Las primarias de Vox acaban en los tribunales

Las elecciones primarias de Vox, rodeadas de múltiples denuncias de irregularidades, han acabado en los tribunales. La candidatura crítica de Granada encabezada por el abogado y empresario Ignacio Pozo, a la que no se permitió presentarse, ha planteado una demanda civil en los juzgados de la capital andaluza en la que reclama la nulidad del proceso electoral de Vox en la provincia y una indemnización de 120.000 euros por no haberse respetado las mínimas garantías democráticas.

Si el juez atiende a sus argumentos, la sentencia podría afectar a las primarias de Vox en toda España, pues pide que se declare nulo el acuerdo del Comité Nacional presidido por Santiago Abascal que las convocó el pasado 31 de agosto. Además de Granada, candidaturas críticas de varias provincias han adelantado su intención de recurrir también a la justicia.

Tras haberlas aplazado apelando a la pandemia, Vox convocó tras el verano elecciones primarias en 19 provincias, las únicas que cumplían el requisito de tener más de 500 afiliados, pero finalmente redujo el proceso electoral a solo siete, con el argumento de que únicamente en ellas más de una candidatura obtuvo el requerido aval del 10% de los afiliados. Antes el aluvión de quejas, el Comité Electoral de partido ultra ordenó que las votaciones se repitieran en tres provincias (Jaén, Alicante y Málaga), aunque en la primera de ellas la crisis interna llevó a que se retiraran todas las listas y se nombrara una gestora.

En Granada, se declaró directamente ganadora a la candidatura oficial, encabezada por Manuel Marín Montero, presidente desde abril de 2019 de la gestora nombrada a dedo por Madrid. El Comité Electoral alegó que la lista de Pozo tuvo 73 avales (cinco menos de los 78 necesarios para llegar al 10%). En realidad, recibió 88, diez más de los requeridos, pero el CEL le anuló 15, sin ofrecer ninguna explicación coherente y negándose a aportar copia de los avales que consiguió cada candidatura, con el argumento de que técnicamente no era posible. Tampoco se permitió la presencia de interventores u observadores de las listas no oficiales en el recuento.

La demanda sostiene que las candidaturas oficiales conocían de antemano la fecha de las primarias, lo que les permitió adelantarse en la recogida de avales, y que utilizaron en su beneficio el censo oficial de afiliados, del que no disponían los críticos, para llamarles y mandarles mensajes de WhatsApp masivos en los que les solicitaban “coactivamente y bajo engaño” su respaldo. Además, aportan documentación que demuestra que al menos nueve concejales y un parlamentario autonómico de Vox apoyaron públicamente la lista oficial, incumpliendo la norma que exigía neutralidad a los cargos públicos. Incluso la vicepresidenta de la gestora provincial adelantó por las redes sociales el resultado del cómputo de avales antes de que se conocieran.

Por su parte, el Comité Electoral no cumplía la exigencia estatutaria de neutralidad pues una de sus vocales, la vicesecretaria jurídica Marta Castro, pertenece al Ejecutivo de Abascal; y otro, Juan Cremades, era candidato por Barcelona en las mismas primarias.

La demanda recuerda que, según ha dejado claro el Supremo, basándose en la Constitución y la legislación sobre partidos políticos, su “estructura interna y funcionamiento han de ser democráticos”. Abascal ha sugerido que estas podrían haber sido las últimas primarias de Vox para renovar sus directivas provinciales (el partido ultra no tiene estructura autonómica) y que en adelante todos sus cargos territoriales podrían ser designados desde Madrid, para evitar la “zozobra y el enfrentamiento” que causan estas elecciones.