Elección decisiva

El Partido Popular (PP) sigue debatiéndose acerca de la posición que deberá adoptar en el caso de que fracasen las negociaciones entabladas por el líder socialista, Pedro Sánchez, para lograr su investidura. Si esta eventualidad llegara a producirse, ninguna otra fórmula para evitar que los ciudadanos sean llamados a unas terceras elecciones sería posible sin cierto grado de compromiso de los populares. Esta circunstancia, por sí sola, es argumento suficiente como para que su dirección no se deje llevar por los excesos mientras el Partido Socialista continúe explorando la vía del acuerdo con Unidas Podemos, cuyo principal obstáculo se encuentra en el precio que ERC quiera poner a su abstención o, alternativamente, en la disposición de Ciudadanos para asumir un papel al que habrían sido convocados como segunda opción.

Incluso en el supuesto de que los negociadores del Partido Socialista consiguieran la abstención de ERC a través de una salida inequívocamente enmarcada en la Constitución, el papel del PP seguiría siendo determinante para afrontar los problemas del país. La parálisis que domina la política española desde hace cuatro años, alternando unos periodos inconcebiblemente largos de Gobiernos en funciones con otros de Ejecutivos sin capacidad de gobernar, sólo podrá ser superada si el PP colabora en la gobernabilidad desde la oposición, con independencia de su postura en una eventual investidura de Sánchez. Porque el imperativo de evitar una nueva legislatura fracasada no responde a la necesidad formal de disponer de un Gobierno, sino a la de recuperar el tiempo perdido, emprendiendo sin más dilación las reformas que, de no llevarse a cabo con urgencia, comprometerán la situación económica en España.

El presidente del PP, Pablo Casado, descartó desde el primer momento la fórmula de la gran coalición, alejando acertadamente el inquietante espectro de una salida que solo favorecería a las alternativas políticas situadas en los extremos. Las recientes intervenciones de la candidata a dirigir Ciudadanos, Inés Arrimadas, han apuntado en la misma dirección. Además, ambas formaciones han mostrado su disposición a lograr acuerdos en asuntos como pensiones o fiscalidad. Y sorprende que en este genérico inventario no hayan incluido una política hacia Cataluña, no tanto dirigida a pactar ofertas a los independentistas como a explicitar los límites con los que estos se encontrarán gobierne quien gobierne. Un acuerdo así era deseable desde que el nacionalismo catalán abrazó la causa de imponer la independencia unilateral, urgente antes de las elecciones de abril e imprescindible desde la repetición en mayo.

El coste de haber convertido el desafío independentista en un terreno de confrontación electoral, rivalizando en las herramientas legales a aplicar en lugar de acordar los principios políticos a seguir, se ha traducido en un correctivo electoral para todos los partidos que han aceptado involucrarse en la espiral, sea en los resultados o en las expectativas. Con la única excepción de Vox, por un lado, y las formaciones independentistas JxC y la CUP, por otro, cuya estrategia declarada sigue siendo la de cuanto peor, mejor. Esta polarización en los extremos podría acelerarse si sigue manteniéndose la insensata lógica establecida tras las elecciones municipales y autonómicas, por la que los principales partidos aceptaron incorporar a las mayorías de Gobierno fuerzas contrarias a la Constitución. Quizá haya llegado el momento de reconocer que esta estrategia no solo no ha reportado ningún beneficio electoral a quienes la han adoptado, sino que ha fragilizado gratuitamente el sistema democrático.

El próximo 3 de diciembre el PP se enfrenta a una elección decisiva. No la elección de confirmar o no que esa es la lógica que seguirá imperando durante esta legislatura, sino la de permitir o no que en su nombre se sobrepase un nuevo límite, permitiendo que una fuerza como Vox tenga asiento en la Mesa del Congreso.