La trama Kitchen se desvinculó ante el juez del asalto del falso cura: “Es una película de Alfredo Landa”

El comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, apenas se aguanta en la silla. “¡Eso es una chapuza! ¡Eso es un loco!”, exclama en la Audiencia Nacional, mientras el juez Manuel García-Castellón trata de preguntarle por sus sospechas: que aquel falso cura que asaltó armado la vivienda de Luis Bárcenas en 2013 pueda estar relacionado con la Operación Kitchen, la presunta trama “parapolicial” urdida en el Ministerio del Interior para espiar al extesorero popular y arrebatarle información comprometedora para el PP. Las fechas coinciden, dice el instructor. El objetivo, también: quitarle documentación a Bárcenas. Pero, de momento, no se han hallado pruebas que certifiquen este vínculo en una línea de las pesquisas que el magistrado reactiva con la citación a declarar del falso religioso este viernes.

Por eso, aquel día (26 de marzo de 2019), el magistrado se esforzaba en que El Gordo, imputado en el caso, desvelase algún detalle. No en vano, aunque ya está jubilado, García Castaño fue una pieza importante dentro de la Policía Nacional durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Ocupó el puesto de jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), encargada de las operaciones de inteligencia encubiertas. Y, como él mismo ha confesado tras comenzar a colaborar con la justicia, participó en el espionaje a Bárcenas por orden del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, número dos de Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior

— Entonces, ¿qué lugar ocupa en esto el falso cura? —inquiere García-Castellón.

— Yo estoy en mi oficina cuando me llaman los míos y me dicen que ha entrado un tío a casa de este, y que se ha montado un follón allí de de Dios es Cristo —responde el comisario—. Y yo voy allí y me cuentan que es un tío que iba disfrazado de cura… ¡Es que es demencial! ¡Es que es una chapuza! ¡Es una película de Alfredo Landa!

El Gordo ha negado siempre que él, encargado de coordinar a los agentes que espiaron a Bárcenas, estuviera también detrás del incidente del falso cura, Enrique Olivares, quien irrumpió el 23 de octubre en casa del extesorero armado con un revólver en busca de pendrives que pudieran tumbar al Gobierno. Además, García Castaño duda que alguien de la Policía pueda estar detrás de ese “circo” con el que “no se consiguió nada”, más allá de llamar la atención. Pero los investigadores no lo tienen tan claro. Según se desprende del interrogatorio del juez, el asalto provocó que un importante número de agentes se presentara en el domicilio aprovechando la ocasión y deambularan por este. Además, el chófer del extesorero, Sergio Ríos, que había sido captado por la trama como confidente, se presentó allí pese a que ese día lo tenía libre. Y un agente, incluso, dio a la esposa de Bárcenas un terminal telefónico para que tuviera contacto directo con ellos si quería decirles algo.

“Hubo, durante muchas horas, muchos policías dentro de la casa”, recalcó en aquel interrogatorio García-Castellón, que ha decidido citar como imputado a Olivares, condenado a 22 años de cárcel por el incidente donde retuvo a la mujer, hijo y empleada del hogar de Bárcenas. Lo considera presunto cómplice de delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros, según consta en el escrito del juez al que ha tenido acceso EL PAÍS. En ese documento, fechado el 9 de octubre, el magistrado también ordena que se le haga un reconocimiento forense después de que, anteriormente, se le haya diagnosticado un “deterioro cognitivo con productividad psicótica”.

Esta iniciativa del juez reactiva una línea de las pesquisas de Kitchen que, hasta ahora, ha dado pocos frutos, según el sumario. Los aparentes problemas mentales de Olivares, de 71 años y actualmente en prisión, han impedido interrogarlo al respecto. Pese a ello, los investigadores revisaron también sus cuentas ante la posibilidad de que cobrara de los fondos reservados. Sin éxito. Aunque han detectado ingresos periódicos de 250 euros, cuya procedencia no se ha podido precisar, en su cuenta de peculio —dinero que los allegados le ingresan para sus compras en el economato de la cárcel—.