El conflicto económico entre sor Nieves y el Gobierno de Navarra

Ni rastro de sor Nieves. Las hermanas Teresianas de Pamplona explican que la religiosa reside con ellas pero que no se encuentra en el colegio en ese momento. Por teléfono, dan la misma respuesta. Sin embargo, una ficha en un cartel con varios nombres femeninos en la zona en la que viven las monjas indica que la hermana Nieves no ha salido. Las religiosas no quieren decir nada sobre la pugna que su compañera de congregación, que en agosto cumple 82 años, ha mantenido con los servicios sociales navarros.

El Gobierno de Navarra le ha retirado la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), de unos 600 euros mensuales según fuentes del área, con el argumento de que no la precisa porque reside bajo el techo de la orden. Los estatutos de la comunidad recogen que los recursos que poseen se ponen a disposición “de los pobres” y de las “necesidades de las hermanas”. Andrés Carbonero, director general de Protección Social de la comunidad foral, alude a este principio para justificar que se le cancelara la ayuda: “Entendemos que al residir allí tiene cubiertas las necesidades”.

El conflicto llegó a su culmen en Nochebuena. El servicio público le había retirado la prestación a la mujer y esta elevó un recurso de alzada que no obtuvo respuesta. Nieves dio un paso más y denunció el caso al Defensor del Pueblo navarro. Su escrito retrocedía al 27 de abril de 2018, cuando le concedieron esa prestación, de duración anual, porque su situación, reconoce Carbonero, encajaba en los criterios para asignarle esta “ayuda coyuntural que no es una pensión”. La hermana había sido misionera en Venezuela y allí le correspondía una prestación por su labor solidaria, pero la situación del país propició que el departamento de Carbonero aceptara su petición. Pensaron que iba a residir en una vivienda personal y que carecía de sustento económico.

Ese fue el error, asume el funcionario. Un año después, para determinar si renovar la asistencia, su equipo analizó la situación y constató que habitaba un espacio común, en una de esas habitaciones del edificio de ladrillo de las Teresianas. La ley, explica Carbonero, indica que la RGI se aporta en casos de vulnerabilidad, pero no a personas, por ejemplo, en residencias de ancianos, donde permanecen atendidas. A su entender, el convento cubre las necesidades de las internas y no requieren el apoyo público.

La intervención del Defensor del Pueblo navarro, sin embargo, no saldó la cuestión. Este organismo pidió al ente público que estudiara bien las circunstancias y no equiparara “una comunidad religiosa, en la que la autora de la queja vive voluntariamente conforme a sus creencias, con un ‘recurso residencial’ perteneciente a las políticas sociales”. Carbonero sostiene que siguieron estas indicaciones y se respondió al recurso de Nieves con una orden foral que ratifica que no necesita el RGI por mucho que lo demande. La monja ha perdido el pulso con la Administración.

Varios padres, que charlan mientras sus niños juegan en un parque flanqueado por almendros en flor, se sorprenden al informárseles de las cuitas entre la religiosa y los servicios sociales. Una hermana que lee un libro religioso en la garita de la secretaría dice que “la mejor opción es el silencio”. Mismo discurso en la zona residencial, a la que se accede tras una eterna espera hablándole a un telefonillo y subir dos pisos en ascensor. Los radiadores caldean a pleno rendimiento y alguna religiosa se asoma a la puerta del fondo, que conduce a sus dependencias, mientras otra lamenta “el morbo” que ha ocasionado esta situación.