Los tatuajes y vestimenta del agresor, indicio en los delitos de odio
Interior elabora un nuevo protocolo policial con instrucciones para identificar a sospechosos y combatir esta lacra
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este miércoles la puesta en marcha de un nuevo protocolo policial para mejorar la lucha contra los delitos de odio. El documento, de 63 páginas y al que ha tenido acceso EL PAÍS, incluye una exhaustiva relación de conductas que son catalogadas como tales, así como un amplio listado de lo que Interior denomina “indicadores de polarización”. Se trata de los indicios que deben permitir a los agentes orientar la investigación de un delito para detectar en él posibles motivaciones racistas, xenófobas o de otra naturaleza discriminatoria. El objetivo final no es solo detener al autor, sino también esclarecer la existencia de posibles instigadores o “autores intelectuales”.
En este apartado, Interior insta a los agentes a fijarse en la “estética” de los presuntos agresores y recoger en el atestado que presenten al juez detalles sobre la vestimenta o tatuajes del autor del delito que tengan algún tipo de simbología relacionada con el odio. Sobre estos dibujos en la piel, ordena que se busquen también en partes del cuerpo que queden tapadas por la ropa y se fotografíen en presencia del abogado del detenido para poder utilizarlos como prueba. “Ayudarán a acreditar y describir de forma gráfica el perfil del autor y la motivación del delito”, se afirma. También pide que los policías incluyan en sus atestados las “expresiones o comentarios” que los autores hayan pronunciado al cometer el delito y que apunten en el mismo sentido: “Se recomienda que sean recogidas con toda su literalidad en las declaraciones de la víctima o los testigos”.
El documento también incide en la necesidad de reflejar la “propaganda, estandartes, banderas, pancartas de carácter extremista o radial que porte el autor de los hechos o que tenga en su domicilio”. De nuevo, Interior incide en la necesidad de tomar imágenes de los mismos para aportarlas al juez. Y pide que se incorporen los antecedentes del sospechoso, sobre todo cuando están vinculados a hechos similares “o por haber sido identificado anteriormente por asistir a conciertos de carácter neo-nazi, de música RAC/OI \[rock anticomunista\], conferencias, reuniones o manifestaciones de carácter ultra caracterizadas por su hostilidad a colectivos minoritarios”. También su vinculación a grupos ultras del fútbol.
Los agentes deberán investigar la conducta del infractor “antes, durante y después” del delito de odio en redes sociales y foros de internet en busca de comentarios en los que muestren “sus prejuicios”. “En ocasiones, los autores filman con sus teléfonos móviles los hechos y los cuelgan en internet para jactarse de su acción o presumir ante sus amigos”, destaca el protocolo, que por ello propone que, en el caso de que el delito revista gravedad, se pida al juez autorización para analizar el teléfono móvil y los equipos informáticos del autor.
Interior insiste a los policías que tengan en cuenta el lugar y el momento en el que se produce el delito de odio. El protocolo destaca como un indicador de esta motivación que sea un lugar de culto, en un cementerio o en el local donde se reúna un colectivo vulnerable. También si es una fecha significativa para la comunidad agredida o para el delincuente. Y pone como ejemplo el 20 de abril, día del cumpleaños de Hitler.
Ocho de cada 10 víctimas no denuncian
El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, destacó en el acto de este miércoles que, pese al incremento del número de denuncias por delitos de odio registrado en los últimos años —un 45% desde 2013, y un 7% en 2019—, esta infracción sigue siendo “un fenómeno infradenunciado”. Pérez señaló que la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE estima que ocho de cada 10 de estos delitos nunca se denuncian, por lo que quedan impunes. Para reducir estas cifras, Interior lanza una campaña de sensibilización en redes sociales bajo la etiqueta #AcabaConElOdio para concienciar a víctimas y testigos que denuncien.
Además, el protocolo que actualiza la actuación policial contra esta lacra incluye un apartado sobre la víctima. En él se recoge la necesidad de que los agentes informen a esta de su derecho a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y participación activa en el proceso penal. Y para vencer la resistencia a denunciar, Interior pide a los policías “remover cuantos obstáculos impidan o dificulten” que lo hagan. Para ello, propone que busquen la colaboración de ONG, a las que define como “aliados fundamentales de ayuda y protección a las víctimas”.
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