Una red de solidaridad contra la explotación de mujeres vulnerables

El que el señor de la casa se levantara a servirse un vaso de agua podía ser motivo de una bronca por parte de la señora. Las chicas estaban para eso y para ocuparse de todos los trabajos domésticos. Así lo cuenta una de las mujeres contactadas a través de un anuncio de Internet por una pareja ahora imputada por los delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores y estafa continuada. “Te prometían mil cosas para enredarte y luego no te pagaban. Te decían que tenían amigos en la Guardia civil y en Extranjería que ayudarían a conseguir papeles, pero que, como todo en la vida es dinero, tenías que darles un dinero para el trámite”, explica por teléfono Geovanna Bermúdez.

Esta colombiana de 40 años trabajó cinco meses como interna el pasado año en el chalet alquilado por la pareja en una urbanización residencial del municipio de Godelleta, en las estribaciones montañosas de Valencia. “Me pagaron el primer mes con cuentagotas, el segundo no completo y luego ya nada. Me decían que tenían sus negocios, que tenían problemas con el banco, con Hacienda, que eran de familia rica y estaban a punto de recibir una herencia y que me pagarían. Yo tengo una hija en Colombia y una tenía deuda allí, y necesitaba cobrar. Contacté con una chica que estuvo en la casa antes que yo y me dijo que me marchara, que ella perdió cuatro meses de sueldo, que a ella también le contaban las mismas historias”, rememora desde Teruel, donde trabaja ahora.

Geovanna se marchó y llegaron otras. Hasta tres mujeres jóvenes, latinoamericanas, en situación precaria, coincidieron durante el confinamiento al servicio de Rosa y José, una pareja de mediana edad que no tienen hijos, y de sus dos perros. “La pareja siempre buscaba ese perfil de mujeres migrantes, aunque en la solicitud no lo especificaba. Cuanto más vulnerables, mejor”, señala Marcela Bahamón, sentada en una terraza de Quart de Poblet, población cercana a Godelleta. Esta colombiana de 47 años ha sido clave en la detención por parte de la Guardia Civil y de la Policía Local de la pareja, que ha quedado en libertad con cargos.

Forma parte de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados (AIPHYC) que se dedica a la labor acompañar a las mujeres, ayudarlas, informarlas de sus derechos e incluso rescatarlas. Están conectadas a nivel nacional por un grupo de whatsapp y por Facebook y más de centenar de trabajadoras se intercambian información y datos. “En este caso, nos llegó un whatsapps desde Barcelona preguntando si alguien en Valencia podía apoyar a una chica que había pedido ayuda, que llevaba unos meses sin cobrar, que no podía salir de la casa porque no tenía dinero”, relata Marcela. Contactó con la chica, había dos más en su misma situación, y en cuanto le dio la dirección de Godelleta, en seguida ató cabos. “Les dije que no les iban a pagar, que las estaban explotando, que ya les había pasado a otras, pero ellas confiaban en que sí”, comenta. Finalmente, las tres trabajadoras domésticas se convencieron, pero no era fácil marcharse en pleno confinamiento, sin recursos y sin mediar una denuncia con pruebas.

Marcela preparó el camino ampliando la red de contactos. Habló con Psicólogos sin fronteras, que contactaron un trabajador Social de Godelleta, con la asamblea feminista, con otras organizaciones. El propósito era “crear una caja de resistencia”, encontrar alojamiento, obtener recursos para acoger a las chicas que no tenían ni dinero ni a dónde ir. Al final, salieron de la casa y se presentó la denuncia, explica desde detrás de su mascarilla que lleva inscrito el lema de su ONG “Unidas somos fuertes, tejidas, invencibles”.

La Guardia Civil informó el mes pasado de la operación que denominó Fake-Job (trabajo falso): “Las jóvenes realizaban las tareas domésticas durante meses, hasta que finalmente se veían obligadas a abandonar la vivienda sin haber percibido su salario, quedando en una situación de desprotección. Además los autores se valían de argucias para estafar a las jóvenes, las cuales, les entregaban parte de sus ahorros, que la pareja les decía utilizar en inversiones beneficiosas para las víctimas”. El instituto armado ha identificado hasta el momento a siete mujeres víctimas de la pareja desde 2017.

Rosa, la señora de la casa, responde a la llamada por teléfono de este periódico: “Lo que tenga que decir lo diré ante la juez. Solo diré que todo es totalmente falso y ya se verá. La juez ya lo dijo una vez”. Y ahora, necesito descansar”. Se refiere a la demanda que interpuso Geovanna Bermúdez por el impago de sus salarios. Fue desestimada. “Cuando presenté la denuncia, me llamaron acusona y rebelde. Lamentablemente, la perdí por falta de pruebas. Las tenía; tenías conversaciones grabadas en el celular pero se me dañó. Es colombiano y no me lo pudieron arreglar. Y sobre los mensajes de whatsapp, la jueza dijo que se podían manipular. Pero, a la larga, la justicia llega”.