La odisea de ser extranjero y querer ir al médico en Sudáfrica

Cuatro mujeres migrantes esperan en la puerta de la consulta de la doctora Astrid Samuel, de Médicos Sin Fronteras. Se encuentran en las instalaciones de la clínica comunitaria Sediba Hope de Pretoria, donde MSF inició un proyecto en 2019 para dotar de asistencia sanitaria a personas indocumentadas en esta ciudad sudafricana con un enfoque en el apoyo psicológico, En Sudáfrica alrededor del 4e% de sus 55 millones de habitantes son migrantes o solicitantes de asilo. El proceso para conseguir papeles en regla es complicado. Es el Ministerio de Asuntos Internos el responsable de recibir y procesar las peticiones, pero según datos del propio organismo, el 96% de los solicitantes son rechazados en primera instancia, es decir, solo una de cada 20 personas acaba siendo reconocida legalmente en este país.Alfredo Cáliz

Una de las calles de Sunnyside, barrio de Pretoria donde se concentra gran parte de la población congoleña de la ciudad. Los solicitantes de asilo y migrantes se quejan del racismo estructural al que están sometidos, y que sobre todo les afecta a la hora de regularizar su estatus en el país porque la burocracia es hostil y complicada. También refieren problemas de acceso a empleo, a educación, a vivienda y a servicios sanitarios. Igualmente, la xenofobia de una parte de la sociedad es patente, y desde hace más de una década los episodios de violencia por parte de grupos de ciudadanos locales se dan con relativa frecuencia.Alfredo Cáliz

Memory, natural de Malawi y de 40 años, sostiene a su bebé, el cuarto y último de sus hijos. Esta mujer sostiene que las migrantes sin recursos se ven en ocasiones sometidas a la violencia machista dentro de sus hogares, pero que no pueden marchar por la falta de recursos. También señala que uno de los mayores problemas de la gente de su comunidad es la barrera idiomática: muchos ciudadanos de Malawi que emigran a Sudáfrica no saben inglés ni ninguna de las otras lenguas del país, por lo que cuando van al médico no saben cómo hacerse entender.Alfredo Cáliz

Oratile Marungwana ayuda a Fusi Hlanami a elaborar un currículum en el centro de apoyo a migrantes de MSF en Pretoria. Personas como él y como Moeti Maumbi, a su lado, hacen uso de este espacio. En él se ofrece orientación legal y laboral, duchas, ordenadores y acceso a internet y taquillas para guardar pertenencias en caso necesario. Este centro se halla cerca de la oficina de tramitación de solicitudes de refugio de Pretoria.Alfredo Cáliz

Gloria Shukrani, de 27 años, es congoleña y solicitante de asilo, un proceso que puede durar años, aunque cumpla con los requisitos establecidos por la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) para solicitar la condición de refugiado. Shukrani pertenece al Consejo Nacional de Congoleños por el Desarrollo, una organización que da apoyo a los compatriotas en Sudáfrica. Afirman que de los 300.000 congoleños que hay en Sudáfrica, menos del 10% ha logrado una resolución favorable y que en los últimos cinco años no se ha concedido ninguna. Gloria Shukrani explica que la última vez que fue a renovar su solicitud tardó seis horas.Alfredo Cáliz

En los bajos de un edificio comercial, una organización sin ánimo de lucro de ámbito local de Pretoria ha organizado una charla para mujeres congoleñas. Se trata fundamentalmente, de ayudarlas a sentirse empoderadas y fuertes a pesar de las muchas dificultades que sufren, tanto económicas como personales. La violencia de género, la falta de empleo y de vivienda aceptables y los problemas burocráticos que les impiden hasta registrar a sus hijos cuando nacen están a la orden del día. Las participantes en esta actividad obtuvieron, al finalizar, un cheque regalo por valor de 25 euros para canjear en una popular cadena de supermercados de Sudáfrica.Alfredo Cáliz

Didier Bizimana es trabajador social de MSF y trabaja en el centro Sediba Hope de Pretoria. Está especializado en brindar asistencia legal, pero estima que, desde el inicio de la pandemia, quien se acerca por allí lo hace principalmente buscando comida. “Muchos se han visto afectados negativamente. perdieron sus trabajos y, por tanto, su fuente de ingresos. Desde principios de septiembre de 2020 hemos estado distribuyendo paquetes de comida a unas 50 familias cada mes”, asegura.Alfredo Cáliz

Tres hombres y una mujer han desplegado sus puestos entre dos coches del barrio de Sunnyside, en Pretoria. Ella vende mangos y ellos, que están almorzando, diversos cacharros y baratijas. Sudáfrica es el destino principal para migrantes del sur de África, tanto económicos –sobre todo de Zimbabue, Mozambique y Malawi– como solicitantes de asilo, cuya mayoría llega desde Somalia, República Democrática del Congo, Burundi, Eritrea y Etiopía. Entre el choque de normas que confunde al personal médico, y los prejuicios de una parte de la población, la atención sanitaria para los migrantes y solicitantes de asilo difiere según la persona o el centro de salud con el que el paciente entre en contacto. Y mientras, Sudáfrica lucha con una escasez de recursos que complica brindar atención sanitaria suficiente a cualquier persona, sea nacional o extranjera. Con la irrupción de la covid-19, el problema se ha agudizado.Alfredo Cáliz

