Más poderes para el Parlamento

Terminamos un intenso ciclo electoral. Aunque los resultados del 28 de abril apuntan una formación de gobierno más sencilla que en 2016, hay un elemento que no debería pasarse por alto: la gran fragmentación del Congreso. El bipartidismo clásico volvió a caer hasta el 46%, su nivel histórico más bajo, y desde 1977 no habíamos tenido tanta heterogeneidad en la cámara. La situación política sigue siendo fluida tanto a izquierda como a derecha y parece evidente que el multipartidismo, en esta u otra forma, ha venido para quedarse.

Sin embargo, las reformas para que nuestras instituciones se acomoden a este nuevo sistema político aún no se han abordado. A mi juicio, de las muchas pendientes, hay una fundamental: reforzar los poderes del Parlamento. En los sistemas políticos continentales, donde la fragmentación política es la regla, los legislativos tienen una gran capacidad de influencia en políticas públicas. Las comisiones son muy técnicas y con mucha autonomía, el Ejecutivo tiene poca capacidad de veto en sus iniciativas y los diputados son bastante autónomos en sus funciones.

Este dista de ser nuestro caso y una vía práctica para avanzar en este sentido es conseguir un Congreso mejor asesorado. La Oficina Presupuestaria del Congreso o la reciente Oficina Científica podrían ser embriones, pero necesitan muchos más medios y desarrollo. Lo imperativo sería crear una oficina integral e independiente al servicio de la cámara con economistas, sociólogos, ingenieros, científicos o juristas que dieran una buena asesoría a los grupos parlamentarios. Algo que, por cierto, debería extenderse a nuestras asambleas autonómicas.

Esto redundaría en al menos tres mejoras. Primero, ayudaría a que hubiera un mejor control y contrapoder desde el legislativo, permitiendo a los grupos parlamentarios condicionar de manera más eficiente la política gubernamental. Segundo, un Congreso fuerte, que no operara como mera correa de trasmisión del ejecutivo, permitiría gestionar los propios desacuerdos dentro de un gobierno de coalición al habilitar una “segunda arena” para negociar políticas públicas. Y finalmente, cosa no menor, una mejor asesoría técnica también ayudaría a mejorar la propia calidad legislativa de nuestras cámaras.

Esta lógica de fortalecer el Parlamento incomoda a cualquier gobierno. Después de todo, el Ejecutivo está acostumbrado a ser quien legisla y tiene la iniciativa, quien juega con los grises técnicos y legales frente a un Congreso que va mucho más a ciegas. Sin embargo, se hace urgente reequilibrar el terreno de juego. Haciendo una analogía, el nuevo sistema multipartidista es un software nuevo instalado en un hardware obsoleto. De ahí que dar poderes al Parlamento, reformar su reglamento, tasar el uso del decreto ley o modificar el sistema de investidura deban ser medidas a abordar. Si queremos gobernarnos mejor es hora de ajustar las instituciones a nuestro nuevo sistema de partidos.