Tantas multas propuestas en el confinamiento como impuestas en cuatro años de ‘ley mordaza’

El Gobierno ha decidido recurrir a la Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada como ley mordaza, para sancionar a quienes violan el confinamiento. Según los datos publicados este sábado por Interior, las fuerzas policiales han propuesto 741.407 multas desde que se decretó el estado de alarma por el coronavirus, hace poco más de 40 días. Esa cifra supone un volumen prácticamente similar a las impuestas durante los primeros cuatro años de vida de la polémica ley, que empezó a aplicarse a mediados de 2015 tras aprobarla el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) gracias a la mayoría absoluta que tenía en el Congreso.

La ley mordaza, duramente criticada por el PSOE cuando se encontraba en la oposición porque deja en manos de la Administración unas multas que solo tienen control judicial si se recurren en la vía contenciosa, se ha convertido ahora en el principal instrumento para castigar a quienes violan el confinamiento. Desde que entró en vigor del estado de alarma, las fuerzas de seguridad han propuesto más de 18.000 sanciones diarias de media, lo que supone que se han acumulado ya más de 740.000. Esa cifra se acerca al total de sanciones impuestas entre 2015 y 2018, cuando sumaron 765.416, según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.

Tanto el volumen como la decisión de sancionar a todo aquel que se encuentre en la calle sin motivo —frente al criterio de la Abogacía del Estado, que considera que solo se puede actuar contras quienes persistan en su actitud tras una advertencia personal de los agentes—, han generado críticas de algunos juristas, ONG y partidos políticos. El propio ministro, Fernando Grande-Marlaska, compareció esta semana en la comisión de Interior del Congreso y defendió la posición de su departamento. “Si el agente ve a alguien en una barbacoa, díganme, ¿qué le dice?”, espetó.

El ministro restó importancia al elevado número —“Si se dividen por días y provincias, no son tantas”— y recalcó que “no todas” tienen que acabar en multa, ya que “igual el relato hecho por los agentes no es correcto” y que, al final, son las delegaciones del Gobierno las que tienen que revisarlas e imponer la cuantía. Pese a ello, las formaciones a la izquierda del PSOE mostraron su malestar por esta política, incluida Unidas Podemos, socio en el Ejecutivo, que propone recurrir a otra norma, la Ley de Salud Pública, para castigar a los infractores.

Las críticas a la aplicación de la ley mordaza, especialmente al artículo 36.6 (que castiga como falta grave la desobediencia a los agentes), no son nuevas. Amnistía Internacional lleva años denunciando la “arbitraria aplicación” que se hace de ella para sancionar a participantes en protestas y periodistas que trabajaban en la calle. La ONG insiste en que esta norma otorga “una gran discrecionalidad” a los policías “a la hora de interpretar qué conducta podía constituir una infracción a este artículo”. De hecho, la orden dada por Marlaska prevé que se sancione con 601 euros a quien esté en la calle sin motivo, pero puede dispararse hasta los 2.000 si el agente considera que el ciudadano le ha “menospreciado”. “La ley da mucho poder a los agentes y no hay ningún mecanismo de control y rendición de cuentas. Estos se sienten impunes porque su versión vale más que la del ciudadano”, explica Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía, que espera que “muchas de las propuestas de sanción finalmente no lleguen a nada”, aunque teme que “la gente prefiera pagar antes que recurrir la sanción para poder acogerse a la reducción de la multa”, que puede llegar al 50%.

En la Comisión de Interior también se puso sobre la mesa que en España se está sancionando más que en otros países de su entorno. Este es el panorama en otros Estados europeos:

Reino Unido. La policía británica no ofrece datos diarios de las multas impuestas, pero sus cifras son sensiblemente inferiores a las de otros países. La política de los agentes se basa en el lema “engage, explain and encourage, and only as a last resort, enforce” (“llama la atención, explica, anima, y solo si es necesario, impón la ley”), según estableció el Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC, por sus siglas en inglés). Su jurisdicción cubre solo Inglaterra, pero ha sido un criterio compartido por Gales, Irlanda del Norte y Escocia. Es habitual ver cómo los agentes de Londres se agachan en los parques a explicar a quienes se tumban a tomar el sol que ese lujo no está permitido.

