Retroceso

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha comenzado a cumplir su promesa electoral de revertir las medidas de Madrid Central aprobadas bajo el mandato de Manuela Carmena. Ya lo intentó nada más tomar posesión con una moratoria de las multas previstas, pero la acción de la justicia lo impidió. Desde el primer momento ha tratado la limitación del tráfico en el centro de Madrid como una ocurrencia de la anterior alcaldesa, como si no hubiera evidencia contrastada que avalara la necesidad de hacerlo. Ahora vuelve de nuevo a la carga con idéntico propósito pero bajo el disfraz de nueva estrategia para reducir la contaminación. En realidad, el Plan 360 que acaba de presentar supone un claro retroceso no solo en relación con los objetivos y plazos fijados por el anterior Consistorio, sino también en relación con las exigencias de la Unión Europea.

Las restricciones de circulación para los vehículos más contaminantes son indispensables para poder cumplir las directivas comunitarias sobre calidad del aire. El incumplimiento sistemático de esa normativa es lo que ha motivado que la Comisión Europea haya abierto un expediente sancionador contra España. Reducir la contaminación debe ser un imperativo del buen gobierno de la ciudad. Proteger la salud de los ciudadanos es una prioridad que no admite aplazamientos ni puede regirse por el capricho o el cálculo electoralista de quienes gobiernan.

El plan contra la contaminación anunciado por Martínez-Almeida carece de presupuesto, no concreta plazos de ejecución y tampoco ha sido comunicado a los grupos municipales. El alcalde se escuda en la promesa de que las nuevas ordenanzas municipales establecerán que a partir de 2025 los coches más contaminantes no podrán circular por la ciudad, pero mientras tanto permite que los de categoría C vuelvan a circular por la zona de Madrid Central si llevan dos ocupantes. A ello hay que añadir otras medidas como un aumento del número de plazas de estacionamiento o la reducción del precio de los aparcamientos municipales para ciertos coches, que tendrán como efecto inmediato un aumento del tráfico, y, a más tráfico, más contaminación.

Poca credibilidad puede tener un plan para reducir la contaminación que en lugar de extender el perímetro de bajas emisiones, incentiva y justifica el uso del coche privado para desplazarse al centro de la ciudad. Hay que recordar que Madrid Central abarca apenas 4,7 kilómetros cuadrados, cuando en Bruselas el área de bajas emisiones alcanza 88, en Barcelona será de 95 a partir del 1 de enero y en Londres se extenderá pronto a más de 300.

Madrid necesita un abordaje más ambicioso y mucho más riguroso de esta cuestión. Los argumentos utilizados en la presentación del plan revelan algunas de las falacias en las que se basa el retroceso ambiental que se propone el actual Consistorio, entre ellas la de que el centro de la ciudad queda mal comunicado si se restringe el uso del vehículo privado. Retrógrado y preocupante es también el argumento de que las bicicletas entorpecen el tráfico, esgrimido para justificar la supresión de algunos tramos de carril bici. Estos planteamientos no solo van contra las directrices de la UE y de la OMS, sino contra el más elemental sentido de la prudencia en el ejercicio del gobierno. Es inaceptable que se sacrifiquen avances medioambientales con el único objetivo de contentar a los electores del PP a costa de la salud de todos los madrileños.