La juez del ‘caso ERE’ cede el testigo

La juez del caso de los ERE, María Núñez, deja de serlo. La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha dado un paso atrás y ha cedido la instrucción de las macrocausas ―ERE, cursos de formación, avales, agencia Idea― a su juez de refuerzo, José Ignacio Vilaplana. Núñez se aparta de las investigaciones un año después de ser denunciada por la Fiscalía Anticorrupción por “parálisis y retrasos injustificados”, denuncia que el Poder Judicial archivó el pasado julio, pero que conllevó una baja médica tras otra de la juez hasta acumular 11 meses alejada del juzgado. Y ahora a su vuelta y al cumplir cinco años al frente del juzgado, Núñez tira la toalla.

Este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado el acuerdo entre Núñez y Vilaplana para el reparto de las causas. “La primera [Núñez] asume las tareas ordinarias del juzgado instructor y el segundo continuará con la investigación de las macrocausas incoadas en este órgano judicial”, ha informado el alto tribunal andaluz en un comunicado sobre la decisión, adoptada en la Comisión de la Sala de Gobierno del TSJA y que este domingo avanzó Diario de Sevilla.

Las cuatro macrocausas que arrastra el juzgado acumulan un retraso notable dada la multiplicación de piezas producida en la última década, desde que en 2011 la anterior magistrada Mercedes Alaya inició el caso de los ERE fraudulentos. Solo esta causa soporta al menos un centenar de piezas separadas, cada una con sus acusados, atestados policiales y recursos judiciales ante la Audiencia de Sevilla.

Vilaplana aterrizó en el juzgado como Juez de Adscripción Territorial (JAT) en 2016, pero este último año ha asumido en solitario la investigación de las macrocausas y otras extensas como la Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo), además de todos los asuntos ordinarios, debido a la baja de Núñez. Ambos magistrados se repartirán desde ahora las guardias del juzgado.

Hace un año los seis fiscales delegados de la Fiscalía Anticorrupción denunciaron de manera severa la investigación de Núñez, al acusarla de “parálisis, desatención y retrasos injustificados”. La instructora se dio de baja y el Poder Judicial investigó los posibles retrasos en las macrocausas. Tras un año de trabajo, el promotor de la acción disciplinaria del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, archivó las actuaciones el pasado julio: “No cabe inferir la pasividad intencional o el descuido injustificable que la denuncia atribuye a la magistrada”, concluyó en su informe.