Caso Villarejo

El juez pide a la exasesora de Iglesias que nombre un abogado distinto del letrado del líder de Podemos

En el caso de que no hacerlo, el magistrado designará a un letrado de oficio ya que considera que existe un conflicto de intereses entre ambos

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, esta semana en el Congreso.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, esta semana en el Congreso.Ignacio Gil / Pool / Europa Press

El juez del caso Villarejo ha requerido a la exasesora de Podemos Dina Bousselham para que nombre un abogado diferente al que le representa a ella y al líder del partido, Pablo Iglesias, “ante la presencia de un efectivo conflicto de intereses entre las dos posiciones” en la causa en la que se investiga el robo de su móvil y el hallazgo de su tarjeta de memoria. De no cumplimentar el requerimiento, el juez advierte en un auto, que cuando este sea firme, “se procederá a la designación de representación letrada de oficio, conforme a la legislación correspondiente”.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha optado por hacer este requerimiento después de que la Fiscalía haya considerado que Bousselham no quería ejercer acciones contra Iglesias por haberle devuelto meses después la tarjeta del móvil que le fue sustraído y que él recuperó de manos del presidente del grupo Zeta, a donde llegó de forma anónima, y por el estado en que se encontraba cuando se la dio. El magistrado discrepa de la Fiscalía porque entiende que la sustracción de la tarjeta “y su suerte, ha sido(y sigue siendo) para la víctima, un elemento nuclear de su pretensión” y por eso “reclama de la Justicia una respuesta”. “No se comparte esta conclusión ―dice sobre la Fiscalía―, como tampoco que, de la actuación de Dina Bousselham se desprenda una tácita renuncia al ejercicio de la acción penal frente a Pablo Iglesias, y es precisamente en este punto donde el conflicto se revela insostenible”, destaca el auto. Cree que lo que sucede es que el Ministerio Público “pone el foco de atención en las diferentes versiones de Dina Bousselham, en ocasiones contradictorias, y trata de inferir de ello una voluntad exculpatoria tácita respecto del Sr. Iglesias”. Además, añade que, “tampoco en este caso se aprecia oportuno en este momento, pretender una exculpación, frente a quien ni siquiera ha sido llamado al proceso como investigado”. Por eso cree necesario “garantizar la pretensión de Dina Bousselham en su legítimo derecho a ejercer la acción penal y esclarecer el delito, frente a una representación empeñada en limitar esta actuación”, en alusión a la abogada que le representa a ella e Iglesias, Marta Flor Núñez.

El juez toma esta decisión después de que el pasado miércoles confirmara la retirada al vicepresidente segundo del Gobierno, de la condición de víctima en la línea de investigación abierta por el robo del teléfono. El instructor argumentaba que, aunque en un primer momento se le consideró “perjudicado” por la macrotrama de corrupción, el avance de las pesquisas ha llevado a descartar esta tesis. Es más, García-Castellón desestimaba la teoría principal planteada por el líder de Podemos y subraya que no ha quedado acreditado que existiese un complot liderado por el comisario jubilado para perjudicarle ante la opinión pública por fines políticos.

En otro auto emitido el pasado miércoles, donde se respondía al escrito de Iglesias, el magistrado detallaba la evolución del caso y le reprochaba incluso su actitud. García-Castellón insistía en que el actual vicepresidente obtuvo en enero de 2016 una copia del contenido del móvil de su colaboradora, pero le “ocultó” ese extremo a ella durante varios meses. En este sentido, proseguía el juez, pese a que el dirigente de Podemos asegura que el robo fue “un encargo profesional”, “llama la atención” que mantuviera la tarjeta con esa información en su poder “sin poner, como mínimo, este hecho en conocimiento de la titular” y, además, viera los datos e imágenes que había en ella. Sobre todo, “teniendo en cuenta el carácter particularmente degradante y vejatorio que el hecho tenía para Bousselham, su compañera de partido, en la medida que la tarjeta almacenaba fotografías, documentos y otros archivos de su esfera más íntima”, añadía.

Esta línea de investigación se abrió después de que los agentes encontraran en la casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo una “importante cantidad de documentos” pertenecientes a Bousselham. La Fiscalía explicó que toda esa información “parece provenir de una extracción de datos de un móvil utilizado por Dina” y trata de averiguar si el comisario jubilado se encuentra detrás del robo del teléfono y de la difusión de su contenido. Entre este material, por ejemplo, se hallaron cinco informes de carácter interno de Podemos sobre su estrategia electoral y varias capturas de pantalla de chats de Telegram, que acabaron publicados en varios medios de comunicación, como la web Okdiario.

Según recalca García-Castellón en este último auto, las pesquisas “no han permitido concluir que la fuente de Okdiaro fuese Villarejo”. Así, la propia Bousselham admitió que había hecho capturas de pantalla de esas conversaciones y las había reenviado. La revista Interviú también tuvo acceso al contenido. Según afirmó su entonces director, Alberto Pozas, les llegó en un sobre anónimo y, después de analizarlo, descartaron publicar nada por carecer de interés informativo. Entonces, avisaron a Iglesias y le dieron la tarjeta —que llegaría finalmente al juzgado dañada—, aunque los jefes de Interviú le entregaron también una copia a Villarejo.

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