Las Cortes valencianas aprueban la ley de función pública tras un bronco debate por el requisito lingüístico

El pleno de Les Corts ha aprobado este jueves, por los votos a favor del Botànic (PSPV, Compromís y Podem) en contra de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox), la ley de Función pública valenciana, que entre otros puntos introduce el requisito de acreditar la competencia lingüística en valenciano.

La ley, que generó el día anterior un bronco debate a cuenta de la introducción del requisito lingüístico, que la oposición no comparte, establece un plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma para desarrollar reglamentariamente este requisito, previo informe favorable de la Consejería de Educación. La oposición prefiere que la acreditación de conocimiento de valenciano sea un mérito para el acceso a la función público pero no un requisito. Pese al rechazo del PP a la totalidad de la ley, la formación ha votado a favor o se ha abstenido en algunos de los artículos y algunas disposiciones.

Tras la aprobación de la ley, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha destacado que supone “el instrumento normativo que permitirá modernizar y transformar la Administración autonómica”, porque si los servicios públicos han sido “pieza clave durante la gestión de la pandemia, ahora han de ser el motor más esencial para la recuperación económica”.

La consellera ha señalado que esta ley acaba con la “anomalía” que suponía que la Comunidad Valenciana “fuera la única comunidad bilingüe que no tenía regulada la exigencia de capacitación lingüística” de sus plantillas públicas. “Por primera vez en 40 años, los valencianos y valencianas podrán dirigirse a la Administración en la lengua que deseen y nos equiparamos al resto de España”, ha destacado.

Bravo ha reivindicado que no es una norma que “mire única y exclusivamente al empleado público, sino que mira a toda la ciudadanía”, pues va a permitir la transformación de la administración de forma que los servicios públicos “estén gestionados por personal capacitado que impulse la recuperación económica”.

Ha indicado que la regulación permite “mayor flexibilidad en los procesos de selección” de personal y “atraerá al talento joven”, además de avanzar en derechos para las mujeres con medidas de acción positiva para garantizar la conciliación y que las trabajadoras puedan ejercer sus cargos y funciones sin ningún tipo de discriminación.

Por otra parte, el pleno ha convalidado, por los votos a favor del Botànic y en contra de la oposición, el decreto ley de medidas urgentes para impulsar la ejecución de infraestructuras para hacer frente a la pandemia de covid.

Además, se han rechazado las tres comisiones de investigación que la oposición pedía sobre supuestas irregularidades en la vacunación contra la covid y sobre los contratos para la construcción de los hospitales de campaña.

Insultos y descalificaciones

El miércoles, el debate del requisito lingüístico fue el gran protagonista en el parlamento, en el que se oyeron gritos, insultos y descalificaciones. Incluso un diputado de Cs llegó a reprochar al Botànic que quisieran “matarles”. Posteriormente, precisó que se refería a “matarles socialmente” ante la petición del presidente de la cámara, Enric Morera, de retirarlo.

El debate comenzó a subir de tono cuando la oposición protestó porque la diputada de Unides Podem, Estefanía Blanes, se refirió a la “lengua catalana que hablamos los valencianos” y le han pedido que retirara esta referencia.

“La ignorancia es tan atrevida”, aseveró Blanes entre gritos de diputados del PP, Cs y Vox, que hicieron referencia al Estatuto de Autonomía. El president de Les Corts, Enric Morera, intervino para pedir “un poco de educación” a la síndica del PP, Isabel Bonig, y le espetó que la diputada de UP: “Ha leído la definición de la Real Academia Española de la Lengua, vea usted qué barbaridad”, al tiempo que defendió que en la cámara “se respeta la libertad de expresión”.

El tono continúo elevado durante la réplica de José María Llanos (Vox), quien se preguntó “dónde ha quedado el estatuto de autonomía en esta cámara” y acusó al Botànic de “querer subyugar a los valencianos a unos inexistentes Països Catalans” que “es un compromiso de Vox que nunca existirán”.

También hubo cruce de declaraciones entre Nathalie Torres (Compromís) y Vicente Fernández (Ciudadanos). La diputada de la coalición acusó a Fernández de “cosmopaletismo” y se preguntó “qué diferencia hay entre su discurso radical o el de Vox”. Fernández replicó: “Hay medio millón de valencianos que me voten a mí o voten a otro, no quieren su hoja de ruta de odio”. “Lo que me pase a mí en dos años me importa bien poco, mientras esté aquí daré voz a las personas que me han votado”, ha aseverado.

El diputado de Cs criticó el “papelón” del PSPV con sus socios y también lanzó descalificaciones a diputados del Botànic a quienes llamó “pandilla de basura” y “atajo de sinvergüenzas”. “Ustedes lo que quieren es matarnos”, les manifestó, algo que Morera propuso retirar del acta. Fernández defendió que se refería a “matar socialmente y arrinconar”.

Por parte del PP, José Antonio Rovira espetó al Botànic: “Ya estoy harto, seis años y no habéis hecho nada. Habéis multiplicado los interinos y los queréis echar a la puta calle”. Mientras, Rosa Peris (PSPV), le afeó el “enchufismo” del PP, que fue el “cáncer de la administración pública”. Además, les reprochó que “no tienen proyecto” y que están “en caída libre”, pero “la que más” es su líder, Isabel Bonig, a la que “algunos le están cortando los cables del paracaídas”, dijo.

Por su parte, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) valoró ayer el “éxito” de la aprobación de la nueva Ley de Función Pública Valenciana este jueves, que hace que la jornada sea “un día de celebración para los partidarios de la democracia, del servicio público, de la igualdad lingüística y del bien común por encima de corporativismos y privilegios”.

ACPV ha señalado que la competencia lingüística para el acceso a la función pública valenciana es una reclamación que lleva defendiendo desde hace años y, en un comunicado, ha lamentado que, a pesar de que la Comunidad tiene dos lenguas oficiales, los valencianoparlantes sufren “situaciones de discriminación porque la administración pública, que teóricamente es de todo el mundo que paga impuestos y también teóricamente tiene que tratar por igual todos los ciudadanos, no entiende el valenciano”.