Varios miembros del Consejo Nacional de Congoleños por el Desarrollo pasean por una calle de Sunnyside, uno de los barrios con mayor presencia de migrantes de Pretoria. Durante una charla con ellos, todos denuncian diversos episodios de racismo y xenofobia, y recuerdan los más graves, que han llegado a causar heridos y muertos: por ejemplo, en 2008, cuando un ataque en Johannesburgo dejó 60 víctimas; en 2015 con nuevos asaltos a negocios de migrantes en varios puntos del país; en 2019 con otros 22 fallecidos.Alfredo Cáliz

En el ámbito sanitario también se reproduce el racismo, pero también hay mucha desinformación. En realidad, se trata de una cuestión compleja porque las leyes chocan entre sí: la Constitución, la Ley Nacional de Salud y la Ley de Refugiados establecen que todas las personas, independientemente de su estatus, tienen derecho a disfrutar de servicios de atención médica y que a nadie se le puede negar el tratamiento de emergencia. Sin embargo, la Ley de inmigración obliga al personal sanitario a averiguar la situación jurídica de los pacientes e informar a Interior sobre cualquiera que no presente la documentación adecuada. Además, un Proyecto de Ley de 2019 limitó los derechos de los migrantes sin papeles a acceder a la atención médica a pesar de que todos ellos, y en particular las mujeres embarazadas y los niños menores de seis años, tienen derecho a recibirla gratuitamente. Organizaciones como MSF brindan atención sanitaria a quienes no tienen acceso a ella por las vías ordinarias. A la izquierda, la doctora Astrid Samuels, coordinadora del proyecto de asistencia a migrantes de MSF en Pretoria.Alfredo Cáliz

Mowela, solicitante de asilo congoleña de 31 años. Otro de los problemas que denuncian las mujeres migrantes es que no pueden registrar a sus hijos al nacer. Debido a distintas regulaciones que existen, un número creciente de niños no nacionales vive sin ninguna prueba de nacimiento, según afirman desde el Centro Scalabrini, una de tantas organizaciones que velan por los derechos de los migrantes. De las estadísticas del Gobierno se desprende que al menos cien mil menores de edad están sin registrar. “Uno de los requisitos es que ambos padres demuestren que residen legalmente en Sudáfrica, pero esto puede ser complejo y, a veces, imposible, debido a las estrictas normas de inmigración”, indican en la web de la organización.Alfredo Cáliz

La xenofobia en Sudáfrica no es un secreto ni una novedad: en los últimos años se han sucedido episodios de diversa gravedad en un país donde, casi 30 años después del fin del apartheid, aún persisten unos problemas de desigualdad, pobreza y acceso a empleo tan profundos que el pasado verano provocaron los disturbios más graves de las últimas tres décadas, con al menos 337 muertos. En la imagen, algunas de las mujeres congoleñas que recibieron un cheque de 25 euros para gastar en los supermercados de Pretoria.Alfredo Cáliz

En este local del barrio de Sunnyside puede montar una peluquería cualquiera que pague el alquiler de un espacio. La xenofobia se alimenta de bulos que condenan a la comunidad migrante. El más común, que este colectivo sobrecarga los servicios públicos. Sin embargo, solo alrededor de cuatro de los 55 millones de residentes en Sudáfrica son extranjeros. También los no sudafricanos pagan igual que los sudafricanos cuando la atención sanitaria es secundaria o terciaria: una cantidad acorde a sus ingresos que se calcula a la hora de emitir la factura. De hecho, los extranjeros están sujetos a las mismas tarifas hospitalarias o incluso a unas más altas si están indocumentados.Alfredo Cáliz

De izquierda a derecha: Abdul Abdi, de Somalia; Fast Makausi, de Zimbabue; Credo Uwera, de Ruanda, y Gloria Shukrani con Roger Mukuna, ambos de República Democrática del Congo. Todos ellos son consejeros de MSF para migrantes, como ellos, que llegan al país con múltiples necesidades. Su misión es aconsejarles y apoyarles en la complicada burocracia del país, así como prestar apoyo psicológico. Algunos de ellos también están aún pendientes de documentación: es el caso de Gloria, que es solicitante de asilo.Alfredo Cáliz

Un ejemplar del libro verde que utiliza MSF para facilitar que los migrantes indocumentados puedan acceder a la atención médica del sistema público nacional. Es una especie de pasaporte sanitario que contiene toda la información sobre el historial médico. Esta cartilla, reconocida por el Ministerio de Sanidad, se abre a las personas migrantes, aunque carezcan de documentación en regla. “Si presentas el libro verde ya no te piden pasaporte ni ninguna otra identificación. Todos los médicos del sistema público lo conocen”, cuenta la doctora Samuels.Alfredo Cáliz