Las víctimas del accidente del Alvia exigen conocer las causas de la tragedia en el acto por el séptimo aniversario

Sin resolución judicial, sin una investigación política independiente y cada vez con menos respaldo institucional. En el séptimo aniversario del trágico accidente del Alvia que en 2011 acabó con la vida de 80 personas a la altura de la curva de Angrois, en Santiago de Compostela, las víctimas se sienten más solas que nunca. Ni el PP, ni PSOE , ni Unidas Podemos han participado en los actos. Ninguno de ellos ha respaldado a los afectados en el séptimo aniversario. “Nos dan la espalda”, afirman, convencidos de que las instituciones españolas esperan “sepultar la verdad” bajo una losa de años de silencio.

En esta ocasión han contado en la manifestación con el respaldo del BNG, de un exdiputado de En Marea y de una representante de Ciudadanos. El alcalde De Santiago, el socialista Xosé Bugallo, no acudió pese a que les había anunciado el día anterior que lo haría. “Hemos tenido que ir a Europa para ser tratados como verdaderos ciudadanos y hemos luchado mucho para desmontar la verdad oficial”, han señalado los afectados enumerando los abandonos. Primero fue el PP con Mariano Rajoy al frente y sus ministros Ana Pastor, Íñigo de la Serna y Rafael Catalá; después, el PSOE de Pedro Sánchez y su ministro José Luis Ábalos, y por último el vicepresidente Pablo Iglesías”.

Transcurridos siete años del accidente, los afectados no saben las causas que lo originaron. Mientras el juez decide si tiene en cuenta la denuncia de un mecánico que afirma que directivos de Talgo lo obligaron a borrar las averías del Alvia inmediatamente después del siniestro, las víctimas esperan aún que el Gobierno asuma la investigación de la tragedia después de que en 2016 un informe de la Unión Europea (UE) pusiera de manifiesto la falta de independencia y la invalidez del estudio realizado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). No se habían analizado las causas raíz, precisamente las que afectan a Fomento, Renfe y Adif, concluyó la UE.

“La comisión parlamentaria se cerró en falso, sin conclusiones y sin permitirnos comparecer en último lugar”, afirman los afectados a la espera de que se retomen los trabajos para los que, advierten, que es imprescindible que antes se haga la investigación técnica independiente, ya que muchos diputados en la comisión parlamentaria “replicaban y argumentaban en relación con una investigación técnica que Europa ha invalidado”. Además, creen que se deben de tener en cuenta nuevas informaciones relevantes.

“Han transcurrido más de 2.500 días, ha habido cuatro gobiernos y cuatro ministros de Fomento distintos y todavía no hay una investigación técnica independiente como reclama la Unión Europea”, denuncian. “No investigar correctamente impide tomar las medidas adecuadas para evitar que hechos tan terribles puedan volver a repetirse, uno de los principales objetivos señalados por la normativa”.

Tampoco hay resolución judicial. De momento, el juez, respaldado por el fiscal, mantiene imputando al exdirector de Seguridad de ADIF, Andrés Cortabitarte, y al maquinista, Francisco José Garzón, por 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional. Los afectados creen que existe, además, responsabilidad penal de Renfe ya que, afirman, “tenía constancia por escrito de un aviso de un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva y no actuó en consecuencia, tal y como obliga la Directiva 2004/49/CE”.

Las víctimas alertan de que Adif gastó 14.900€ en asesorar a sus comparecientes, lo que explica, sostienen, que no dieran respuesta a preguntas sencillas. “¿Trató Adif de manipular la Comisión?, se preguntan. A la vista de ello y de los procedimientos de infracción que la UE mantiene abiertos a España por incumplimiento de la normativa europea de seguridad ferroviaria, consideran imprescindible que se depuren todas las responsabilidades y se esclarezca la verdad. Pretenden que se realice la investigación técnica independiente y que se incorpore al proceso judicial.