El gran pacto valenciano por la reconstrucción une a todos los partidos, menos a Vox

No es nada habitual observar a los diputados de diferentes partidos aplaudir juntos al término de una votación. Y menos cuando se respira el enconado ambiente político de España, principalmente en el Congreso de los Diputados. Pero esta mañana se ha obrado el milagro y las Cortes valencianas han aprobado un pacto para la Reconstrucción Social, Económica y Sanitaria de la Comunidad Valenciana con el apoyo de todos los grupos parlamentarios (PSPV-PSOE, Compromís, Podem, PP y Ciudadanos), a excepción de Vox, que se ha mantenido al margen.

El dictamen, que ha salido adelante con 89 votos a favor y 10 en contra, se suma a los dos pactos ya sellados por la Generalitat: el firmado con la patronal y los sindicatos y el alcanzado con los ayuntamientos y las tres diputaciones valencianas. Por todo ello, el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, ha celebrado como un hito el acuerdo en las Cortes, que, ha dicho “no es el programa de un partido o un gobierno, sino el mandato de nuestro pueblo”.

La ejecución de las casi 400 propuestas consensuadas será mucho más complicada que llegar al acuerdo de hoy tras semanas de trabajo y mucho pasillo. Si bien el PP valenciano, liderado por Isabel Bonig, y Ciudadanos, encabezado por Toni Cantó, apoyaron a la Generalitat en los momentos más duros de la pandemia, ambos también han sido muy críticos. Los populares han sido especialmente duros con Puig, y los del partido naranja, con sus socios de Compromís. Podem completa el Gobierno de coalición de la Generalitat.

El pacto incluye medidas genéricas y en algunos casos, entra en concreciones. Se ha acordado destinar más fondos a sanidad pública, dignificar las condiciones laborales o revertir privatizaciones “en condiciones de seguridad jurídica y viabilidad organizativa”. Este último punto suscitó las mayores divergencias entre el Govern y la oposición, que se salvaron con una redacción más abierta y menos categórica.

En sanidad, apuesta por aumentar las plantillas sobre criterios epidemiológicos y demográficos mediante oposiciones periódicas, y redimensionar los recursos humanos con un aumento de plazas MIR para “evitar el éxodo de médicos especialistas a otras comunidades o países”. También se propone un pacto social por la sanidad pública, un nuevo consejo profesional en la Consejería que asesore en las normas y aumentar la colaboración entre las de Sanidad y Políticas Inclusivas para que las residencias estén más conectadas.

Otros de los objetivos son estimular el clúster sanitario de la industria valenciana, crear infraestructuras para gestión de residuos sanitarios, la consideración de profesiones de riesgo a los sanitarios, generar puestos y bolsas específicas en enfermería, un plan de provisión de material, que las farmacias puedan formar parte de la red de detección precoz de casos o garantizar el acceso de mascarillas a la población vulnerable. Esto supone mantener los tres hospitales de campaña “hasta que haya vacuna o tratamiento”, reorganizar ambulatorios, nuevos protocolos de cirugía, seguir con las consultas telemáticas, invertir en sistemas informáticos y restricciones para visitas.

En el ámbito social, el dictamen habla de que Atención Primaria pueda atender a residentes, que estén considerados como población diana y reconocer su derecho a la cobertura integral sanitaria. Otras propuestas son “avanzar en modelos alternativos” a las residencias basadas en las decisiones y necesidades de los mayores y su revisión “desde un liderazgo público”, la ampliación de la renta valenciana de inclusión y su coordinación con el nuevo ingreso mínimo vital o evaluar las formas de violencia machista surgidas durante el confinamiento.

En educación, se pretende asegurar la presencialidad, mayor coordinación con los centros de salud en los protocolos y la sensibilización, un plan de digitalización, bajar ratios y tasas universitarias, más plazas en grados de salud y mayor inversión en FP, junto a un estudio para remodelar los protocolos de los becados en el extranjero y agilizar la contratación de conserjes y personal administrativo para controlar la distancia.

En empleo y vivienda, recoge medidas como una guía de adaptación al teletrabajo, avanzar hacia la reducción de jornada, extender las ayudas por ERTE, más prestaciones para los autónomos y cuidadores, fomentar la inserción de los jóvenes y su acceso a un hogar digno, aumentar el parque público y evitar desahucios.

En el plano económico, incluye ideas como elaborar un informe sobre las deducciones del IRPF para valorar su actualización, un plan de justicia fiscal para una mayor progresividad, incentivos para contratación de menores de 35 años, nuevos tributos verdes y beneficios para emprendedores, de la mano de un estudio contra el fraude y de un mínimo para evitar el dumping, además de un IVA cultural, más inversión en I+D+i y apoyo al comercio de proximidad y a la agricultura.

En el campo, contempla que el Consell facilite test a todos los agricultores tras los brotes entre temporeros y exigir al Gobierno como “irrenunciable” el trasvase Tajo-Segura y la puesta en marcha definitiva del Júcar-Vinalopó, además de fomentar las energías renovables.

En turismo, plantea protocolos “desde la prudencia”, una ventanilla única de asesoramiento con una guía consensuada con el sector, incentivos para recuperar la demanda, reformular las campañas, garantizar la protección de colectivos como las ‘kelys’ -limpiadoras de hoteles- y rediseñar el bono cultural para ampliar la oferta, de la mano de una partida para que pymes y empresas afronten los efectos de la crisis.

En infraestructuras, agilizar el Corredor Mediterráneo y el Tren de la Costa, más frecuencias en Ferrocarrils de la Generalitat, aparcamientos disuasorios, mejorar las cercanías y “explorar colaboraciones público-privadas” en carreteras.

Además, con propuestas como afrontar la “reforma inmediata” del modelo de financiación autonómica con la convocatoria urgente de un Consejo de Política Fiscal y Financiera, además de otras reiteradas por el Consell como el reconocimiento de la deuda histórica o la compensación de la infrafinanciación con mecanismos transitorios. También mejorar la cogobernanza entre el Estado y las comunidades autónomas en foros como la conferencia de presidentes.