La investigación por la muerte de Silverio sigue adelante

Silverio Lumbreras mira a la cámara. La fotografía, en blanco y negro, revela a un hombre serio, joven, de pelo oscuro. Dos cartas acompañan a la instantánea. Las misivas, datadas el 14 de septiembre de 1936, mezclan las penurias de un hombre de 25 años preso por su ideología con la esperanza en volver a ver a sus familiares, a quienes pide ropa. Ocho décadas después, los parientes de Silverio han depositado estos tres recuerdos sobre un esqueleto con el cráneo destrozado. Otros tres cadáveres, en idéntica situación, lo acompañan. La fosa común de La Riba de Escalote (Soria, 9 habitantes) albergaba los restos de cuatro represaliados, exhumados el pasado septiembre, cuyos huesos han provocado unos vaivenes judiciales inesperados.

La Asociación Recuerdo y Dignidad, un colectivo soriano de defensa de la Memoria Histórica, celebró en septiembre que el juzgado de Almazán judicializara las exhumaciones, algo que no es habitual. “Otras veces tratan los esqueletos como restos arqueológicos y no como víctimas. Así es imposible demostrar jurídicamente que fueron asesinatos por motivaciones ideológicas en la Guerra Civil”, recordó Iván Aparicio, presidente de la asociación.

Sin embargo, diciembre les trajo un varapalo. Un nuevo juez llegó a Almazán para ocupar la plaza, que estaba cubierta por un juez suplente, que había abierto la primera causa. El recién llegado titular, con el respaldo de la Fiscalía, archivó el caso. Aparicio afirma que fue “un jarro de agua fría”: ya habían encargado análisis científicos para determinar si los restos óseos de La Riba de Escalote se correspondían con quienes creían sus descendientes. En todo caso, Aparicio explica, aliviado, que el nuevo juez ha comprendido que el proceso ya estaba operativo y revocó su decisión hace unos días tras el recurso que presentaron. La toma de muestras biológicas había comenzado.

Familiares desperdigados

El tiempo y el éxodo demográfico de Soria diseminó en el pasado por España a los familiares de Adolfo Morales, Silverio Lumbreras, Gregorio Valdenebro y Alberto Rodrigo, los cuatro desaparecidos ese septiembre de 1936. Varios de ellos acudieron en septiembre a las excavaciones, coordinadas por la asociación Aranzadi. Entre ellos, la soriana Carmen Heras Uriel, que asistió a la aparición de los huesos de Adolfo, primo carnal de su madre. “Estamos encantados de que se haya reabierto el caso”, dice, meses después de derramar lágrimas ante su posible antepasado, y critica la escasa frecuencia con la que la justicia trata estos casos como “desapariciones forzosas”.

Que las exhumaciones sigan este cauce jurídico implica que el Estado asume los costes de las identificaciones, algo secundario para Heras. El mallorquín Guillermo Morales, sobrino del fusilado, se sometió a principios de mes a las pruebas biológicas.

Aparicio no oculta su satisfacción con la noticia y califica las exhumaciones de La Riba de Escalote como “de las que más lejos han llegado, aparte de las de [el exjuez Baltasar] Garzón”. La investigación iniciada por Garzón en 2008 —a la que finalmente renunció— acabó llevándolo a juicio por declararse competente para investigar responsabilidades penales de los crímenes del franquismo. Fue absuelto de prevaricación en 2012 por el Tribunal Supremo que, no obstante, deslizó que el magistrado se había excedido. La asociación Memoria y Dignidad y la propia Carmen Heras son conscientes de que probablemente la causa abierta ahora en Soria “no tendrá recorrido”.

Aparicio no se rinde y pide que se investigue todo: “Creemos que el delito no está prescrito porque el plazo empieza a contarse desde que se identifiquen las víctimas tras el ADN. Hay que investigar si los autores siguen vivos o si hay alguien con responsabilidad en un contexto de crímenes contra la humanidad”, dice. “Al menos nos queda la sensación de que no nos dan con la puerta en las narices”, apunta Heras, familiar lejana de aquel electricista a quien, junto a tres jóvenes más, ametrallaron en una plantación de cereales en la campiña soriana.