Fallos de seguridad

La explosión que sacudió la petroquímica de Tarragona a las 18.38 del martes fue tan intensa que hizo temblar los cristales de edificios situados a más de 12 kilómetros. La potencia del estallido lanzó una pieza metálica de casi una tonelada a más de dos kilómetros de distancia, que impactó sobre un edificio de viviendas y causó la muerte de un hombre que se encontraba en su casa. Una gran humareda se extendió alrededor de la planta y las llamas eran visibles desde las poblaciones vecinas. Durante un lapso que a los vecinos se les hizo eterno, nadie conocía el alcance del accidente ni el peligro que corrían. No sonaron las alarmas ni recibieron instrucciones. Conforme pasan las horas crece la evidencia de que los mecanismos de comunicación no funcionaron adecuadamente, lo que obliga a exigir responsabilidades y revisar los protocolos.

La explosión, que ha causado la muerte de tres personas y varios heridos graves, afectó a un reactor de 20 toneladas de óxido de etileno en una planta rodeada de poblaciones que suman 300.000 habitantes. Esta es una de las contingencias más temidas por las poblaciones vecinas del polígono industrial, el mayor complejo petroquímico del sur de Europa, y cada año se realizan simulacros para ver si funcionan los planes de emergencia. Pero en esta ocasión, la empresa no comunicó el accidente y Protección Civil tardó 20 minutos en activar el plan de emergencia. Ante la falta de datos sobre la naturaleza y alcance del siniestro, decidió activar preventivamente la orden de confinamiento en las poblaciones vecinas y los tres barrios de Tarragona más próximos, pero lo hizo a través de las redes sociales. El hecho de que más tarde el informe de los bomberos descartara que se hubiera formado una nube tóxica no debe ocultar que la reacción ante el siniestro no fue todo lo rápida y eficaz que prevén los protocolos de riesgo químico. Afortunadamente, la explosión no provocó una nube tóxica, pero si la hubiera habido, el retraso en adoptar medidas de confinamiento podría haber tenido consecuencias.

Este episodio no contribuye a generar confianza en una población que vive atemorizada por la proximidad de una industria tan peligrosa. Es urgente que se investigue lo ocurrido y por qué fallaron las comunicaciones. Tanto la Generalitat de Cataluña como los organismos implicados en la gestión de emergencias deben revisar los planes de actuación y aplicar medidas correctoras. Entre ellas, la unificación de los planes de seguridad de las propias empresas, como reclaman los sindicatos, y mejorar los sistemas de alerta. Lo ocurrido aconseja acelerar la implantación de sistemas de aviso directo a la población a través de los teléfonos móviles que ya funcionan en otros países y se contemplan en la normativa europea.