La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía: “El Gobierno mantiene políticas migratorias restrictivas”

Muchos condicionantes han alterado el devenir migratorio en la frontera sur española en apenas un año: la pandemia, el control del Estrecho de Gibraltar o el conflicto marroquí en el Sáhara. Pero es, precisamente, el factor que no ha cambiado el que más indigna a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Diego Boza, coordinador general de la entidad, ha criticado este lunes que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos haya “incumplido su acuerdo de investidura de vías legales y seguras” para los migrantes. La APDHA ha condenado en su balance anual Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021 que el mantenimiento de las medidas restrictivas ha empujado a los inmigrantes a la ruta canaria en patera, más peligrosa y mortal.

“El Gobierno ha decidido abandonar cualquier proyecto de vías legales y seguras, que se encontraba en el acuerdo de coalición, y ha optado por la represión, la violación de los derechos humanos y la criminalización de las personas migrantes, como han hecho anteriores gobiernos del Partido Popular”, ha denunciado Rafael Lara, miembro del equipo redactor del balance. El histórico activista —que llegó a ir en las listas al Senado por Unidas Podemos para las generales de abril de 2019—se refiere al punto 11.4 del programa ‘Coalición progresista’ que rubricaron el PSOE y UP en diciembre de 2019 en el que ambos partidos recogían su intención de “promover una política europea de inmigración justa y solidaria a través de la articulación de vías legales y seguras”.

El acuerdo recogía también en ese mismo punto la promoción de nuevos pactos globales para las migraciones y los refugiados, la modificación del programa de solicitantes de acogida o la elaboración de una nueva Ley de Asilo. Sin embargo, Lara ha denunciado que el Ejecutivo haya dado una “respuesta coyuntural” al drama migratorio que se ha vivido en Canarias durante 2020 y donde este pasado domingo falleció una niña maliense de 24 meses, rescatada hace días en parada cardiorrespiratoria. “El Gobierno ha mantenido políticas restrictivas. Existe un alarmante continuismo e incumplimiento del acuerdo del Gobierno de coalición que mantiene una situación desde hace 30 años de sufrimiento y dolor”, ha denunciado Boza, en el transcurso de una rueda de prensa presencial y telemática.

El coordinador ha cargado también contra la Administración central para denunciar “la política terrible de apagón informativo”. De las 15 consultas que la ONG ha realizado para elaborar su informe anual —el primero del Ejecutivo de izquierdas—, solo una petición, la de la Delegación del Gobierno en Canarias ha tenido respuesta, según ha añadido Boza. “Habría que construir una alternativa para evitar tantas muertes”, ha apuntado el responsable. En su conteo —realizado con datos del Ministerio del Interior, de Cruz Roja y fuentes propias—, la APDHA ha constatado un incremento del 29% del número de personas que intentaron llegar irregularmente a España por su zona sur que engloba a Canarias, Baleares, la costa sur de la Península, Ceuta y Melilla. En total, son 41.861 migrantes, frente a los 32.513 de 2019, aunque lejos de los 64.298 de 2018, uno de los años más duros en las costas del Estrecho. De ellos, el informe contabiliza 23.023 personas llegadas a las islas Canarias, frente a las 2.786 del año 2019, lo que supone un incremento del 756,8%, seguido de las 10.206 llegadas de Andalucía.

“Tratar de contener las grandes fracturas que sufre el planeta a base de represión, militarización y criminalización, como intenta reiteradamente la UE y este Gobierno es un objetivo condenado al fracaso”, ha denunciado Lara. De hecho, el balance de más de 100 páginas pone de relieve el cambio que han sufrido los movimientos migratorios a España en algo más de un año, azuzados por distintos factores. “El espectacular incremento de llegadas a Canarias se debe al bloqueo en el Estrecho y el Mediterráneo pagado a Marruecos por la UE, al bloqueo provocado por el conflicto marroquí en el Sáhara Occidental y a la pérdida de modos de vida para los jóvenes por la covid en el norte de África y el Sahel que les hace querer emigrar”, ha resumido Lara.

El balance atribuye el incremento en Canarias al “conflicto bélico” que existe ahora mismo en el principal puesto fronterizo en el Sáhara Occidental con Mauritania, el Guerguerat. Si bien el interés del bloqueo responde a fines económicos, la realidad es que ha afectado al tránsito de personas migrantes”, apunta el informe. Al quedar cerrada esa ruta atlántica por el Guerguerat, “las salidas de pateras se producen desde Mauritania o el mismo Sáhara Occidental”, según ha detallado Lara. Igualmente, el informe asegura que otros migrantes han desviado miles de kilómetros su camino hacia la ruta central africana por lo que advierten una tendencia en aumento “de personas senegalesas, gambianas y guineanas en Argelia”, un estado envuelto también en una importante crisis política, social y sanitaria que provoca la huida de ciudadanos.

El incremento de llegadas en la ruta canaria, asociada a una mayor peligrosidad, ha llevado a la APDHA a registrar el mayor número de muertos y desaparecidos al año, desde que comenzó a elaborar sus informes a finales de los años 90. En total, con técnicas de conteo propio, ha contabilizado 1.717 finados: 637 cadáveres localizados y 1.080 desaparecidos. Por detrás de 2020 en número de vidas perdidas estaría el año 2006 con 1.167 personas y 2018 con 1.064, según la misma ONG. A falta de conteos oficiales, estos datos del drama migratorio son siempre dispares dependiendo de la fuente que los contabiliza. Frente a los 1.717 contados de la APDHA, la ONG Caminando Frontera eleva la cifra a 2.170 inmigrantes muertos mientras que la Organización Internacional para las Migraciones cuenta 618, aunque esta entidad internacional advierte de que sus números suelen estar infraestimados porque no pueden contrastar muchos de los casos.