El Gobierno no recurrirá la sentencia que le obliga a indemnizar a los Franco por Meirás

El alcalde de Sada avisa de que “los grandes beneficiados” de esta decisión “inexplicable” son los nietos del dictador. La familia sí recurrirá el fallo de la Audiencia para recuperar el pazo

María del Pilar Paneque, subsecretaria de Hacienda (izquierda), recibe la llave de Meirás de manos de Consuelo Castro, jefa de la Abogacía del Estado, el pasado diciembre.
María del Pilar Paneque, subsecretaria de Hacienda (izquierda), recibe la llave de Meirás de manos de Consuelo Castro, jefa de la Abogacía del Estado, el pasado diciembre.ÓSCAR CORRAL

La Abogacía del Estado no recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que confirma que el pazo de Meirás es propiedad del patrimonio público, pero que rechaza que los herederos del dictador Francisco Franco sean poseedores de “mala fe” y confirma su derecho a recibir una indemnización por los gastos contraídos desde 1975. El Ministerio de Justicia ha confirmado la decisión y la sostiene en que el fallo es “favorable” a los intereses del Estado. En cuanto a la indemnización, ha indicado que el procedimiento es que los Franco planteen una cuantía. “Y sobre esa cantidad se valorará”, ha informado un portavoz a Europa Press.

El abogado de la familia del dictador, Luis Felipe Utrera-Molina cifró recientemente en un importe “sensiblemente superior a 800.000 euros” la indemnización que correspondería a sus clientes por “la reconstrucción” del inmueble. El edificio sufrió un aparatoso incendio en 1978, que arrasó buena parte de los salones y habitaciones del lateral dominado por la torre de La Quimera. Tal y como la propia sentencia recoge, la viuda de Franco, Carmen Polo, ya recibió de la aseguradora 13 millones de pesetas en el momento del siniestro, cuya causa siempre estuvo envuelta en el misterio pese a que se dio la versión oficial de un cortocircuito.

Después, según explicó un testigo propuesto por la familia en el juicio del pasado verano, el pazo permaneció sin restaurar durante dos décadas y la hija del militar, Carmen Franco, decidió acometer las obras con el cambio de siglo. El declarante improvisaba un cálculo ante la juez y decía que las obras habrían costado “del orden de 100 millones de pesetas”, pero en el juicio no se presentaron facturas de gastos. Utrera-Molina avanzó que la cifra de 800.000 euros que ahora estiman se vería aumentada de forma “muy considerable” al incluirse tanto los gastos de mejora como los de conservación hasta el año 2020, “impuestos incluidos”.

Frente a la tesis del Estado, el Ayuntamiento de Sada ya avanzó su intención de presentar recurso al discrepar de la sentencia en relación a que no hubo “mala fe” por parte de los herederos de los Franco (la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña sí consideró que la hubo) y los argumentos de la Audiencia sobre la liquidación del estado posesorio. El alcalde del municipio coruñés en el que se ubica el pazo, Benito Portela (Sadamaioría) ha censurado la “conformidad” de la Administración General del Estado con la sentencia y su decisión de no recurrir, a pesar de que se trata de una parte “especialmente relevante” y que “puede tener repercusiones también sobre la pretensión principal del proceso”.

“No recurrir ese apartado de la sentencia es prestar conformidad a un argumento que no solo es contrario a los hechos probados, sino también al propio contenido de la demanda de la abogacía del Estado”, defiende Portela. Para el regidor de Sada, los herederos del dictador son “los grandes beneficiados” de la decisión del Estado. Una opción, la de no recurrir, “inexplicable” para los servicios jurídicos del Ayuntamiento tanto jurídicamente como “desde la coherencia” defendida en el propio proceso. Por su parte, los Franco ultiman el recurso que presentarán ante el Tribunal Supremo, confiados, según ha expuesto su letrado, en que la Justicia les acabe dando la razón y puedan recuperar el inmueble.


“Un insoportable tufo franquista”

Además del alcalde de Sada, otras voces se han levantado esta tarde contra la decisión del Gobierno central de no recurrir la sentencia. El diputado del BNG portavoz en materia de Memoria Histórica en el Parlamento gallego, Luís Bará, anuncia que su formación presentará una iniciativa para instar a la Xunta a recurrir como parte personada. El Gobierno gallego todavía no ha decidido si llevará a cabo alguna acción, a pesar de que en sus conclusiones durante el juicio el abogado de la Administración autonómica pidió expresamente que el pazo fuera devuelto sin coste. “Si Meirás fue adquirido con el dinero y el sudor del pueblo, debe ser devuelto al pueblo”, clamaba entonces el letrado Carlos Abuín, y citaba el poema El hambre de Miguel Hernández para describir la miseria de la época.

El fallo de la Audiencia de A Coruña, para el parlamentario nacionalista, “despide un insoportable tufo franquista”, ya que son los Franco los que tendrían que pagar “por todo lo que robaron” y no Galicia “dos veces”. La sentencia, que contradice en aspectos fundamentales a la de la juez de Primera Instancia Marta Canales, valora los hechos “a beneficio de los Franco”, dice Bará, por la indemnización que les reconoce y por el hecho de que lo haga desde 1975 “y no desde 2018″ cuando los nietos heredaron los bienes familiares al morir la hija del dictador, Carmen Franco.

La Audiencia de A Coruña, con esta sentencia, busca “legitimar y blanquear el franquismo”, lamenta Bará. Y apuntala, dice, una situación histórica sobre la que el BNG plantea pedir “responsabilidades a todos los poderes del Estado que desde 1975 favorecieron y protegieron los intereses de los Franco”, como el propio Juan Carlos I, señala.

La propia Audiencia de A Coruña dedicaba un extenso apartado de la sentencia conocida el viernes a justificar en la Transición las “concesiones” de las que se benefició después de la muerte de Franco su viuda. Si durante la dictadura todos los gastos y todas las obras de engrandecimiento de las torres de Meirás corrían por cuenta del dinero público, con el cambio de régimen se trató de “no molestar” a los franquistas con “generosas renuncias”. Así, recordaba el tribunal de la sección tercera, compuesto por los magistrados María Josefa Ruiz Tovar, María José Pérez Pena y Rafael Jesús Fernández-Porto, no solo no se planteó el dominio público de la propiedad sino que hubo Guardia Civil en el lugar, para servicio exclusivo de la familia del dictador, hasta 1990.

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