Un empresario asegura que pagó “sin cuestionar” el 1% de las obras que logró con el PP de Aguirre

El constructor Luis Gálvez, al que el extesorero del PP Luis Bárcenas acusó en febrero de haber entregado 60.000 euros en metálico para financiar la campaña electoral de 2007 de Esperanza Aguirre, ha negado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, haber entregado ese dinero, según varias fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. Gálvez, que declaraba como imputado, sí ha confirmado que su constructora, Ploder, recibió adjudicaciones del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, aunque ha resaltado que fueron pocas. Entre ellas, y como integrante de una unión temporal de empresas (UTE), la construcción y gestión por 35 años de un hospital en el barrio madrileño de Vallecas, una operación de más de 400 millones de euros, según el portal de contratación regional.

Este contrato incluía una cláusula para destinar el 1% de su importe a publicidad de las obras, lo que encarecía el coste para la Administración. El juez García-Castellón investiga en la pieza nueve del sumario, sobre la supuesta financiación irregular del PP madrileño, si ese dinero terminaba total o parcialmente desviado a la caja b de la formación regional y de sus dirigentes. Gálvez ha admitido este jueves que pagó “sin cuestionar” ese porcentaje a la empresa de publicidad que le indicó la Administración madrileña y que nunca comprobó si se hicieron los trabajos para los que supuestamente iba destinado ese dinero.

Gálvez, que ya figuraba en los papeles de Bárcenas, sobre la contabilidad paralela del partido nacional, como supuesto donante de 50.000 euros el 22 de febrero de 2008, acudía a la Audiencia Nacional a instancias del propio juez del caso Púnica, que consideraba su interrogatorio como imputado la única forma de “contrastar” la veracidad de las acusaciones que Bárcenas había lanzado contra él durante su declaración como testigo del pasado 24 de febrero. El extesorero del PP había asegurado entonces que presenció cómo el constructor entregó al entonces tesorero Álvaro Lapuerta, ya fallecido, un sobre con 60.000 euros en una reunión. “Nos dijo que quería que se emplease en la campaña electoral de Aguirre. Así que, una vez le despedimos, bajamos juntos al despacho de la primera planta y, en presencia de Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez [gerente del PP madrileño], Lapuerta le hizo entrega a Aguirre de un sobre con 60.000 euros. Le dijo quién era el donante, la cantidad y que, por favor, le llamase para darle las gracias”. La expresidenta de la Comunidad de Madrid y Granados lo han negado.

Este jueves, el constructor ha negado tanto el episodio relatado por el extesorero como haber entregado ningún tipo de donativo al PP o a otras formaciones políticas. Gálvez también ha desmentido que hubiera estado alguna vez en la sede de los populares de la calle Génova y que conociera a Bárcenas y a Lapuerta. Sobre Aguirre, aseguró que solo la conocía de haber coincidido con ella en algunos actos públicos. En este sentido, Gálvez ha insistido que su constructora consiguió más adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Fomento que de las consejerías de la Comunidad de Madrid, aunque ha recordado que su empresa se integró en la UTE que se hizo con el contrato para el Hospital Infanta Leonor, de Vallecas.

“Mecanismo” para “desviar fondos”

Según el auto de imputación de Aguirre en el caso Púnica, el magistrado sospecha que la cláusula del 1% que incluyó la Comunidad de Madrid en sus contactos fue, en realidad, “un mecanismo para desviar fondos públicos a favor del Partido Popular”. En ese documento judicial se recogía que la constructora de Gálvez había abonado por ese concepto 19.241,71 euros a las empresas del empresario Daniel Horacio Mercado, encargado de organizar numerosos actos de las campañas electorales del PP madrileño para las autonómicas de 2003, 2007 y 2011 en las que Aguirre encadenó tres mayorías absolutas. El empresario ha justificado ese pago en que en todos los contratos de la Administración madrileña existía este porcentaje y que él lo abonó “sin cuestionarlo”. También, que su compañía no decidía a quién se le encargaban esos trabajos de publicidad ni se preocupaba de comprobar que se realizaban.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda) remitió el pasado junio al juez del caso Púnica un informe pericial en el que constataba la “manifiesta ilegalidad” de la cláusula del 1% y concluía que supuso para las arcas públicas un perjuicio directo de 2,2 millones de euros, al que suma otro millón de euros en facturas pagadas por trabajos nunca justificados. La IGAE elaboró aquel informe a instancias del juez, que solicitó a la Consejería de Sanidad los expedientes completos de los contratos de construcción y explotación de 46 hospitales públicos y centros de salud que incluyeron el 1% en publicidad. Más de tres millones del dinero pagado por esa cláusula se lo terminaron embolsando las sociedades Over Marketing Comunicación, Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Marketing, y Link América, todas ellas propiedad del empresario Daniel Horacio Mercado.