El Ejército quiere descongestionar Madrid y llevar bases a la España vaciada

El Día de las Fuerzas Armadas 2020, que finalmente tuvo que suspenderse debido a la pandemia de coronavirus, estaba previsto el pasado 30 de mayo en Huesca. El Ministerio de Defensa eligió esta ciudad para exhibir el éxito de una operación sin precedentes: el traslado del Cuartel General de la División Castillejos desde Madrid al Prepirineo aragonés.

En marzo de 2017, el Ejército clausuró el acuartelamiento oscense de Sancho Ramírez, dispuesto a desprenderse de él. Tres años después, no solo ha recuperado la actividad de entonces sino que tiene más proyección que nunca: desde allí se dirigirán las seis brigadas comprometidas por España con la OTAN y los 150 efectivos que ya tiene aumentarán en unos meses hasta sumar 750. No solo fue una rectificación en toda regla, sino el inicio de una nueva política: el retorno de las bases militares al entorno rural, convirtiéndose en motor de dinamización de la España vaciada.

“Descongestionar Madrid” es una las directrices del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Francisco Javier Varela. El 30% de sus efectivos están desplegados en la comunidad autónoma, donde cuenta con más de 30 centros de todo tipo, incluidas dos brigadas, tres cuarteles generales y seis regimientos. La mayoría de estas unidades carece de campos de maniobras adecuados en sus inmediaciones, por lo que se tienen que trasladar a otros municipios o provincias para poderse adiestrar, lo que multiplica el gasto en dietas y desplazamientos.

En las últimas décadas, el Ejército ha ido concentrando sus efectivos en grandes bases de brigada pero esta política, reconocen fuentes militares, ha tenido un efecto indeseado: limitar el reclutamiento de soldados a unas pocas provincias y abandonar amplias zonas de España. “El despliegue del Ejército tiene un efecto vertebrador, da visibilidad a la presencia del Estado en todo el territorio, y permite su rápida intervención en apoyo a las autoridades civiles, como se ha demostrado con la Operación Balmis”, de lucha contra la pandemia, agregan las mismas fuentes. Las imágenes de militares enfundados en los EPI, desinfectando hospitales y residencias de mayores, ha sido la mejor campaña publicitaria de las Fuerzas Armadas en décadas.

El retorno del Ejército a la España rural también tiene ventajas prácticas: el coste de la vida es muy inferior al de las grandes ciudades, lo que supone un atractivo para un personal con sueldos exiguos, y las autoridades de zonas amenazadas por el desierto demográfico los reciben con los brazos abiertos, como si les tocara una lotería con efectos multiplicadores sobre el consumo y el empleo. Pero también presenta problemas.

Cambiar de residencia siempre supone un sacrificio y no hay incentivos económicos para los militares cuyas unidades se trasladan. Quienes se mudan con ellas no reciben más apoyo que el previsto para un cambio de destino ordinario y los que optan por quedarse tienen prioridad, pero solo por tiempo limitado y si hay vacante, para obtener plaza en otra unidad de su misma localidad.

Tras Huesca, la siguiente gran operación sobre la mesa es Zamora. El Ejército he hecho un estudio para trasladar dos batallones (1.086 efectivos en total) a Montelarreina, cerca de Toro, donde posee un acuartelamiento de 42 hectáreas y un campo de maniobras con 1.194 hectáreas. Hace años que están catalogados como “propiedades innecesarias”, pero Defensa no ha conseguido venderlos y el Ejército se plantea recuperar su uso.

El traslado se ha convertido en una reivindicación de todas las instituciones locales (Ayuntamiento, diputación y Junta de Castilla y León) y el presidente Pedro Sánchez lo llegó a prometer durante la campaña electoral de las últimas generales. “Montelarreina solo será realidad si es el PSOE quien gobierna”, llegó a decir el 24 de octubre en un mitin en Zamora. Se calcula que el traslado tendría un impacto del 1,16% en el PIB provincial y fijaría a una población de 4.000 personas; entre militares, personal civil contratado y familias.

El problema es el coste: el estudio que ha hecho el Ejército cifra en 85,5 millones la cantidad necesaria para trasladar un regimiento desde Madrid a Zamora. Cien millones redondeando, si se incluyen gastos complementarios. La operación Huesca costó 11 y fue sufragada íntegramente por el Ejército. “No tenemos ese dinero”, admiten fuentes militares, “no disponemos de fondos para acometer grandes infraestructuras, ni siquiera para mantener dignamente las que tenemos”. No es solo un pretexto: algunos cuarteles “amenazan ruina”, expresión literal, y otros no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad.

Los planes del Ejército también prevén el traslado de un regimiento desde Madrid a Castrillo del Val (Burgos), ampliando la base Cid Campeador, pero su proyecto estrella es la construcción de la base logística, un gran centro que unifique una docena de instalaciones de mantenimiento dispersas por toda la geografía. Toledo, Talavera de la Reina, Jaén, Huete (Cuenca) o Aguilafuente (Segovia) ya han entrado en la disputa por albergar unas instalaciones que generarán 1.600 empleos cualificados entre mecánicos, electricistas y otros oficios.

A largo plazo, la base logística supondrá un importante ahorro, al evitar que un vehículo tenga que peregrinar por distintas instalaciones para completar su puesta a punto, pero su construcción requiere una inversión que con los actuales presupuestos no se puede acometer: 350 millones.

El Ejército de Tierra dispone actualmente de 236 propiedades catalogadas como innecesarias; 140 urbanas, muchas en el centro de grandes ciudades. Su venta podría ser una importante fuente de ingresos con los que financiar estos traslados. El problema es que los cuarteles no se pueden vender mientras no se vacían y no se pueden vaciar hasta que no se dispone de un nuevo emplazamiento. La pescadilla que se muerde la cola.

El mercado inmobiliario no ha recuperado los niveles previos a la crisis de 2008 y Defensa ni siquiera se atreve a despojar de carácter militar a inmuebles inservibles para no tener que pagar el IBI. Fuentes militares apuntan la posibilidad de buscar financiación en los fondos europeos de desarrollo regional (Feder) y de cohesión, que se han marcado como prioridad la lucha contra la despoblación, pero portavoces de la Comisión Europea recuerdan que las inversiones militares no figuran entre los proyectos que pueden beneficiarse de estas ayudas.