La Laguna paraliza las obras de dos campamentos para inmigrantes alegando motivos urbanísticos
El Ayuntamiento tinerfeño, gobernado por el PSOE, dice que las obras en los dos cuarteles no tienen licencia y que el uso como centro de acogida “no es compatible” con el planeamiento
El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (norte de Tenerife) ordenó este miércoles paralizar los trabajos que se están realizando en terrenos militares para montar dos campamentos de acogida para inmigrantes con 3.250 camas. La Gerencia de Urbanismo mantiene que las labores de desbroce, movimiento de tierras o asfaltado que se están llevando a cabo en los acuartelamientos de Las Raíces y Las Canteras no fueron comunicadas, no han seguido el procedimiento con el que el Estado debe presentar un proyecto y pedir un informe urbanístico al Ayuntamiento y amenaza, por tanto, con precintar las obras. “Esas intervenciones además de necesitar autorización urbanística están encaminadas a un uso no previsto y no compatible con la ordenación de nuestro municipio”, afirman en el consistorio. En la mañana de este jueves, técnicos municipales han acudido a los dos acuartelamientos para notificar la orden de paralización de las obras y su precinto en caso de no acatarla, según la corporación local.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), se enteró por la prensa de que se instalarían en su municipio los dos campamentos para inmigrantes. En Tenerife, adonde ha llegado aproximadamente un 20% de los casi 20.000 migrantes que han desembarcado este año en las islas, se concentra el mayor despliegue de plazas de emergencia para abordar la crisis de acogida que vive Canarias. El cuartel de Las Canteras tiene previsto alojar entre 1.600 y 1.800 personas en naves y módulos y el de Las Raíces, cerca de 1.450 en carpas. Ambos terrenos, cedidos por Defensa a la Secretaría de Estado de Migraciones (el de Las Raíces de forma temporal), se encuentran en La Laguna, un municipio de 155.000 habitantes.
El concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, mantiene que “la ley estatal del suelo prevé que en circunstancias de emergencia, el Gobierno de España pueda realizar este tipo de actuaciones, pero cuando requieran licencia urbanística es necesario remitir el proyecto al Ayuntamiento para que este informe en el plazo de un mes sobre la compatibilidad, o no, de los usos previstos y de las obras a realizar con el planeamiento general del municipio”. Y en este caso, afirma, “no son compatibles”.
“Si el Gobierno de España persiste en su decisión de ejecutar estas obras, tiene que iniciar un procedimiento para la modificación del planeamiento, previo informe del Gobierno de Canarias”, ha mantenido el concejal. La Secretaría de Estado de Migraciones está trabajando en el asunto y asegura que existe una declaración de emergencia que respalda la adecuación de estos espacios. Está aún por ver en qué tiempos podrá resolverse esta cuestión y si acabará, efectivamente, paralizando y retrasando las obras en ambos cuarteles, dos lugares claves para cumplir con el plan de Migraciones de crear 7.000 plazas de acogida en las islas y poder vaciar así los hoteles que ejercen actualmente de alojamiento para los recién llegados.
Las autoridades locales reafirman su “orientación y compromiso progresista” además del respaldo al Ejecutivo central. El alcalde también llegó a ofrecer el pasado mes de junio a la Delegación del Gobierno cinco ubicaciones alternativas, entre ellas un colegio, un pabellón deportivo y un terreno municipal de 5.000 metros cuadrados, para participar en la acogida de población migrante, “de acuerdo con un criterio de solidaridad” y para “evitar” la creación de “grandes macrocentros para personas” cuyo planteamiento no comparte.
El Ayuntamiento destaca que la legislación canaria permite a los Ayuntamientos autorizar con carácter provisional y discrecional usos que no sean compatibles con la ordenación urbanística del municipio y que estaría dispuesto a permitirlo. Pero con una condición: “Pedimos que la acogida de migrantes de nuestro municipio responda a un principio de equidad en la distribución de esas personas en el territorio de toda nuestra comunidad autónoma. El mismo principio de equidad que las autoridades canarias están exigiendo con respecto al resto del país y con respecto a los territorios que integran la Unión Europea”.
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