos Sociales se ha apresurado a organizar un reparto entre las comunidades de los más de 200 niños que ya tutelaba Ceuta y así dar un respiro a la ciudad. Destinará cinco millones de euros para compensarlas y espera cerrar un trato la semana que viene. Las regiones que más deberían acoger, según el criterio del ministerio que tiene en cuenta población o niños ya acogidos, apenas tienen que hacerse cargo de 20 nuevas plazas. Son Madrid y Galicia, que han aceptado, pero no sin mostrar dudas y reparos.

Todas las fuentes consultadas ven en la iniciativa un buen primer paso, pero reconocen que no deja de ser un parche. Ese reparto no resuelve el problema en Ceuta. “España entera es una frontera y hay que tener en cuenta esta realidad para diseñar nuestras políticas públicas”, afirma Catalina Perazzo, directora de Políticas de Infancia de Save the Children. “Lo de Ceuta ha sido extraordinario, histórico, pero no puede seguir pillándonos por sorpresa cada repunte de llegadas. Nos pasa todos los veranos”, advierte.

Hace años que España necesita revisar su modelo de atención a los menores migrantes y evitar que las comunidades de entrada sean las que acaben asumiendo un número desproporcionado de menores en relación con el resto de autonomías. El problema explota en cada crisis. Y en Ceuta y Melilla siempre fue una reivindicación. Ahora está ocurriendo en Canarias que, con el repunte de cayucos en 2020, pasó a tutelar de golpe a 2.700 niños. Pero ya lo vivió Andalucía en 2018 cuando recibió un número histórico de menores en sus costas. Una vez más, la falta de un plan y de acuerdos para distribuir de forma más equilibrada las tutelas llevó a una intensa negociación que acabó en fiasco. En aquel momento había 11.000 niños y adolescentes en centros de acogida de toda España, concentrados en un puñado de territorios; pero, como ahora, las comunidades apenas se comprometieron a asumir un par de centenares.