“La mayoría de la gente ha permanecido en sus casas. Solo una pequeña minoría, a pesar de nuestro esfuerzo, se ha negado a seguir las instrucciones y los agentes han actuado”, explicaba Martin Hewitt, presidente del NPCC. Hasta el 13 de abril se impusieron 3.203 multas en Inglaterra, a las que se suman las más de 500 en Escocia y las 290 de Gales. Es decir, en torno a 4.000 sanciones que suelen ser de unos 70 euros. Ha habido episodios violentos, pero en general han sido anecdóticos. El 82% de las multas han recaído en hombres, mientras que solo un 15% lo han hecho en mujeres (en el 3% restante, según el NCCP, no se registró ese dato). Dos terceras partes de las sanciones se han impuesto a personas de 18 a 34 años.

Italia. En uno de los países más golpeados por la pandemia y, con una población más numerosa que la española, las sanciones impuestas por las autoridades resultan menores que las dictadas por el Ministerio encabezado por Grande-Marlaska. Según los datos del Gobierno italiano, las fuerzas de seguridad han multado a 223.920 personas. “Ha habido mucha responsabilidad por parte de los ciudadanos”, destacan las autoridades, que han puesto en la calle a casi 50.000 policías.

Francia. En poco más de cinco semanas de confinamiento, las fuerzas del orden han efectuado 15,5 millones de controles e impuesto 915.000 multas, según el ministro del Interior, Christophe Castaner. “No se trata de hacer números sino de proteger a los franceses”, dijo.

Las condiciones de confinamiento en Francia no son tan duras como en España, ni las multas tan altas. Siempre que se rellene una declaración jurada, está permitido abandonar el domicilio —más allá de quienes tienen que ir a su puesto de trabajo— para compras “de primera necesidad”, consultas médicas o cuidados de enfermedades crónicas, desplazamientos “por motivo familiar imperioso” o para cuidar a personas vulnerables. Está permitido salir a hacer ejercicio de forma individual o pasear (se puede en familia si todos comparten el mismo domicilio) por un máximo de una hora y en un radio de un kilómetro de distancia de la vivienda.

Las sanciones ascienden a 135 euros para la primera vez. Si se reincide en menos de 15 días, pasa a ser de 200 euros, que pueden aumentar hasta los 450 si no se abona en el plazo establecido. En caso de cometer más de tres violaciones del confinamiento en menos de 30 días, la infracción pasa a ser considerada un delito penado con hasta seis meses de cárcel y multa de 3.750 euros.

Alemania. En este país, las medidas varían en función de los Estados —por ejemplo, más estrictas en Baviera y más laxas en Berlín—, pero no se ha implantado un régimen de confinamiento tan duro como en España y todos los ciudadanos tienen permitido salir a las calles a pasear, ir de compras y al trabajo. Aunque el Gobierno central no difunde un balance nacional sobre el número de personas multadas y cada Estado da a conocer cuando quiere sus cifras, la policía se muestra muy compresiva y, por lo general, opta por dispersar a la gente con palabras amables.

En Berlín, desde el 14 de marzo de 2020, las autoridades han identificado 1.158 delitos penales y, desde el 23 de marzo de 2020, 2.191 infracciones administrativas, como violaciones de la Ley de protección contra las infecciones.

Países Bajos. El “confinamiento inteligente” patrocinado por el Gobierno permite ir a la compra en solitario y pasear un rato cerca de casa manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros. Los niños hasta 12 años salen acompañados de un adulto, siempre que en su domicilio no haya nadie con síntomas y no jueguen en grupo. Los bares, cafeterías, restaurantes y cines están cerrados.

El 26 de marzo, el Ministerio de Justicia anunció la imposición de sanciones para los que vulneraran estas normas: hasta 400 euros para los particulares, y 4.000 para las empresas. El teletrabajo en un país muy bien conectado no ha sido un problema y las 1.400 multas impuestas por la policía hasta el 7 de abril (el dato más reciente facilitado) fueron para paseantes que no guardaron la distancia marcada. También pueden multar los funcionarios municipales, así que el cómputo real es mayor porque sus cifras no se han computado aún.

Con información de Rafa de Miguel (Londres), Isabel Ferrer (La Haya), Silvia Ayuso (París), Enrique Müller (Berlín) y Daniel Verdú (Roma).

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