Juristas defienden que Pablo Iglesias pueda criticar las sentencias

Un grupo de juristas ha hecho público un manifiesto en el que defiende el derecho del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a criticar las resoluciones judiciales después de que el Consejo General del Poder Judicial expresara su “profundo malestar” por un tuit del líder de Unidas Podemos en el que rechazaba la condena por atentado y lesiones leves contra su compañera de partido en Madrid Isabel Serra. El manifiesto, firmado por una treintena de profesionales y académicos, entre los que se encuentran el exjuez Baltasar Garzón y el magistrado emérito del Supremo, José Antonio Martín Pallín, califica de “muy grave” la “amonestación” del órgano de gobierno de los jueces a Iglesias, y defiende que el vicepresidente se limitó a ejercer su libertad de expresión.

Tras conocer la condena a 19 meses de prisión que impuso el miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a Isabel Serra por agredir a policías durante el intento de paralización de un desahucio en 2014, Pablo Iglesias escribió el siguiente mensaje en Twitter: “Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”. Otros compañeros de partido criticaron el fallo en términos todavía más duros.

La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial, presidida por Carlos Lesmes, en una nota emitida el jueves, expresó su “absoluto y rotundo rechazo” a las palabras de Iglesias y criticó el “tono absolutamente inapropiado” del tuit del vicepresidente.

Pablo Iglesias, sobre la condena de Isa Serra

Interferencia inadmisible

Para el grupo de juristas firmantes del manifiesto, la reacción del Poder Judicial, que tuvo un voto en contra del vocal progresista Rafael Mozo, supone “una interferencia inadmisible en un Estado de Derecho” y “confunde la independencia judicial con la presión corporativa contra una opinión libre”.

Los juristas critican también la sentencia que condenó a Isabel Serra en primera instancia —se puede recurrir al Supremo—. De ese fallo dicen: “responde a un modelo irracional de valoración de la prueba, a un esquema impresionista donde campa el subjetivismo”.