Murcia: un sainete político con giro insólito
Los tránsfugas de Ciudadanos que frustraron la moción contra el PP se hacen con el control del grupo parlamentario de su antiguo partido
Un sorprendente estallido inicial, un enrevesado nudo de acuerdos, desencuentros y continuos giros de guion y un desenlace inesperado a la altura de la mejor sátira de Chesterton: la trama política de la Región de Murcia se ha complicado en este último mes hasta dar lugar a una situación insólita en el parlamentarismo español: tres políticos tránsfugas se han hecho con el control del grupo parlamentario al que traicionaron.
Primero fue la fallida moción de censura presentada el 10 de marzo por sorpresa por el PSOE y Ciudadanos contra el Gobierno del PP en la Asamblea regional. Después, el pacto alcanzado por el presidente murciano, el popular Fernando López Miras, con tres tránsfugas de Cs y tres diputados díscolos expulsados de Vox, para retener el poder. Y este viernes se producirá el último capítulo: la constitución de la junta de portavoces del Parlamento autonómico, con un consejero del Gobierno regional que dimite para apuntillar a su propio partido —o expartido, Ciudadanos— y con miembros del Ejecutivo en comisiones parlamentarias creadas para controlar al propio Gabinete. “En 20 años, lo que ha pasado en Murcia se estudiará en las facultades de Ciencias Políticas de todo el mundo”, augura Diego Conesa, secretario regional del PSOE.
En un clima en el que no parece haber quedado Gobierno y oposición, sino vencedores y vencidos, el panorama parece despejado para López Miras y sus socios durante la segunda mitad de la legislatura. Atrajo a sus filas a tres diputados de Cs —Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez— y ofreció consejerías a los tres díscolos de Vox —Francisco José Carrera, Juan José Liarte y Mabel Campuzano, que se puso al frente de Educación—. Pero, aun así, el presidente murciano apreció flecos en su mandato. Y este jueves ajustó la última tuerca de su trono: Francisco Álvarez dimitió de su cargo —que había asumido recientemente— de consejero de Empleo, Investigación y Universidades para pasar a ser portavoz del partido del que había sido fulminantemente expulsado: Ciudadanos.
El reglamento de la Cámara —que no obliga a un diputado expulsado por su partido a abandonar el grupo— sí declara incompatible el cargo de consejero y la portavocía parlamentaria. El grupo de Cs celebró una votación y Álvarez fue elegido portavoz con el apoyo de los otros dos diputados tránsfugas, el rechazo de los tres que se mantienen fieles al partido de Inés Arrimadas y la abstención clave de un sexto representante: Alberto Castillo, que es además presidente del Parlamento.
La principal impulsora de la fallida moción de censura contra el PP, Ana Martínez Vidal, coordinadora regional de Cs, asegura que la enrevesada jugada de Álvarez es “una maniobra perfectamente coordinada para hacerse también con el poder legislativo y desactivar la labor fiscalizadora y de control de la Asamblea”. En la formación que preside Arrimadas en Madrid consideran que Montesquieu y su separación de poderes han saltado por los aires. “A estos tránsfugas”, continúa la diputada murciana, “lo último que les preocupa es el bienestar de los ciudadanos”; y subraya que todo lo han hecho con la connivencia del presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, que va a ser “reprobado” por Cs, formación a la que pertenece, por permitir, con su abstención, “que un tránsfuga expulsado de un partido sea el portavoz de ese partido”. Álvarez defendió este jueves en declaraciones a EL PAÍS su maniobra para hacerse con la portavocía del grupo, aseguró que ha contado con la supervisión de los servicios jurídicos de la Cámara y argumentó que lo ha hecho para “desbloquear” el funcionamiento de la Asamblea murciana, paralizada, a su juicio, por la actitud de la dirección de Cs.
Con su portavocía, Álvarez se asegura que ninguno de los diputados arrimadistas pueda controlar las comisiones especiales o de investigación del Parlamento regional. Él, Franco y Miguélez forman parte de todas, incluida la que estudiará el protocolo seguido por la Consejería de Salud para la vacunación contra la covid-19. Es lo que en Murcia se conoce como el vacunagate, en el que cientos de funcionarios se inocularon la vacuna sin que les tocara por turno (incluido el consejero popular de Salud, Manuel Villegas, que tuvo que dimitir). “En las comisiones para controlar al Ejecutivo habrá consejeros del Gobierno”, critica el líder socialista, Diego Conesa. “Es una anomalía democrática, algo insostenible”.
Para Conesa, la Asamblea murciana está “corrompida e invadida por tránsfugas”. Todo lo sucedido exhala “un hedor a corrupción” que, en su opinión, “solo se puede limpiar con lejía democrática”. Es decir, “o con dimisiones regidas por la coherencia, la dignidad y la ética política” o con “la convocatoria de nuevas elecciones”. Para el socialista, ganador de los últimos comicios autonómicos, López Miras “ha roto las costuras democráticas” gracias a “las rencillas internas de Ciudadanos, que han destrozado el partido”.
En el PP simplemente señalan que a partir de mañana “se podrá retomar la actividad” de la Asamblea. Y achacan todo lo ocurrido a “la actuación de Ciudadanos” con su moción inicial. Los díscolos de Vox dicen que tienen “intención de dar estabilidad” y han reestructurado su participación en las comisiones, incluyendo en ellas al único diputado que sigue a las órdenes de Santiago Abascal, Pascual Salvador. Fuentes próximas a los tránsfugas de Cs aseguran que “el Gobierno ha salido reforzado en su unidad, en torno a unos objetivos comunes” y “por encima de personalismos y siglas”.
Con las placas tectónicas de la política murciana convertidas en dos bandos aparentemente irreconciliables, el terremoto de estas cuatro semanas parece haber dejado una desconfianza total. El río Segura ya no es la única cicatriz que atraviesa la Región de Murcia.
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