Los diputados de Vox rechazan el Código Ético del Congreso y evitan detallar sus contratos y regalos

Los 52 diputados de Vox en el Congreso han rechazado este martes detallar las actividades realizadas y los regalos recibidos durante los cinco años anteriores a asumir el cargo. En su lugar, todos los miembros han rellenado sus declaraciones de intereses con la misma fórmula, declarando que su actividad está siempre al servicio del “interés superior de España” y en ningún caso se puede ver condicionada por otros factores. La formación ultra desoye así el Código Ético de la Cámara Baja, aprobado el pasado octubre, que obliga a los diputados a acatar una serie de normas para que sus actividades sean más transparentes.

No es la primera vez que el partido de Santiago Abascal desprecia el Código Ético de las Cortes Generales. El pasado 14 de octubre, Vox lo tildó de “código de sospecha”, ya que supone, en su afán de transparencia, “una presunción indecorosa y casi ofensiva para la institución y sus miembros”.

El Congreso ha publicado este martes las declaraciones de intereses económicos que, por primera vez, han tenido que registrar todos los miembros de la Cámara en aplicación de dicho Código. El objetivo es que cada diputado detalle las actividades que desarrolló en los cinco años anteriores a la obtención del escaño y que puedan “condicionar” su actividad política o le hayan “proporcionado ingresos económicos”, así como los obsequios recibidos o las fundaciones a las que hayan contribuido. La nueva normativa entró en vigor el pasado 1 de octubre, salvo la parte relativa al registro de las declaraciones de intereses, ya que se acordó dar de plazo hasta el 15 de febrero para presentarlas.

El Congreso ya tenía un código ético desde 2019, pero no el Senado. Ante la necesidad de dotar a la Cámara alta de un instrumento de este tipo, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), se decidió aprobar una única guía de conducta para diputados y senadores. El texto contó con el respaldo de todos los grupos, salvo Vox.

La formación de Abascal, que se presenta como regenerador de la vida pública frente a la corrupción, se ha opuesto a cualquier avance en la transparencia que vaya más allá de la normativa vigente. Vox ya apuntó, el pasado octubre, que la obligación de presentar una declaración de intereses económicos “socava la presunción de honorabilidad de los miembros de las cámaras”. Como máximo, Vox se mostró dispuesto a aceptar una “declaración de intereses profesionales” para aquellos parlamentarios que pidan compatibilizar el escaño con una actividad privada.

Vox también se opuso a que los parlamentarios tengan que hacer públicas sus reuniones con representantes de los grupos de interés o lobbies, como figura en el Nuevo Código del Congreso. El partido ultra alegó que la obligación de que diputados y senadores publicasen su agenda de citas en el portal de transparencia “penaliza la parte sustancial de la tarea representativa del parlamentario”.

“Al servicio de España”

Los diputados de la formación ultra han dado este martes portazo al trámite utilizando un mismo alegato: “Ninguna de las actividades desarrolladas por mí durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente tal y como juré en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados”.

Los diputados de Vox tampoco detallan las organizaciones con las que colaboran y se limitan a señalar que durante los últimos cinco años han realizado “pequeñas aportaciones y tareas de voluntariado a entidades benéficas, de ayuda social y promoción cultural y educativa”. En cuanto a las actividades que les hayan proporcionado ingresos, se remiten a las declaraciones de bienes que todos los diputados deben rellenar al acreditarse en la Cámara y que son públicas.

Respecto a los regalos, todos los miembros de Vox aseguran no haber recibido ningún obsequio “de especial consideración y valor”. Los de Abascal señalan que han recibido “exclusivamente” los obsequios propios de la “relación familiar, amistosa o social sin alcance material relevante” e insisten en que “ningún regalo es susceptible de condicionar su práctica parlamentaria”. El nuevo Código de las Cortes prohíbe a los parlamentarios aceptar regalos, favores o servicios que les ofrezcan por su cargo o que busquen influir en su labor parlamentaria. Eso ya regía para el Congreso, pero ahora se especifica que tampoco podrá aceptarlos “su entorno familiar”. Además, la norma añade que los obsequios nunca podrán superar los 150 euros.

Los diputados del PSOE también han recurrido a fórmulas iguales para todo el grupo, aunque en su caso los socialistas sí relacionan sus anteriores trabajos y entidades a las que hacen donaciones, y luego se limitan a añadir que han recibido “regalos y obsequios normales dentro de los usos familiares y sociales”, que no han condicionado, aseguran, su actividad política, ni constituyen conflicto de interés.