Un gobierno de coalición a la greña por pliegos y contratos

Mario Gómez, primer teniente alcalde de Murcia por Ciudadanos hasta hace unos días, había sido desde 2015, cuando estaba en la oposición, una piedra en el zapato para el gobierno municipal en minoría que presidía el alcalde del PP, José Ballesta. Y siguió siéndolo tras los comicios de 2019 cuando la dirección nacional del partido naranja alentó un pacto de gobierno entre PP y Cs. Cuando Gómez se incorporó al Gobierno local se empeñó en que las licitaciones no tuvieran unas valoraciones subjetivas altas, del orden del 44% o 45% de la puntuación total, y aumentó el control sobre los contratos menores, los que permiten gastar presupuesto municipal sin necesidad de concurso público y que la ley permite para servicios y obras de urgencia, que no pueden planificarse. La desconfianza ha derivado en una crisis de convivencia de los dos socios. En cinco días, el 25 de marzo, se votará la moción de censura impulsada por PSOE y Cs en el Consistorio, murciano que, de prosperar, encumbraría al socialista José Antonio Serrano a la alcaldía.

La Intervención municipal apunta en su último informe que solo en contratos menores el Gobierno presidido por Ballesta gastó en 2019 cerca de 29 millones de euros de un presupuesto de 400. Son miles y en algunos se cuestiona su fraccionamiento. “La valoración global de la gestión económico-financiera desarrollada por el Ayuntamiento de Murcia en relación a la contratación menor es desfavorable, por no ajustarse a la normativa ni a los principios de buena gestión financiera”, recoge la Intervención General. Uno de los casos al que pone reparos el órgano de control es la adjudicación por parte de una concejalía del PP de 12 contratos menores de obras de asfaltado en Murcia — que antes se había contratado de forma conjunta— por 573.000 euros. Todos aprobados el mismo mes y con la cuantía límite que permite la ley, los 40.000 euros más impuestos. La concejalía replica que son diferentes áreas funcionales y se otorgan a diferentes empresas pero no se acepta la alegación.

Además, el grupo municipal socialista ha detectado en su tarea de oposición prácticas supuestamente irregulares en la adjudicación de otros contratos menores, donde descubrieron que los tres presupuestos exigidos eran empresas del mismo grupo, con el mismo domicilio social, entre otras anomalías.

El primer teniente de alcalde y responsable de contratación, sin competencias desde que se conoció su apoyo a la moción de censura, asegura que en la comisión de vigilancia a la contratación se ha descubierto “multitud de incumplimientos por parte de las empresas concesionarias”. Y añade: “Creo que estábamos haciendo bien nuestro trabajo, que era corregir el uso abusivo de contratos menores en el Ayuntamiento y conseguir que los pliegos municipales se rigieran más por criterios objetivos que subjetivos”.

Fuentes municipales del entorno del alcalde acusan, por el contrario, a su socio de gobierno desde 2019 de paralizar la contratación municipal. “El Tribunal de Derechos Contractuales le ha llamado la atención por ello”. El edil de Ciudadanos replica: “Es posible que se hayan atrancado ciertos pliegos porque entendía que las bases podían beneficiar a alguna empresa a sabiendas. No se trataba de retrasarlo sino de hacer las cosas bien”, añade. Poco a poco la relación con el alcalde del PP y socio en el ejecutivo se fue enturbiando y estalló cuando Gómez acudió el año pasado a la Policía porque se sentía acosado por su labor en el Consistorio. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) le pidió que fundase su relato y el político entregó tres gigas de documentación con presuntas anomalías en la contratación municipal que están investigándose.

Murcia es “laboratorio” del giro político de Inés Arrimadas y del PSOE, sostiene el entorno de Ballesta, que atribuye la moción a asuntos ajenos al Consistorio. Y explica los ataques de Cs y socialistas en clave de lo que recoge una grabación interna —que publicó el periódico La Verdad— de una Ejecutiva de los socialistas de Murcia, en la que su secretario general, Diego Conesa, pedía “estirar el chicle de la corrupción” del PP. “Todo lo demás son excusas”. También insisten en que si lo que sucedía en el Ayuntamiento es el motivo real de la moción del día 25 deberían de haberla presentado cuando Gómez denunció a la Policía coacciones y presiones.

El edil de Cs apunta que no están en el Ejecutivo local “para ser cómplices de una pésima gestión sino para sacar la corrupción de la Administración. Es lícito hacer una moción de censura porque los gobiernos se componen de mayorías y esas mayorías se producen en función de acuerdos entre los partidos. Y lo hemos intentado, el PP no ha estado a la altura, así que hemos decidido cambiar de socios de gobierno”.