Herencia popular

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha señalado ante la dirección de su grupo la necesidad de centrar y moderar el discurso con el que comparecerá a las elecciones del próximo 10 de noviembre. El anuncio de Casado parece resolver las tensiones internas en favor de los barones que, como el presidente gallego, Núñez Feijóo, viene abogando por abandonar la estrategia de la crispación a la que pareció adherirse inicialmente el sucesor de Mariano Rajoy, compitiendo en dureza con Ciudadanos y una emergente ultraderecha. Los primeros signos que anunciaban un viraje se manifestaron entre las elecciones generales celebradas en abril, en las que Casado obtuvo un resultado a mucha distancia de las expectativas, y las municipales y autonómicas, donde el Partido Popular evitó un nuevo descalabro.

De perseverar en esta nueva posición, y ratificarla inequívocamente con los hechos, el Partido Popular tiene en su mano poner fin a la incontrolable carrera hacia los extremos en la que se precipitaron las fuerzas políticas en el ámbito de la derecha. Poco importa, a este respecto, que los motivos de fondo detrás de la decisión de Casado tengan que ver con el escaso rendimiento electoral obtenido por la estrategia de la crispación y no con una sobrevenida vocación centrista: separando nítidamente su discurso del que mantiene Vox y del que adoptó sorpresivamente Ciudadanos por una decisión personal de su líder, Albert Rivera, el Partido Popular se colocaría en mejores condiciones de conseguir su objetivo de reocupar la totalidad del espacio conservador.

Los problemas para Casado radican, sin embargo, en que este declarado viaje hacia la moderación requiere gestionar una herencia que no deriva solo de las acciones de otros dirigentes populares, hoy sometidas a investigación judicial, sino también, y sobre todo, propias. La llegada de Casado a la presidencia del Partido Popular a través del voto de sus militantes le permitía trazar una rigurosa frontera con la corrupción y la manera en la que la trató su antecesor; lamentablemente, no lo hizo, sino que optó por mantener la huida hacia delante y por recuperar cuadros procedentes de los sectores del partido implicados en los hechos que juzgan los tribunales. Es el caso de la Comunidad de Madrid, donde no sólo la oposición, sino también Ciudadanos, miembro de la coalición de Gobierno, ha apoyado la creación de una comisión parlamentaria para investigar informaciones que alcanzan, incluso, a familiares directos de la presidenta regional.

Pero la principal rémora para el cambio de estrategia que pretende Casado son los pactos que mantiene con la ultraderecha en municipios y autonomías. El Partido Popular ha tenido la rara habilidad de hacer que sea un desnortado Ciudadanos quien pague el coste político, y seguramente electoral, de estos acuerdos, limitándose por su parte a recoger los beneficios. Los acuerdos, sin embargo, están ahí, comprometiendo la acción de Gobierno, como quedó de manifiesto en el Ayuntamiento de Madrid al producirse un enfrentamiento público entre el alcalde popular, José Luis Martínez-Almeida, y electos de Vox, a cuenta de un acto en protesta por un caso de asesinato de una mujer a manos de su pareja.

No sólo la sombra del pasado remoto, sino también la del más reciente, se proyecta sobre el discurso de Casado.