Una pregunta manipuladora y mal redactada

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) incluyó en su encuesta conocida este miércoles una pregunta mal redactada, mal formulada y claramente manipuladora. Dice así: ¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones?

La mala escritura ya no augura nada bueno: se habla de informaciones “poco fundamentadas por las redes sociales (…)”. Habría sido mejor preguntar si “hay que prohibir que las redes sociales y los medios de comunicación social difundan informaciones engañosas”. Para seguir, el texto agrupa “las informaciones engañosas y poco fundamentadas” como si lo engañoso no fuera necesariamente poco fundamentado. Lo engañoso es falaz, falso, y por tanto no puede tener fundamento (sino sólo la apariencia). Sí habría sido procedente, en cambio, la conjunción disyuntiva "o" en lugar de la copulativa "y": “informaciones engañosas o poco fundamentadas”.

Al margen de estas cuestiones gramaticales, la pregunta plantea una hipótesis falsa: se da a elegir entre la prohibición de los bulos y “mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones”, cuando esa “libertad total” no existe. Del mismo modo que ningún derecho carece de límites (ni siquiera el derecho a la vida, pues es lícito matar en defensa propia), la Constitución española ampara solamente el derecho a difundir información “veraz”. Por tanto, no existe esa pretendida libertad de difundir bulos; y tanto la policía como los tribunales disponen de herramientas para perseguirlos. Ojalá se aplicaran también a eso aquellas asociaciones profesionales y laborales de periodistas que anteponen el corporativismo a la persecución de los malhechores habituales.

Además, la pregunta manipula la respuesta porque ofrece dos opciones extremas como si la una fuera alternativa legítima de la otra, cuando realmente se da a elegir entre una opción delictiva y otra inmoral o antiética. Elegir entre los bulos y la censura sería como preguntar “¿prefiere que haya algunos liberados sindicales que viven del cuento, o que se prohíban los sindicatos?”, “¿prefiere que haya delincuentes, o que se aplique la pena de muerte?”.

Esa disyuntiva planteada por la pregunta nos obliga a recordar aquí que el uso ofensivo de la libertad de información por parte de algunos periodistas, denunciable y perseguible legalmente, no cercena el derecho del resto de los profesionales a seguir ejerciendo su actividad conforme indica la Constitución. El mal uso del cuchillo por un asesino no invalida que los demás podamos emplearlo para cortar el pan.

Por eso constituye también una irresponsabilidad poner en el mismo paquete a los mentirosos anónimos y a medios de comunicación cuyos autores y directivos tienen nombre y apellidos. Los primeros son difícilmente localizables a la hora de exigirles responsabilidades.

Finalmente, una inconsistencia más en la pregunta: no se puede identificar la información oficial con la información veraz. Y en el caso de la covid-19, la información oficial está dejando mucho que desear, con ese curioso “efecto fin de semana” que desvirtúa las cifras, con la descoordinación autonómica que hace sumar cifras heterogéneas como si fueran equiparables, con la falta de datos sobre las saturaciones en las UCI y con una larga lista de ocultaciones y silencios.

En definitiva, habría convenido preguntar en la encuesta si se debe perseguir con más medios y eficacia a los autores de calumnias, difamaciones o bulos interesados; o si el anonimato constituye una amenaza para la información veraz. Lo demás sobra.

Ahora bien, del mismo modo se puede criticar el monumental salto en el vacío de quienes han lanzado a sus portadas la interpretación (presentada como información) según la cual la desafortunada pregunta del CIS significa que el Gobierno está dispuesto a justificar, legitimar o implantar la censura. Aparte de que la Constitución lo prohíbe, no se debe confundir un imaginario proyecto de ley con una simple pregunta demoscópica, tan torpemente planteada que el resultado obtenido con ella carece de interés.

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