El circo político de la caja b

Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo que juzgó el desafío independentista catalán, no estaba este lunes en el centro del tribunal, ni Javier Zaragoza iba a conducir el ataque de los fiscales. En su lugar, un juez de perfil bajo y un fiscal que en algún momento pareció jugar de defensa. Para colmo, “don Luis” o “el señor Bárcenas” —así lo llamaba alternativamente su abogado— tenía mala cara. Se había esforzado en lucir su palmito de siempre —corbata oscura, gemelos en los puños de la camisa, un pañuelo blanco asomándose por el bolsillo delantero de la americana—, pero se notaba que el barbero de la prisión no le acaba de pillar el corte y además lucía unas ojeras oscuras sobre la mascarilla negra. ¿De dónde vendría entonces el espectáculo en el primer juicio mediático del año? No tardó en saberse:

— A mí no me gusta generar ningún tipo de circo —advirtió el abogado Gustavo Galán a modo de aviso—, pero sería ilógico no solicitar que testificara don Mariano Rajoy. Y si existiese contradicción en su testimonio, que se le sometiese a un careo con el señor Bárcenas.

Por si quedase alguna duda de que a él, al letrado del extesorero del Partido Popular (PP) que cogió su defensa hace apenas un mes, no le gusta nada el circo, pidió que testifiquen tres periodistas a los que hasta ahora nadie había recurrido para investigar lo ocurrido con la financiación ilegal del PP.

Gustavo Galán solicitó al juez que incluya en la lista de testigos a un periodista al que se considera dueño de un secreto de ultratumba. El reportero en cuestión grabó hace muchos años una conversación con Álvaro Lapuerta, fallecido en 2018, en la que el tesorero del PP durante 15 años le confesó supuestamente que él en persona le regalaba periódicamente al presidente José María Aznar libros entre cuyas páginas introducía billetes procedentes de la caja b del partido. Una grabación a modo de prueba definitiva de lo que Bárcenas lleva gritando siete años: que los principales dirigentes del PP cobraban cada trimestre unos sobresueldos en metálico que procedían de la caja b alimentada por las donaciones ilegales de empresarios contratistas de la administración.

No estaba mal para una jornada, la primera, destinada a dilucidar las cuestiones previas del juicio. Entre ellas, un posible aplazamiento para permitir que uno de los acusados, el exgerente del PP, Cristóbal Páez, se pueda recuperar de una infección de covid.

El presidente del tribunal, José Antonio Moral, pidió que se estableciera conexión con su domicilio:

— ¿Se encuentra usted bien? ¿Tiene fiebre? —le preguntó el juez.

— Unas veces 38 y otras 39 —respondió el acusado.

— Bueno, que se mejore. Así puede usted seguir el juicio.

En la sala de vistas, para evitar contagios, no hay público ni periodistas. Solo los jueces, los acusados —cuatro este lunes y cinco cuando Cristóbal Páez se recupere—, sus respectivos abogados defensores, el fiscal, las abogadas del Estado y una legión de letrados de las acusaciones populares.

A ellos se dirigieron, con bastante dureza en algunos casos, los abogados defensores. El primero en ponerlos a caer de un burro fue el abogado de Belén García, la administradora de la empresa que reformó la sede del PP en el número 13 de la calle de Génova y cobró una parte importante de los trabajos en dinero negro que no declararon a la Hacienda Pública, según ha acreditado la investigación con numerosa documentación oficial y, ahora, con el testimonio del propio Bárcenas. Dijo que sus colegas de la acusación popular han incurrido en fallos que no comete ni “un estudiante de segundo de Derecho” ni siquiera “un peón caminero”.

Nada comparable, en cualquier caso, con la intervención de Jesús Santos, el abogado defensor del PP, el partido que vuelve a jugarse su prestigio en este envite judicial. Santos Alonso fue durante muchos años fiscal de la Audiencia Nacional, a donde llegó en 1989 para sustituir a Carmen Tagle, asesinada por la banda terrorista ETA. Tras llegar a desempeñar durante años el cargo de teniente fiscal, en 2012 decidió abandonar la carrera e integrarse en un importante bufete de abogados. Uno de sus clientes es el PP, un partido que desde hace muchos años —primero con José María Aznar, después con Mariano Rajoy y ahora con Pablo Casado— suele poner en práctica un manual de comportamiento para situaciones de crisis un tanto peculiar. El espíritu puede resumirse en una frase: “La culpa siempre es de los demás, sobre todo si es nuestra”.

Hay una retahíla de hechos históricos —de la marea negra del Prestige al accidente del Yak-42 pasando por la guerra de Irak— donde se puso en práctica esa táctica. Y la forma de aplicarla se basa fundamentalmente en negar la realidad y perseguir al que discrepa.

El abogado Jesús Santos, a media mañana en la Audiencia Nacional, y Pablo Casado, un poco antes en los micrófonos de Onda Cero, volvieron a echar mano de la vieja estrategia. El letrado Santos hizo un ataque descarnado a sus colegas de las acusaciones populares, uno por uno, acusándolos de “finalidades espurias [ese sinónimo fino de “bastardas”] dadas sus vinculaciones políticas”.

Llama la atención en el abogado de un partido que también suele presentarse como acusación popular en los casos que, como el de los ERE de Andalucía, afectan a sus rivales políticos. El mismo partido que en el caso Gürtel se presentó como acusación popular y fue expulsado del procedimiento por el juez Pablo Ruz al entender que, en realidad, se dedicaba a defender a dos de los imputados, el extesorero Luis Bárcenas y el exdiputado Jesús Merino.

Por el mismo camino del abogado del PP ha transitado este lunes el presidente de la formación conservadora, Pablo Casado, en la entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero. El actual líder del partido deslizó la idea de que detrás de la filtración de las nuevas acusaciones de Bárcenas no está el extesorero, como parece claro, sino la Fiscalía General del Estado en manos de Dolores Delgado. Una acusación gruesa sin ninguna prueba que delata el nerviosismo que las amenazas de Bárcenas han provocado en el Partido Popular.

En un momento del juicio, irrumpe entre los abogados una funcionaria de la Audiencia Nacional que va dejando en las mesas unos folios grapados. Es la respuesta de la Fiscalía Anticorrupción al escrito de Bárcenas... y a las acusaciones de Casado.

El escrito relata cómo llega a la Fiscalía Anticorrupción la confesión del extesorero y como ese documento también se traslada a la Audiencia Nacional. A continuación, la Fiscalía recuerda las circunstancias de la Ley ante confesiones realizadas unos días antes del comienzo de un juicio oral. Una colaboración con la justicia a tiempo puede acarrear unos beneficios determinados para el acusado. Pero de momento, explica la Fiscalía Anticorrupción en su nota repartida durante la primera jornada del juicio, Luis Bárcenas no ha aportado grandes novedades respecto a lo que siete años de investigación judicial ha dejado en el sumario.

Pero todavía es pronto. El abogado de Bárcenas ha amenazado en el primer día de juicio con nuevas revelaciones sobre la caja b.